'Rule of Law' en el Debate sobre el Estado de la UE

'Rule of Law' en el Debate sobre el Estado de la UE

La insistencia infatigable del PE ha emplazado los asuntos relativos al Estado de Derecho, la Democracia y los Derechos en la Agenda de la UE.

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El orden del día del Pleno del Parlamento Europeo (PE) de septiembre en Estrasburgo destaca por un intenso Debate on the State of the Union con la Presidenta Von der Leyen (VDL). Pero incluye otros puntos de interés, concretados en esta ocasión en un denso intercambio de preocupaciones suscitadas por la crisis afgana con el High Rep Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, tras el abrupto regreso de los talibanes a un poder tan absoluto despótico como brutalmente discriminatorio contra las mujeres afganas e implacablemente represivo contra tod@s cuant@s hayan expresado compromiso o activismo con los valores que la UE tiene el deber de defender. Y en una enésima disputa sobre Rule of Law en Polonia, presente también el Debate sobre el Estado de la UE, vistos los insoportables niveles de contumacia en que se halla enrocada la ultraderecha en el Gobierno polaco del PiS (Ley&Justicia).

Debe saberse al respecto que ha sido la insistencia infatigable del PE la que ha emplazado los asuntos relativos al Estado de Derecho, la Democracia y los Derechos en la Agenda de la UE. Una y otra vez, ha urgido a la Comisión europea a actuar contra el contumaz incumplimiento del Derecho europeo y de las sentencias del TJUE por el Gobierno de Polonia. La singularidad de Polonia descuella en un panorama en el que, como nunca antes, los valores fundantes de la integración europea que aparecen consagrados en el art.2 TUE (incluyendo el respeto al pluralismo y la protección de las minorías) han venido a adquirir un perfil determinante para “el estado de la UE”.

Polonia es el único país UE en que el ministro de Justicia es, él mismo y simultáneamente, Fiscal General que ejerce acciones penales (contra sus oponentes políticos o mediáticos) y representa al Estado ante los tribunales. Tras la acumulación de sentencias desfavorables del TEDH de Estrasburgo (Tribunal del Consejo de Europa que garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEDH) y del TJUE de Luxemburgo (Tribunal de la UE que garantiza la primacía del Derecho de la UE sobre el Derecho nacional), determinado que la Cámara Disciplinaria polaca (que impone sanciones a los jueces que acaten el Derecho europeo) es ilegal y contraria el TUE y a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE), el FG ha solicitado formalmente al TC que declare que no es un “Tribunal” y que por lo tanto no está sujeto a la primacía del Derecho europeo como tampoco se encuentra vinculado por las garantías del derecho a “un juez imparcial” y a un “juicio equitativo” establecidas en la CDFUE en la CEDH.  

En respuesta a los mandatos reiterados desde el PE, visto el arsenal de medidas de disuasión y respuesta disponibles, la Comisión Europea ha decidido -¡finalmente!- incoar ante el TJUE un nuevo proceso judicial (llamado de “doble incumplimiento” por no haber ejecutado sentencias judiciales previas) para la imposición de multas graves a Polonia que pueden ascender al millón de de euros diarios de penalización. Además, la Comisión ha advertido a Polonia con la congelación de su acceso a los Fondos UE conforme a los Reglamentos de “Condicionalidad del Estado de Derecho” (Rule of Law Conditionality), vigente desde el 1 de enero de 2021, y del Fondo de Recuperación y Resiliencia (Recovery Fund), en vigor desde 12 de enero de 2021. Para completar el cuadro de la retorsión europea, Comisión ha suspendido también su acceso a los Fondos ReactUE (nueva versión reforzada de Fondos Estructurales y de Cohesión europeos) a los municipios polacos autodenominados “libres de la ideología LGTBI (LGTBI Freezones)”.

Todas estas medidas singularizan como nunca a Polonia en su amenazante y sistémica violación del art.2 TUE, por la que se encuentra incursa en el procedimiento de sanción extraordinaria previsto en el art.7 TUE, todavía hoy pendiente de decisión por el Consejo (órgano que reúne a los Gobiernos de los 27 EEMM). Para colmo, Eslovenia, en el arranque de su ejercicio este semestre en la Presidencia rotatoria de la UE, no ha garantizado siquiera la obligatoria representación del Consejo en los debates del art.7 TUE sostenidos en el seno de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE que tengo el honor de presidir,

Vista la gravedad del desafío polaco, muchos invocan la hipótesis de una reforma del TUE para contemplar la exclusión y/o expulsión de un Estado miembro groseramente incumplidor. El escenario de un Polexit se manifiesta, así, cada vez recurrente en los debates a propósito del “estado de la UE” y de la Conferencia sobre el Futuro de la UE. Reitero: ello desprotegería a esa porción mayoritaria de ciudadanía polaca que -en cada eurobarómetro, también el último que acaba de publicarse- se manifiesta orgullosa de su ciudadanía europea.

Estamos ante un caso único: un Gobierno de la UE en abierta desobediencia a las sentencias del TJUE, autosituado en la última frontera del desacato, desde su ofensivo desprecio al respeto del Derecho que es la regla de oro de la pertenencia al club. Pero hasta aquí hemos llegado: la ultraderecha polaca (encarnada en su ministro de Justicia) no puede salirse con la suya ni marear más perdices sin asumir las consecuencias de la primacía del Derecho de la UE y el obligado acatamiento a las sentencias del TJUE (art.19TUE). 

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Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con premio extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, becario de la Fundación Príncipe de Asturias en EE.UU, Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University, Boston, Massasachussetts), y Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con premio extraordinario. Desde 1993 ocupa la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es, además, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999 y autor de una docena de libros. En 2000 fue elegido diputado por la provincia de Las Palmas y reelegido en 2004 y 2008 como cabeza de lista a la cámara baja de España. Desde 2004 a febrero 2007 fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2007 fue elegido Secretario general del PSC-PSOE, cargo que mantuvo hasta 2010. En el año 2009 encabezó la lista del PSOE para las elecciones europeas. Desde entonces hasta 2014 presidió la Delegación Socialista Española y ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. En 2010 fue nombrado vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE).