RTVE o cómo recuperar el tiempo perdido

Hace seis años un dirigente democristiano de Baviera llamó a la redacción de la cadena pública alemana ZDF para exigir que se cancelara la cobertura de un congreso del SPD, su partido rival. El redactor jefe que atendió la llamada no dudó un segundo en hacer públicas las presiones, y el político en cuestión tuvo que dimitir. El escándalo fue mayúsculo. Si en España los periodistas de las cadenas públicas estatales o autonómicas hubieran hecho lo ídem, hace años que se hablaría de una verdadera regeneración política y no de un retórico compromiso.

Este país no ha conocido Gobierno sin tentación de influir en la escaleta de los informativos, vetar el nombre de colaboradores, imponer la participación de tertulianos o sugerir algún nombramiento en RTVE. Ni el de Zapatero, único presidente convencido de que la televisión pública debía ser independiente, renunció a meter cuchara en contenidos y presencias. No lo hizo él, pero lo intentaron los suyos. La diferencia entre la televisión pública de hoy y la de entonces, además de la aprobación de una ley que permitió las mayores cotas de independencia y pluralismo, es que hubo un responsable de informativos, Fran Llorente, que aguantó carros y carretas sin ceder un milímetro a las presiones. Jamás se postró ante quienes tenían el poder o aspiraban a tenerlo.

Ni Julio Somoano ni José Antonio Álvarez Gundín, sucesores poco dignos de Llorente, pueden decir lo mismo. Ahí están las denuncias de los trabajadores en la campaña AsíSeManipula, los informes del Consejo de Informativos -50 casos de manipulación y censura tan sólo en el último trimestre de 2017- o la desvergüenza de asesores, jefes de gabinete y ministros jactándose de la existencia de una lista negra de periodistas que no podían aparecer en la cadena pública.

No hace ni dos semanas que Pedro Sánchez, ya como presidente, fue entrevistado por TVE. Al día siguiente de la emisión, la directora de comunicación de un dirigente del PP se permitió abroncar, ante la atónita mirada de algunos testigos, al periodista Sergio Martín por haber sido demasiado condescendiente durante la entrevista con el jefe de Gobierno. Precisamente Martín ha destacado como presentador primero de Los Desayunos y antes, del programa La noche en 24H, por su complacencia con los cargos del PP y su tono agrio con los políticos de cualquier otro signo. Pero a los populares todo les parece poco.

Escuchar estos días a Soraya Sáenz de Santamaría o a Dolores de Cospedal acusar al Gobierno socialista de querer hacer de TVE una "cadena del régimen" y despreciar la valía de sus trabajadores produce tanto sonrojo como vergüenza ajena. Si alguien ha habido en el Gobierno de Rajoy que ha manejado la tele púbica como su propia casa ha sido la ex vicepresidenta del Gobierno, cuyo equipo lo mismo ordenaba la eliminación de unos totales, que la cobertura de un acontecimiento, que la contratación de periodistas amigos, que la censura de informaciones que tuvieran que ver con ella.

Pese a todo quizá la responsabilidad de que la televisión pública española no goce del prestigio ni la credibilidad de algunas de sus homólogas europeas es tanto de los políticos como de los profesionales que les hicieron el juego o nunca denunciaron comportamientos similares e incluso más graves que los que hizo públicos aquel redactor jefe de la ZDF en 2012.

El periodismo en general, y la televisión pública en particular, tienen el prestigio bajo mínimos porque durante años ha callado, silenciado e incluso transigido y colaborado de los más espurias actitudes políticas en detrimento de un derecho, el de información, que nos les pertenece, sino que les fue delegado por los ciudadanos a través del artículo 20 de la Constitución.

Que 40 años de democracia no hayan servido para avanzar sobre ello dice muy poco de un país democrático, del periodismo y de todos aquellos Gobiernos que prometieron hacer de TVE la BBC, y lo más que hicieron fue convertirla en un tentáculo más del Consejo de Ministros.

Ahora bien, que el PSOE haya hecho de la negociación con Podemos sobre la presidencia de RTVE su primer error gubernamental no hará que los españoles olviden la nefasta gestión de una televisión que dejó de ser pública hace siete años para convertirse en una televisión de partido al servicio de los intereses del PP y de su Gobierno.

Por eso Pedro Sánchez se juega mucho con la negociación parlamentaria abierta para elegir no sólo al presidente de la Corporación, sino también con los nombramientos que se deriven de él. No importan tanto los nombres como que a quienes les propongan no se les ocurra presionar a un periodista o que los profesionales elegidos denuncien la primera llamada que se produzca.

Ya que en España, a diferencia de Alemania o Reino Unido, cambian las cúpulas de las televisiones cuando cambian los Gobiernos, al menos los profesionales deberían tomarse al pie de la letra la independencia, sea cual sea la conexión con el partido que les eleve al cargo.

De momento, el revuelo suscitado como consecuencia de la decisión de Pedro Sánchez de negociar bilateralmente con Podemos la presidencia de RTVE ha servido para que los de Iglesias admitan su bisoñéz en su recién estrenado papel de socio preferente del Gobierno. Y también para que La Moncloa escuche, aunque tarde, la voz de los profesionales de una televisión que lleva demasiado tiempo sometida al control, la manipulación y la censura impuesta por presidentes y directores más comprometidos con una determinada ideología que con la información, la pluralidad y el servio público.

Si la BBC es el paradigma de la televisión pública pero los políticos no están dispuestos con RTVE más que a reproducir los equilibrios del Parlamento, al menos que quienes vote hoy el Congreso de los Diputados para sentarse en el Consejo de Administración y los nombramientos que haga éste hagan lo que corresponda para que cuando alguien les presione, quede marcado de por vida... Y, si es posible, que dimita de inmediato, sea del PSOE, de Podemos, del PP o Ciudadanos.

Quienes nos representan ya han demostrado durante décadas que no son capaces de respetar el trabajo de los periodistas. Igual ha llegado el momento de que sean estos los que lo hagan posible con la denuncia púbica. Cuando se trata de derechos fundamentales, y los de información y opinión lo son, mejor no pensar en el tiempo perdido sino en el que aún podemos conquistar para quienes vengan detrás.