Todas las claves sobre por qué se investiga al rey Juan Carlos

La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el papel del rey Juan Carlos en la adjudicación a un consorcio de empresas españolas del contrato de las obras de la línea de alta velocidad que conecta las ciudades de La Meca y Medina, en Arabia Saudí. El Ministerio Público aprecia indicios de delito fiscal y blanqueo cometidos por el monarca tras aceptar supuestamente una comisión de casi 100 millones de euros por su intermediación en el negocio.

El Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, informó a la Fiscal General del Estado, la exministra socialista de Justicia Dolores Delgado, de que la investigación de la causa llamada ‘AVE del desierto’ afectaba al exmonarca y que, por tanto, remitía la investigación al Supremo, el órgano competente debido al aforamiento de Juan Carlos I, quien ya no es inimputable por no ser el jefe del Estado. El fiscal Juan Ignacio Campos es el hombre que puede poner contra las cuerdas al anterior jefe del Estado.

La investigación pretende “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución española reconoce al jefe del Estado”. Y para ello, alega el Ministerio Público, resulta preciso “la práctica de nuevas diligencias” que afectan directamente al monarca.

La clave de qué le puede pasar a Juan Carlos I ahora está en si el fiscal considera probado que el monarca delinquió con posterioridad al día en que se hizo efectiva su abdicación, el 19 de junio de 2014. Si eso ocurre, el incierto viacrucis judicial del rey emérito, de 82 años, no habría hecho más que empezar.

¿Por qué se investiga a Juan Carlos I?

El rey Juan Carlos está involucrado, supuestamente, en una trama de comisiones ilegales en la que él es uno de los beneficiarios. La investigación del caso se refiere a la segunda fase de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí.

A principios de marzo el periódico Tribune de Genève informó de que Juan Carlos I disponía en una cuenta en Suiza de 100 millones de dólares en forma de comisión ilegal procedentes, supuestamente, del país árabe. Según el diario ginebrino, entre 2008 y 2012, el rey emérito depositó el montante de las comisiones en el Banco Mirabaud mediante una empresa offshore, la Fundación Lucum, de la que el monarca era beneficario.

La Fiscalía del país helvético tiene acreditado que el pagador fue Abdulá —entonces rey del país árabe y hermano del actual rey, Salmán bin Abdulaziz—, quien le dio el dinero en 2008 como “regalo” por la construcción por parte de un consorcio de 12 empresas españolas de la línea de alta velocidad entre Medina y La Meca.

¿Cómo han trascendido las supuestas comisiones del rey?

El cobro de supuestas comisiones en esta obra trascendió en una grabación a la examiga del rey Juan Carlos, la aristócrata alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en la que hablaba sin tapujos del dinero que, supuestamente, ha recibido el monarca en forma de comisión ilegal.

El audio, que grabó el excomisario y exmiembro de la denominada ‘policía patriótica’, José Manuel Villarejo, está incluido en una pieza separada de la investigación de la Operación Tándem. Villarejo se reunió en Londres hace cinco años con Corinna zu Sayn-Wittgenstein y grabó la conversación en la que, además de las comisiones por el AVE, la aristócrata menciona un terreno en Marruecos a su nombre, que también atribuye al rey emérito, así como cuentas en Suiza manejadas por supuestos testaferros a cargo del rey.

Uno de los supuestos testaferros, Arturo Fasana, dice que el dinero fue una donación de Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd. El montante fue transferido en 2012 a una cuenta de la examante del rey, Corinna Larsen, en Bahamas, que aseguró que se trataron de un “acto de amor”.

El fiscal suizo Yves Bertossa investiga, además, una transferencia de 3,5 millones de euros desde la cuenta suiza de Juan Carlos I, a nombre de la fundación panameña Lucum en la banca privada Mirabaud, a una cuenta en el paraíso fiscal de Bahamas.

¿Por qué ha tardado tanto en llegar la investigación al Supremo?

La aparición del audio de Villarejo dio pie a la apertura de una de las primeras piezas del caso que rodea al exomicomisario, conocida como Carol. No obstante, la Audiencia Nacional la cerró en 2018 a petición de la propia Fiscalía porque consideraba que los datos que aportaba la examiga del rey se referían a hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I, cuando el rey era inviolable.

