Rafael Mozo, el magistrado progresista que preside un órgano conservador
Gran conocedor de los engranajes internos del Consejo desde hace seis años, Mozo defiende a ultranza la renovación urgente del Consejo y critica las excusas de los populares.
Rafael Mozo ya es el sustituto de Carlos Lesmes de forma interina. Sus compañeros vocales han aupado al magistrado progresista hasta lo más alto dejando de lado las intenciones del expresidente y del informe técnico que apuntaban a Francisco Marín como su sucesor.
No obstante, con el apoyo de 16 vocales, Mozo se ha convertido en un presidente inesperado en un órgano conservador por ser el vocal más antiguo, por contar con el respeto de sus compañeros y por ser uno de los que mejor conoce su engranaje al ser miembro de la Comisión del Consejo desde 2016.
Por ello, no es de extrañar que fuera elegido como uno de los interlocutores del bloque progresista para negociar con los conservadores los nombramientos de dos magistrados del Constitucional, aún pendientes.
Mientras tanto, sus funciones, del mismo modo que su duración, son dos factores que están aún en el aire. Lo único que hay claro es que Mozo se jubilará como vocal en julio del año que viene, pero confía en que para entonces la renovación ya se haya producido, sobre todo con las últimas conversaciones.
Propuesta del PSOE pero con carácter propio
Mozo es miembro de Jueces y Juezas para la Democracia, la tercera asociación judicial en afiliados y la única progresista. Ingresó en la carrera judicial en 1985 y tuvo varios destinos hasta que en 1998 aterrizó en la Audiencia Provincial de Madrid. En 2013, fue elegido vocal en el cupo del PSOE.
Cinco años después, en julio de 2018, durante su función como vocal adquirió como destino ser magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sin embargo, la falta de consenso para renovar el Consejo le ha llevado a que nunca ejerza en su actual puesto jurisdiccional.
En todo momento ha reconocido la urgencia de renovar el Consejo de manera urgente e incluso considera que el retraso se debe a las excusas y condiciones del Partido Popular. No obstante, tampoco se muestra conforme con todas las decisiones socialistas como cuando limitaron el nombramiento de cargos estando la institución caducada.
Y esa no ha sido la única. En otros posicionamientos polémicos, Mozo ha votado en contra de la declaración del CGPJ que manifestó su “absoluto y rotundo rechazo” a las afirmaciones del exvicepresidente segundo Pablo Iglesias sobre la condena a la entonces diputada en la Asamblea de Madrid Isa Serra, por propagar una “sospecha inaceptable” de falta de independencia en la Justicia.
Ahora bien, sí que apoyó la petición al Ministerio del Interior que impulsaba medidas para proteger al juez del Supremo e instructor del procés Pablo Llarena y a su familia, después de conocerse que la casa que tiene en Das (Girona) apareció con pintadas que lo acusaban de “fascista”.
