Más presión judicial contra el emérito: IU amplía su querella criminal

Izquierda Unida sigue moviéndose para sentar en el banquillo de los acusados al rey Juan Carlos I. Por ello, ha decidido ampliar la querella criminal contra el emérito ante el Tribunal Supremo con intención de que se reabra la causa después de las últimas informaciones conocidas sobre el monarca, como la regularización fiscal de más de 6000.000 euros ante Hacienda.

IU, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda han registrado un escrito por vía telemática, al que ha tenido acceso El HuffPost, en el Supremo para ampliar esa querella ante “los nuevos hechos que se han ido conociendo en los últimos meses” y que no figuraban en la primera denuncia presentada.

En ese escrito, la acusación popular ejercida por IU detecta que el emérito ha podido cometer hasta 13 tipos de delitos. Entre ellos, contra la Hacienda Pública, de cohecho, de actividad prohibida de funcionarios públicos, de administración desleal (en relación con el de malversación), de fraude y exacciones legales y de tráficos de influencias. 

Asimismo, pide al Alto Tribunal que investigue si Juan Carlos y sus allegados han cometido los delitos de constitución del grupo criminal, de blanqueo de capitales, de encubrimiento, de amenazas de muerte condicionales, de descubrimiento y revelación de secretos, de omisión del deber de perseguir delitos y de corrupción de autoridades.

Esta ampliación de querella, según consta en el documento, se dirige a Juan Carlos I, “con domicilio actual en Emiratos Árabes”. Se presenta, por tanto, al Tribunal Supremo, ya que el emérito está aforado (no puede ser juzgado por un tribunal ordinario) por ley tras su abdicación en 2014.

Pero también se querellan contra Álvaro de Orleans de Borbón (supuesto gestor de la fortuna en Suiza del rey emérito), Dante Canónica (abogado y socio del gestor del monarca), Nicolás Murga Mendoza (oficial del Ejército del aire) y Allen Sanginés-Krause (empresario mexicano que pagaba las tarjetas black de Juan Carlos I y su familia).

A pesar de que el Supremo no ha reabierto esta causa, en el escrito la acusación señala que “resulta pertinente y necesario el impulso investigador” que piden “las tres entidades adheridas a esta ampliación de querella en el presente procedimiento, mediante la figura de la acusación popular, como garante de la defensa de la legalidad, la transparencia, el impulso del procedimiento y la investigación”.

Actualmente esta causa está cerrada en el Supremo, pero la Fiscalía General del Estado tiene abiertas tres investigaciones sobre Juan Carlos I: una sobre las tarjetas black, otra sobre sociedades en Jersey y otra sobre las supuestas comisiones pagadas por Arabia Saudí por la construcción del AVE a La Meca. Pero IU y el PCE defienden en el escrito que “debe recordarse que la acción penal en España es pública, y que no sólo el Ministerio Fiscal tiene el monopolio de la acción penal”.

“La aparición sistemática de casos de corrupción en España, ahora vinculados al entramado ideado por el ex jefe del Estado, hace necesario redoblar esfuerzos en la persecución de tipos delictivos altamente reprochables, de alto impacto y generadores de una importantísima alarma social, que en todos los casos pone en peligro los bienes sociales públicos”, recoge la querella criminal.

A lo que añade: “Es por tanto, de obligado cumplimiento, por parte de los actores públicos, y particularmente de los partidos políticos, en el ejercicio de la función que les encomienda el artículo 6 de la Constitución, de concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular, el garantizar la defensa de la legalidad y encauzar la armonía social”.

Además, la acusación estima “muy pertinente” este escrito “con el objetivo de impulsar que sea un magistrado instructor del Tribunal Supremo, y no la Fiscalía, quien encauce los trabajos de investigación que necesita del trabajo y la coordinación del instructor y las acusaciones, con transparencia democrática, en un momento en el que además está en cuestión el papel de la Fiscalía, cuya lentitud en avanzar en las investigaciones abiertas genera una indudable desconfianza en buena parte de la sociedad respecto a un actuar timorato que, a ojos de muchos ciudadanos, digámoslo claramente, obedece al escalofrío que produce encausar al ex jefe del Estado e investigar a fondo la corrupción organizada que hay, presuntamente, detrás de su figura”.

Para IU, se trata de un “caso en el que se concatenan conductas encubiertas desde hace años,  en el que importantes sectores de la política, la empresa, los medios de comunicación, se han conjurado para mirar hacia otro lado mientras se llevaban a cabo prácticas incompatibles con el Estado de Derecho y las funciones constitucionales que tenía asignadas el ex jefe del Estado”.

Este movimiento judicial de IU se produce en mitad de la polémica por la regularización fiscal de Juan Carlos I. Hay que tener en cuenta además que Izquierda Unida forma parte actualmente del Gobierno de coalición, con su líder, Alberto Garzón, ostentando el cargo de ministro de Consumo. Los socios del Ejecutivo mantienen diferentes posiciones al respecto, como se ha podido observar en el Congreso donde el PSOE ha frenado el intento de Unidas Podemos de abrir una comisión de investigación sobre el emérito.

Esta causa especial 21092/2018 se abrió a raíz de la querella de IU y el PCE registrada en 2018, pero fue archivada por el Supremo durante el verano del año pasado. No obstante, los querellantes siguen luchando para intentar reabrirla a raíz de las nuevas informaciones. El Alto Tribunal ha decidido reactivar las diligencias para ver si hay que abrirla otra vez, por lo que pidió a estos partidos una fianza de 12.000 euros para ejercer “como acusación popular”, cantidad que ha sido depositada ya.

Para los querellantes, ya no es válido el argumento empleado por el Supremo hace un año de que “los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación y fueron archivados por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional”.