El instructor de la causa en la Audiencia Nacional, el juez Diego de Egea, envió a la Fiscalía, no obstante, la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del tren y, meses después, Anticorrupción abrió una investigación que llevó al fiscal Luis Pastor a interrogar a Corinna zu Sayn-Wittgenstein en Londres, donde reside.

Cuando el juez archivó el caso en España, la Fiscalía de Suiza abrió hace dos años una investigación sobre una donación que recibió la examiga del rey desde una cuenta suiza vinculada a una fundación panameña. Corinna zu Sayn-Wittgenstein atribuyó esa donación a Juan Carlos I y, el pasado mes de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitó a la Fiscalía helvética datos sobre el caso.

Según El País, la investigación archivada en España no se ha reabierto en sede judicial, pero el paso que ha dado la Fiscalía este lunes es determinante, puesto que el Ministerio Público cree necesario practicar “nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito”.

¿Qué le puede pasar al rey?

La clave para saber qué efectos puede provocar en el rey la investigación está en saber si la Fiscalía encuentra delitos posteriores a la abdicación del anterior jefe del Estado, porque no se le puede imputar por los hechos cometidos mientras era el máximo representante del Estado español.

Si la Fiscalía, una vez determinados los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal y considerdos probados, presenta cargos contra el rey Juan Carlos, un tribunal le juzgará. La pena por blanqueo de capitales contempla desde seis meses a seis años de prisión y multa. Y el de fraude fiscal desde un año a seis de cárcel, en función de la gravedad.

La investigación sobre el rey está sin judicializar y su condición de aforado impide a la Fiscalía solicitar registros a las fuerzas de seguridad o incluso intervenir un teléfono móvil. Eso debe hacerlo un juez. Campos tampoco puede adoptar medidas cautelares, como determinar un lugar de residencia para el monarca o impedirle salir del país.

La posibilidad de que Juan Carlos I acuda a declarar ante el fiscal suscita dudas, según fuentes jurídicas, aunque la ley lo permite. La base está en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dice que “el fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas”.

Por eso, Juan Carlos I puede terminar sentado ante el fiscal para que le informen de la existencia de una investigación que le afecta y de que puede personarse a iniciativa propia y declarar cuanto considere oportuno. Pero es algo poco probable, puesto que el rey Juan Carlos designó al abogado Javier Sánchez-Junco Mans para que le represente y asista. Él es quien debe informar públicamente de todo aquello que afecte al rey y, previsiblemente, quien hable en su nombre.

Para ir más allá es necesario judicializar el caso. El fiscal Campos tendría que articular una querella si encuentra hechos delictivos y elevarla a la Sala de lo Penal del Supremo, que preside el juez Manuel Marchena. En ese momento se abriría una instrucción que permitiría, siempre con la autorización del juez que se hiciera cargo del caso, más pesquisas, incluido sentar al rey emérito ante un magistrado. Actualmente ningún juez español investiga al rey.

En caso de que el Ministerio Público elaborara esa querella, el Supremo nombraría un juez instructor que se encargaría de investigar el caso o de archivarlo por falta de pruebas. Si el magistrado lo considera oportuno, podrá pedir todo tipo de pruebas y escuchar en declaración al rey. En ese momento el exjefe del Estado pasaría a ser formalmente un investigado (antigua denominación de imputado).

Una vez terminara esa fase hipotética de instrucción, el magistrado tendría que decidir entre dar carpetazo al asunto o procesar al monarca y sentarle en el banquillo de los acusados para ser juzgado.

¿Quién va a defender a Juan Carlos I?

La casa real informó el pasado 15 de marzo de que el rey emérito elegió para “ejercer su derecho a la defensa” al abogado Javier Sánchez-Junco, un antiguo fiscal anticorrupción conocido por encabezar la causa contra Mario Conde en el caso Banesto en la década de los noventa. El letrado es, desde entonces, quien procede “a dar cuenta públicamente de las informaciones” que afecten a Juan Carlos I y “se consideren procedentes”.

¿Cómo ha afectado a la casa real?

La casa real aprovechó el ruido mediático del estado de alarma para anunciar la noche del 15 de marzo, un día después de que entrara en vigor por la crisis del coronavirus, que Juan Carlos I se quedaba sin asignación y que su hijo, el rey Felipe, renunciaba a su herencia.

Al tomar esa decisión, el Felipe VI reconoció, de alguna manera, el origen cuestionable de la fortuna de su padre y sobre el que algunos partidos reclaman una investigación en el Congreso que la Cámara ha rechazado en dos ocasiones.