Relanzando el (postergado) pilar social europeo

Hace años que, en todas mis iniciativas e intervenciones en el Parlamento Europeo, insisto en que la razón de ser de Europa es su modelo social. Solidaridad y cohesión interterritorial, social e intergeneracional, corrigiendo desigualdades y consolidando un espacio de prosperidad y equidad sin parangón en el planeta en cuanto a protección social.

A todo lo largo de la Gran Recesión y de la tremenda sucesión de episodios de crisis posteriores —el Bréxit, la crisis de los refugiados, los regímenes Iliberales, la pandemia covid y medidas de emergencia—, me cuento entre los muchos críticos del prolongado postergamiento y consiguiente erosión del pilar social europeo, que ha resultado en una exasperación de todas las desigualdades como no habíamos conocido en la historia de la Unión Europea, tanto entre sus Estados miembros, como dentro de ellos.

La Cumbre de Gotemburgo (Suecia), celebrada en 2017, relanzó la preterida agenda social de la UE, por iniciativa e impulso de un Gobierno socialdemócrata, el primer ministro sueco Stephan Löfven. Se aproxima en lo inmediato a un nuevo emplazamiento en Oporto, durante los próximos 7 y 8 mayo 2021, bajo la presidencia portuguesa, por iniciativa de otro primer ministro socialista, António Costa.

En el arranque del presente mandato del Parlamento y la Comisión Europea, la presidenta Ursula von der Leyen asumió en su investidura con el grupo socialdemócrata (S&D) el compromiso de impulsar un nuevo pilar europeo de derechos sociales 2021/2027, estrechamente vinculado a los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible proclamados por la ONU para 2030. En la Comisión VDL, las dos carteras más fuertemente implicadas en la persecución de esos horizontes descansan en dos socialistas: Frans Timmermans (Green Deal) y Nicolas Schmit (Empleo y Asuntos sociales).

Las resoluciones del Parlamento Europeo venían reclamando ese giro social con insistencia creciente al menos desde 2017. Los grandes objetivos son la recuperación tras la crisis de la covid-19, la transición justa hacia la nueva economía neutra en carbono y la digitalización.

Una UE relevante en la globalización necesita de una renovada hoja de ruta social y una caja de herramientas y normas (New RuleBook) para reparar los destrozos causados por la prolongada secuencia de profundas crisis de la que provenimos y todavía nos dolemos. La Comisión VDL ha comprometido un plan de acción 2021/2025 para el pilar europeo de derechos sociales. Su base jurídica descansa en la combinación de los artículos 3 TUE, 9 TFUE, 151 a 162 TFUE y 27 a 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE, Título V, Solidaridad) que entró en vigor junto al Tratado de Lisboa (TL) con su “mismo valor jurídico”, complementándola la Carta Social Europea del Consejo de Europa (1961).

El centro de gravitación de la estrategia europea lo marcan los ODS de la ONU fijados para 2030. De modo que las principales partidas de financiación de actuaciones —fondo de cohesión y fondo social europeo— no solo habrán de crecer en este mandato del PE, sino que habrán de apuntalar objetivos tasados cuantitativa y porcentualmente.

Por señalar solo algunos: al menos el 78% de la población de entre 20 y 64 deberá estar ocupada con un empleo digno en 2030; y esto tendrá que conseguirse superando la brecha de género, la diferencia retributivas entre hombres y mujeres. Además de incrementar la tasa de educación infantil, el actualmente lacerante nivel de paro juvenil (hasta los 29 años) deberá verse reducirlo al 9%. El 60% de los adultos deberá acceder a un entrenamiento o ciclos de reaprendizaje para las nuevas oportunidades del mercado de trabajo. Al menos el 80% de la población de la UE entre 16 y 74 años disfrutará de capacidades digitales. Por su parte, la pobreza y exclusión social deberá reducirse en al menos 15 millones de personas, de los que 5 millones deben ser niños/as.

Algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible emergen como centrales para las competencias de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior de la Eurocámara (LIBE). Así, el objetivo 5 (igualdad de género, metas 5.1 a 5.7); el objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico, meta 8.7) y el objetivo 10 (reducción de las desigualdades, metas 16.1 a 16.10).

Pero resaltan, sobre todo, algunas cifras elocuentes: el MFF al alza (1,08 billones de euros), el Next Generation EU (750.000 millones de euros, con endeudamiento común), el Plan de Recuperación y Resiliencia (650.000 millones de euros), el FSE (88.000 millones de euros: 25% destinado a la reducción de la pobreza y 5% a la pobreza infantil), la Garantía Juvenil y la Garantía Infantil, el Programa SURE para prestaciones por desempleo (53.000 millones de euros), EASE (apoyo activo al empleo), ReactEU (inversiones postCovid, 47.500 millones de euros), Erasmus+, EU4Health & Horizon Europe (suman 115.000 millones de euros), COSME (para pequeñas y medianas empresas, que generan el 70% del empleo en la UE), así como la puesta en marcha de la Autoridad Laboral Europea y de los nuevos programas contra las desigualdades (Seguridad ocupacional y Marco Sanitario 21/27; Formación Profesional; Igualdad de Trato; Discriminación racial; Violencia de Género; Derechos de la Infancia; Personas con Discapacidad; Personas sin Techo & Vivienda; Tercera Edad & Sistemas Sanitarios...).

Completan el instrumental de respuestas los 20 objetivos del pilar social europeo fijados para 2030, estructurados en tres bloques:

I. Igualdad de oportunidades y acceso al empleo: 1. Educación, formación y aprendizaje permanente; 2. Igualdad de sexos; 3. Igualdad de oportunidades; 4. Apoyo activo para el empleo.

II. Condiciones de trabajo justas: 5. Empleo seguro y adaptable; 6. Salarios; 7. Información sobre las condiciones de trabajo y la protección en caso de despido; 8. Diálogo social y protección de los trabajadores; 9. Equilibro entre vida profesional y vida privada/conciliación; 10. Entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y protección de datos.

III. Protección e inclusión social: 11. Apoyo a la infancia; 12. Protección social; 13. Prestaciones por desempleo; 14. Renta mínima; 15. Pensiones y prestaciones de vejez; 16. Sanidad; 17. Inclusión de las personas con discapacidad; 18. Cuidados de larga duración; 19. Vivienda y asistencia a las personas sin hogar; 20. Acceso a servicios esenciales: agua, saneamiento, energía, transporte, servicios financieros, comunicaciones digitales.