Reforma del delito de sedición: claves de un asunto con implicaciones jurídicas y políticas

Es una promesa que viene de largo. Un compromiso “personal”, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y puede ser la llave para lograr el apoyo a los Presupuestos de ERC. En unas horas, esa promesa será una realidad. Los partidos del Gobierno de coalición presentarán este viernes al Congreso la propuesta de reforma al delito de sedición, tal y como ha anunciado Sánchez durante su entrevista en LaSexta.

Días antes, la reforma en el Código Penal entró en el debate político en un momento muy delicado: en plena negociación presupuestaria en el Congreso y en mitad de las conversaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Poder Judicial.

Estas son las claves políticas y jurídicas que implica un asunto que ha sido un Guadiana durante la legislatura, entrando y saliendo de la actualidad desde hace más de dos años.

¿Qué prometió Sánchez?

Lo ha dicho en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años. El presidente del Gobierno quiere adaptar el Código Penal español “a los estándares europeos”. En ese sentido, la propuesta incluye renombrar el delito por el de desórdenes públicos agravados.

Para ello, Sánchez pretende que se rebajen las penas porque, afirma, la actual tipificación española “no es homologable a los delitos que se contemplan en otros países europeos”.

¿Qué dice el delito de sedición?

Este delito está recogido en el artículo 544 del Código Penal y dice lo siguiente:

En los siguientes artículos del Código Penal se especifica cuáles son las penas para quienes lo cometan: entre ocho a diez años si para “sus principales autores” y de diez a quince años si quienes lo cometieran “fueran personas constituidas en autoridad”, que además quedarán inhabilitados por el mismo período de tiempo.

¿Cómo es el delito de sedición en otros países de Europa?

Echando un vistazo al resto de países europeos se puede comprobar que Sánchez tiene razón cuando habla de que no está homologado el delito de sedición al que existe en otros países, ya que en todos en los que se contempla la resistencia a la autoridad se requiere violencia para que sea una actitud delictiva castigada con penas de prisión.

Francia: El delito homologable al de resistencia se castiga con penas de dos años que se elevan a tres si se comete en grupo.

Alemania: El Código Penal alemán castiga la resistencia y los desórdenes públicos con violencia con tres años de cárcel.

Italia: En función de la gravedad y del grado de violencia, el sistema italiano castiga con entre seis meses y cinco años de prisión el delito de resistencia.

Portugal: Quizás es el Código Penal más duro respecto al delito de resistencia, castigado con entre uno y ocho años de prisión. En caso de algarada para alterar el funcionamiento constitucional el castigo es de hasta tres años.

Bélgica: El delito de resistencia se castiga con entre tres meses y dos años de prisión, que se eleva hasta cinco años si se comete en grupo.

Suiza: El delito de resistencia grave, incluso si se produce con alzamiento, se castiga con penas de tres años. Los delitos contra el Estado o la Constitución no llegan al año de castigo.

¿Cómo afecta a los Presupuestos?

Aunque desde el Ejecutivo y desde el PSOE consideran que se trata de dos asuntos “antagónicos”, lo cierto es que podría decantar el voto de los republicanos a las cuentas aprobadas por el Gobierno.

Según fuentes del partido presidido por Oriol Junqueras citadas por EFE, esta conversación se enmarca en la mesa de diálogo entre el Gobierno catalán y español, lo que Aragonès siempre llama la “desjudicialización”.

Sin embargo, los republicanos han reclamado al Gobierno en los últimos días generar un clima de “confianza” y la reforma de este delito podría dar un empujón a las negociaciones.

Las conversaciones ya se han producido, como reconoció este lunes la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta.

¿Y a la negociación del Poder Judicial?

Pese a la oposición que genera este compromiso de Sánchez respecto a la sedición, el PP ya ha dejado claro que una cosa es la negociación por el Poder Judicial y otra el debate sobre la sedición.

“Son dos cuestiones distintas”, ha expresado este martes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a Antena 3, donde ha asegurado que en ambas “el PP tiene un papel diferente”.

Aun así, los de Feijóo consideran que la con la reforma del delito de sedición se “rompe un principio fundamental, que es la igualdad de los españoles ante la ley” e insisten en que votarán en contra si llega al Congreso.

¿Cómo ha sido el cambio de postura?

A finales de octubre, miembros del PSOE expresaban, en línea con lo planteado por el propio presidente desde Bruselas, que no hay mayoría suficiente en el Congreso para llevar una reforma de este calibre y sacarla adelante.

Unas semanas después, hay un cambio de postura y, finalmente, PSOE y Unidas Podemos presentarán en el registro del Congreso la iniciativa legislativa. Las penas del nuevo delito, según ha detallado Sánchez, “serán las penas que se están catalogando en códigos penales de democracias europeas a las que nosotros nos queremos identificar y parecer”.

¿La diferencia? Según Sánchez, ha visto que varios grupos han mostrado su disposición a esa modificación en los últimos días.

¿Qué implica este cambio?

Poco se conoce aún sobre cuál va a ser la propuesta del Gobierno. Lo que sí que ha asegurado el presidente es que la amnistía que pide el independentismo no va a ser aceptada por el Gobierno y que con esta reforma el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tendrá que seguir rindiendo cuentas ante la Justicia española.

“Los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito”, ha recalcado durante la entrevista.