Rajoy defiende la legalidad de su amnistía e insiste que la sentencia del TC no tiene efectos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido en el Congreso la legalidad del proceso extraordinario de regularización fiscal de 2012, más conocido como "amnistía fiscal", y ha insistido en que la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló aquel decreto ley no tiene efectos.

"La sentencia no producirá efectos y, por tanto, las actuaciones realizadas que son firmes no podrán ser revisadas. Esa es la verdad, y lo demás son juicios de valor", ha aseverado el presidente ante la pregunta de la portavoz socialista, Margarita Robles, quien se ha estrenado en la sesión de control al Gobierno de este miércoles pidiéndole una valoración de la reciente sentencia.

Rajoy ha vuelto a decir que en 2012 España "estaba en una situación límite, al borde de la quiebra y al borde del rescate" y que esta escenario provocó que se tomaran "decisiones que probablemente en otras circunstancias no se hubieran tomado".

"No solamente esa —ha proseguido— sino también una subida de impuestos, que luego volvimos a bajar, o por ejemplo la nacionalización de la banca, cosa que considerará que en un partido como el mío no es lo más razonable y que no figuraba en nuestro programa".

En todo caso, Rajoy ha defendido que la regularización "se hizo en línea de las recomendaciones de la OCDE" y que también otros países, como Reino Unido, Italia o Estados Unidos, aprobaron procesos similares. "Esa regularización fiscal ni limpia ni borra delitos", ha subrayado, tras apuntar que la amnistía permitió obtener unos ingresos adicionales de 1.200 millones de euros y aflorar unos 40.000 millones.

Asimismo, el presidente ha recordado que otros gobiernos, en este caso socialistas, también aplicaron regularizaciones extraordinarias, "pero con diferencias", pues ha defendido que en 2012 la situación era de "prequiebra" y que en 1991 "la situación era boyante".

"Y con ustedes, las rentas alfloradas no pagaron, y con nosotros sí. Y con ustedes los defraudadores no se identificaban porque les dieron pagarés opacos y con nosotros sí. Esa es la pequeña diferencia", ha sentenciado Rajoy.

Por su parte, Margarita Robles, que debutaba al frente de la bancada socialista, ha leído ante Rajoy fragmentos de la propia sentencia del Tribunal Constitucional en los que el Alto Tribunal mencionaba "la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos los ciudadanos de concurrir al sostenimiento de las cargas fiscales".

"Dice que con su amnistía fiscal han venido a legitimar como una acción válida la conducta de quienes de forma insolidaria incumplieron su deber de tributar con acuerdo de su posición económica, colocándoles en una situación más favorable que la del resto de los ciudadanos", le ha espetado Robles.

Por ello, se ha dirigido al presidente para preguntarle que, "si no toma una responsabilidad política de su Gobierno, con qué fuerza moral va a hacer caso a otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional". "¿Con qué fuerza moral va a pedir a los ciudadanos que contribuyan, en un momento como el que estamos hablando, a las cargas tributarias?", ha concluido Robles.

Ante la petición de Robles para realizar una valoración de la sentencia, el presidente ha declinado la invitación —"No me lo tome a mal, pero no valoro ni esta sentencia ni ninguna", ha dicho— porque no le parece "conveniente" que el máximo responsable del poder Ejecutivo, ha argumentado, "se dedique a aplaudir, criticar, o a tomar posición o a entrar en polémicas con el contenido de las sentencias de los tribunales".

Por su parte, Robles, magistrada en excedencia, ha replicado que "no esperaba otra respuesta". "Sería bueno que otros ministros de su gobierno hicieran lo mismo en relación a la valoración de sentencias que no les resultan agradables ni cómodas", ha manifestado. En todo caso, ha subrayado que el presidente "no se puede quedar al margen de la sentencia del Constitucional".

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha reconocido que no le gustó aprobar la regularización fiscal extraordinaria de 2012 aunque ha argumentado que sirvió para que ahora España registre crecimiento y creación de empleo.

"Esa medida para lo que ha servido es para que hoy haya crecimiento y creación de empleo. Para que los que realmente estaban evitando a la Hacienda pública hoy estén contribuyendo en el IRPF y en el Impuesto de Patrimonio", ha aseverado el ministro durante la sesión de control al Gobierno.

Durante la misma, Montoro ha tenido que hacer frente a peticiones de dimisión por parte del portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, y del diputado de Unidos Podemos Rafa Mayoral, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, le ha preguntado cómo piensa resarcir a los contribuyentes por los efectos de la amnistía fiscal.

Entre risas, el ministro de Hacienda ha ironizado sobre que el PSOE ya pedía su dimisión antes de llegar a un cargo público -"Estamos en ello, pero desde tiempos inmemoriales"-, y ha aseverado que continuará al frente de su ministerio "hasta que este país elimine el déficit público" y "el nivel de ocupados" vuelva a ser al de antes de la crisis económica. "Ése es mi trabajo y también responder a mi vocación. Estaré trabajando al servicio de los españoles", ha subrayado.

