Claves: qué está pasando con las residencias de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha negado sistemáticamente que el Gobierno regional haya emitido instrucción alguna desaconsejando hospitalizar a los ancianos de las residencias afectados por covid-19. Pero este jueves, el mismo consejero de Sanidad que desmentía ese documento, Enrique Ruiz Escudero, reconoció su existencia en la Asamblea.

El consejero lo atribuyó ante los diputados autonómicos a un “error” que, según él, se subsanó. Ruiz Escudero ha admitido que ha habido seis versiones del protocolo de actuación en residencias y que el que ha trascendido es un borrador que se envió por equivocación “a principios de marzo a los centros sociosanitarios”.

La gestión de las residencias durante la crisis sanitaria en Madrid ha sido una fuente constante de roces entre Ciudadanos y PP, los dos socios del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso. El consejero de políticas sociales, Alberto Reyero, de Cs, pidió el 22 de marzo vía mail ayuda a su colega de Sanidad, del PP. Se sentía impotente ante la dificultad de contener el virus entre los centros de ancianos. Pero no obtuvo respuesta.

En el mensaje, al que ha accedido El País, Reyero le dijo a Escudero que si no le ayudaba podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna” y también le advirtió de que si se les negaba el auxilio, el Ejecutivo incurriría “en una discriminación de graves consecuencias legales”.

¿Cuántas personas han muerto en las residencias de Madrid?

Hasta este miércoles 3 de junio, según los datos ofrecidos por la propia Comunidad, un total de 6.007 ancianos han muerto en las residencias de la región. La cifra supone casi el 70% del total muertes por coronavirus en Madrid. En toda España la cifra se eleva hasta las 19.404.

¿Se desaconsejó la hospitalización de los ancianos?

Según recoge El País, el consejero Alberto Reyero conoció un protocolo de la consejería de Sanidad en el que pautaba a los 22 hospitales que decidieran qué ancianos procedentes de las residencias admitir para evitar así un colapso de la red hospitalaria ante la avalancha de afectados por el virus. Por eso intentó contactar con su colega Escudero; para que este medicalizara las residencias.

Hace dos semanas El Confidencial adelantó el caso de una mujer menor de 80 años que fue rechazada el pasado 25 de marzo en las urgencias del Hospital Infanta Cristina de Parla, al que acudió con una neumonía bilateral. La anciana, que según el juicio clínico era un caso “probable” de covid-19, murió tres días después en la residencia.

“Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital”. Ese fue el aviso que se escribió en el parte de alta de la mujer. El consejero de Sanidad, no obstante, se apresuró a decir en la Asamblea que no iba a admitir que se instrumentalizara el caso de Parla “para elevarlo al nivel de categoría”, porque “además de faltar a la verdad, entraña otro tipo de responsabilidades”.

Los protocolos definitivos de actuación en las residencias se enviaron el 25 de marzo a los centros socio-sanitarios y contaban con el consenso de los coordinadores de Geriatría de los hospitales de la red pública de Madrid, según Ruiz Escudero. Y en ellos, dice, se especifica que se valorará individualmente cada caso con criterio clínico.

¿Qué consecuencias está teniendo en el seno del Gobierno madrileño?

Las responsabilidades políticas por el drama de las residencias enfrentan a naranjas y populares desde que Díaz Ayuso retirara la competencia de la gestión de los centros socio-sanitarios a Reyero el pasado 27 de marzo, alegando que estaba “descontenta” con cómo había abordado la crisis su consejero de Cs.

Reyero insistió con nuevos escritos a Escudero el 31 de marzo y el 11 de abril e inició entonces una campaña de presión contra el consejero de Sanidad. El 14 de abril, el consejero de Ciudadanos criticó en una entrevista en la Cadena SER que Sanidad iniciara el “repliegue sanitario”, en lugar de enviar a los profesionales sanitarios a las residencias.

El consejero de Sanidad ha calificado este viernes la actitud de Reyero “de un fariseísmo político sorprendente” en una entrevista en Onda Madrid. “Me resulta sorprendente que haga referencia a correos personales, sobre todo cuando hemos llegado a mantener con su Consejería hasta 21 reuniones, a las cuales no ha acudido ni una sola vez”, ha denunciado. Y ha añadido que “podía haber llamado por teléfono”. “No entiendo a qué responde este tipo de filtraciones de trabajo entre consejeros que forman parte de un mismo gobierno”, ha dicho.

No obstante, la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció en una entrevista en El Mundo que el colapso de las residencias se produjo durante el peor momento de la pandemia en la región, a la vez que defendía que las UCI nunca llegaron a saturarse. Además, reconoció las diferencias entre sus dos consejeros. “Hubo discrepancias entre el consejero de Sanidad y el consejero de Políticas Sociales por qué se entiende por medicalizado”, dijo.

¿Quién investiga lo que ha pasado en las residencias?

La Comunidad de Madrid acumula la mayor parte del total de investigaciones penales iniciadas por la Fiscalía en España, 82 de 176, ante la posible comisión de delitos en los tratos dispensados a los afectados por covid-19, según el Ministerio Público.

Según ha avanzado este viernes la Cadena SER, las querellas presentadas contra la presidenta Díaz Ayuso por la gestión de las residencias irán al Supremo. El juzgado número 39 de plaza de Castilla se ha inhibido en favor de la sala de lo penal del alto tribunal, puesto que la presidenta regional goza de aforamiento. La querella la presentaron el 11 de mayo 26 familias de la llamada ‘marea de residencias’ junto a diez directores de centros socio-sanitarios.

En la Comunidad de Madrid, la que recoge mayor número de diligencias es la Fiscalía de Madrid, que acumula ya más de medio centenar, a las que se suma el trabajo de las Fiscalías del área de Getafe-Leganés, Móstoles-Fuenlabrada y Alcalá de Henares, llegando a un total de 82 casos por el momento, a los que hay que sumar los seis que ya están judicializados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo sentirse “tranquila” ante la posibilidad de enfrentar responsabilidades penales por la gestión de las residencias de Madrid. “Hay muchas cosas que hemos hecho bien y que no se conocen y será un buen momento para explicarlas, para que vean con qué medios contaba la Comunidad de Madrid y qué medios se pusieron. En ese sentido estoy tranquila. Me preocupa más el dolor que puedan sentir esas familias y siento mucho más las pérdidas”, contó en El Mundo.