Ratificado el archivo de la causa contra Sánchez Galán por su supuesta relación con Villarejo

El recurso de apelación de la Fiscalía Anticorrupción contra la desimputación del actual presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por su supuesta relación con el excomisario Villarejo no ha convencido a la Audiencia Nacional.

La causa contra el hombre que llamó “tontos” a los españoles y después se disculpó queda finalmente archivada este martes. El tribunal considera “insuficientes” las pruebas contra Galán, investigado por haber contratado los servicios de las empresas del excomisario entre los años 2004 y 2012.

El objeto de esas contrataciones habría sido el espionaje a competidores y accionistas críticos con su gestión. El directivo negó cualquier relación con Villarejo y señaló que el espiado fue él.

La sala reitera de esta manera los argumentos que empleó el pasado 6 de octubre en respuesta a un recurso del presidente de ACS, Florentino Pérez, frente a la decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, de archivar el pasado mes de junio la causa contra Sánchez Galán, al considerar prescritos los delitos por los que se le investigaba.

Los delitos atribuidos a Sánchez Galán (cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil) se habrían cometido entre los años 2004 y 2009, y su imputación no se produjo hasta 2021, por lo que para entonces el plazo de prescripción se había superado.

La fase de instrucción del caso se encuentra prorrogada hasta enero de 2023, y a parte de a Galán se encuentran bajo la lupa de García Castellón el socio del directivo, Rafael Redondo y el que fuera jefe de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo.

Anticorrupción alegaba en su recurso que el juez instructor habría acogido “de modo acrítico” las alegaciones realizadas por la defensa de Sánchez Galán en el escrito donde interesó el archivo de las pesquisas para el presidente de Iberdrola.

El Ministerio Público aducía que el magistrado se había fijado solamente en los proyectos ‘Arrow’, ‘Black Board’, ‘Gipsy’ y ‘Posy’, que el grupo empresarial de Villarejo, CENYT, habría desarrollado entre 2004 y 2009 por encargo del ex jefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo; pero había obviado que ‘Wind’ se habría desarrollado en dos fases distintas, una en 2011 y otra en 2016, lo que dilataría los plazos de prescripción.

Así, la Fiscalía indicaba que, en un primer momento, ‘Wind’ se habría centrado en investigar a la sociedad suiza Eolica Dobrogea y a su accionista mayoritario Christopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables se había aliado para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, y con quienes surgieron diferentes conflictos que se resolvieron a favor de la empresa española en un procedimiento arbitral.

Y, en una segunda fase, apuntaba Anticorrupción, a partir de 2016 las pesquisas de CENYT en ‘Wind’ habrían tenido como objetivo “la localización de bienes de Eolica Dobrogea y de Christopher Kaap sobre los que poder ejecutar el laudo arbitral”.

Los fiscales planteaban que, aunque ‘Wind’ habría sido contratado por Iberdrola Renovables, durante esos años Sánchez Galán era el presidente del grupo empresarial, de lo que deducían su presunta implicación.