El portavoz económico del PSOE ha pedido a Montoro que, además de dimitir, pida perdón, además de hacer público "todos los delicuentes de cuello blanco que se acogieron" a la amnistía y que así devuelva "la decencia al ministerio y al Gobierno, y el prestigio a la política española".

Saura ha argumentado que la sentencia, emitida tras el recurso interpuesto por el PSOE, les da la razón a lo que decían "miércoles tras miércoles" mientras el ministro, ha dicho "se lo tomó a cachondeo". "Lo que hizo la amnistía es blanquear la corrupción, a los corruptos y a muchos dirigentes del PP, porque para eso se hizo", ha aseverado.

"Si no dimite, le vamos a reprobar y el señor Rajoy tendría que cesarlo de manera inmediata. No merece ni ser ministro ni siquiera ser catedrático de Hacienda Pública española", ha concluido el diputado socialista.

Por su parte, el ministro le ha recordado que hace unos meses negoció con el Gobierno el techo de gasto y las medidas fiscales dirigidas a contener el déficit "que sustentaron esos Presupuestos". "Pero así son las cosas: por un lado se levanta sistemáticamente pidiendo mi dimisión. ahora en el nuevo PSOE. Cuantas más se levanta usted a pedir mi dimisión, menos me puedo ir", ha aseverado.

Asimismo, ha replicado que "a base de repetir mentiras no se hacen verdad", ya que ha justificado que "sólo hay un dirigente del PP que, en una parte menor, y que hoy está en los tribunales, se acogió a la amnistía". "Es que es ridículo lo que dicen. Afirman sin ninguna consistencia ni coherencia", ha espetado el ministro, que había pedido a Saura "cooperación a la hora de trasladar las consecuiencias de esta sentencia más positivas a la ciudadanía española".

"HABLE CON SORIA: 'DIMITIR' NO ES UN NOMBRE RUSO"

Por parte de Unidos Podemos, su diputado Rafa Mayoral ha argumentado que, cuando acusan al Gobierno de "trabajar para las élites en vez de para el pueblo", esto "ya trasciende incluso lo ideológico". "Estamos ya hablando de proteger a los defraudadores mientras durante los años mas duros de la crisis se han ensañado con los sectores populares", ha sentenciado Mayoral, afeando que "con los banqueros, el sector financiero y los defraudadores no perdieron ni un instante para rescatarles".

"No nos conformamos con que dimita: lo que realmente queremos es que se vaya su Gobierno, pero tiene una buena oportunidad de dar cierta decencia a la cuestión de la responsabilidad política", ha dicho el diputado de Podemos, para concluir recomendando al ministro que "hable" con el exministro de Industria, José Manuel Soria. "Le podrá explicar que 'dimitir' no es un nombre ruso", ha ironizado.

El ministro ha atribuido el discurso de Mayoral a "la continuación de la novela negra de Iglesias", en referencia al relato expuesto por el dirigente de Podemos durante la moción de censura. "Ustedes están en la teoría de la conspiración 'amiguismo': ¿Cuántos amigos están en esa DTA? ¡Son todos muy amigos!", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que en el mismo decreto ley que incluía la amnistía se encontraban también medidas para limitar el gasto financiero y las amortaciones a las grandes empresas. "Por qué no tomó esas decisiones un gobierno socialista? Ustedes no eran, pero pregúntenselo a estos (señalando a la bancada socialista), que quieren hacer los pactos políticos", ha aseverado, antes de que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, le retirara la palabra por haber consumido todo su tiempo.

LA ZANAHORIA Y LOS PALOS

Preguntado por la forma de resarcir a los ciudadanos por la amnistía fiscal por parte del portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, Montoro ha replicado que, aunque no le gustara aprobar la regularización, ello sirvió para que defraudadores estén tributando hoy activos a la Agencia Tributaria -"que es lo que realmente cuenta", ha justificado-.

En este sentido, ha mostrado su deseo de poder promover, porque cuenten con "recaudación suficiente", una reducción del IRPF en la segunda mitad de legislatura. "Hay medidas que no nos gustan tomar, pero con el paso del tiempo muestran su utilidad y permiten acometer otras", ha resumido.

Por su parte, Girauta le ha recordado al ministro la utilización de la metáfora del palo y la zanahoria a la hora de hablar de política fiscal. "El problema es que las zanahorias se las han dado a Bárcenas, a Rato, a varios miembros de esa organización criminal conocida como 'La Familia Pujol, a Rodríguez Sobrino (caso 'Lezo') o Diego Torres ('caso Noos'", ha aseverado.

"Y el palo se lo ha dado a la clase media y trabajadora", ha apostillado, recordando que además de haber "un reproche procedimental" en la sentencia, también "hay un reproche moral". "Han legitimado la insolidaridad", ha dicho, recordando que se subieron, durante esos años, "todos los impuestos".

"Eso contrasta con esa declaración tributaria especial por la cual aquellas personas, precisamente que no cumplían y no solo estaban defraudando, sino que muchos de ellos, 780, están incursos en blanqueos de capital. Y es una lista que no quiere dar. Se trata de presuntos delincuentes", ha criticado Girauta, que ha concluido lamentando que "el contraste es demasiado amargo".