Radiografía de la LGTBIfobia, un fenómeno al alza

España vive una paradoja. Pese a ser uno de los países más tolerantes del mundo en cuestiones LGTBI, de un tiempo a esta parte los españoles asisten, consternados, a un aumento de los delitos de odio motivados por la orientación sexual: entre 2015 y 2020 se han disparado un 63,91% (de 169 a 277), según los datos difundidos por el Ministerio del Interior.

Una fuente oficial del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska detalla a este diario que el 19,6% de los 610 delitos de odio cometidos durante el primer semestre de este año, es decir 120, han estado motivados por la identidad sexual.  

Esta lacra incesante ha creado el caldo de cultivo para que la sociedad estallara cuando trascendió la denuncia del joven de 20 años de Malasaña, en Madrid. Pero aunque esta agresión haya resultado ser falsa, como reconoció él mismo, ni el Gobierno ni la sociedad dejan de preocuparse. Por eso, ni el Ejecutivo ha cancelado la reunión de este viernes de la comisión de seguimiento de delitos de odio ni la sociedad civil ha dado marcha atrás a la manifestación del sábado en Madrid.

El asesinato del joven Samuel Luiz al grito de “maricón” pulsó un botón que hizo saltar la tapa de una olla a presión calentada a base de puñetazos y patadas que son muy reales. Y, por eso, contrasta con este repunte de la agresividad la encuesta de YouGov que pone a los españoles como los más propensos a apoyar a un miembro de la familia en caso de que se declare lesbiana, gay o bisexual (91% frente al 66% de los preguntados en EEUU o el 57% en Francia).

El Ministerio del Interior emite desde 2013 el informe en el que trata de calibrar el fenómeno de los delitos de odio en todo el país, como el antisemitismo, la aporofobia, el delito contra la creencia o la práctica religiosa, contra la orientación sexual, el racismo y la xenofobia, o el delito de odio por motivos de ideología.

El número de delitos de odio cometidos por orientación sexual en 2013 fue de 452 y subió a 513 en 2014. Tras un descenso significativo en 2015 (169), la cifra comenzó a subir de forma sostenida hasta nuestros días: 230 en 2016, 271 en 2017, 259 en 2018, 278 en 2019 y 277 en 2020.

El dato del año de la pandemia es especialmente relevante, puesto que pese a que el confinamiento redujo el total de delitos de odio un 17,9%, apenas se redujeron los de identidad sexual.

Perfil de la víctima y del agresor

El informe de 2020 de Interior desgrana los perfiles, tanto de las víctimas, como de los autores de los delitos de odio por identidad sexual. En 2020, las víctimas fueron mayoritariamente hombres (253 por 73 mujeres) y, en su mayoría (99), tenían entre 26 y 40 años.

Mientras que los agresores ese mismo año también fueron mayoritariamente hombres (127 frente a 12 mujeres). Y la mayoría (37) tenía también entre 26 y 40 años. Llama la atención que el segundo grupo de agresores más numeroso fuera el de los varones menores de edad (29).

El Observatorio Andaluz contra la LGTBIfobia explica en su web la importancia de usar este vocablo, que define como una “enfermedad social”: “El término nace de la necesidad de acunar en una misma palabra a todas las tendencias discriminatorias que tienen lugar en la actualidad debido al crecimiento de la visibilidad homosexual y su correspondiente rechazo”.

Este organismo recuerda que todos saben lo que es la “homofobia”, pero advierte de que son muchas más las personas de diferentes identidades las que sufren discriminación: “Cuando hablamos de LGTBIfobia nos referimos a los hechos de intolerancia, discriminación o rechazo a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales por razones de orientación sexual o identidad de género”.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) contó a este diario que el gran problema es arrojar luz a la oscuridad de los datos. “Se pierden muchos, porque [el Ministerio del] Interior solo recoge las denuncias. Y, en muchos casos, tampoco las denuncias que se atienden en las unidades locales de policía, ni en los observatorios contra la LGTBIfobia. Estamos en pañales. Además, las víctimas no saben siquiera que están sufriendo delitos de odio”, narró la portavoz, Arantxa Miranda.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia publicó su último informe sobre el año 2019 con datos solo de la Comunidad de Madrid. Sus datos son más abultados que los de Interior, porque ellos van más allá de la denuncia en comisaría: “Hay que dejar muy claro que el informe de Interior solamente recogería delitos de odio y en ningún caso incidentes”. Esa es una de las claves para acercarse a la LGTBIfobia. 

En ese informe, el Observatorio Madrileño explica: “Éste es uno de los temas más espinosos en la recogida de datos. En el Observatorio decidimos desde el primer momento que, en nuestro objetivo de registro de datos para establecer diagnósticos, nuestra labor no es solo la de registrar delitos de odio, que son los recogidos exclusivamente en el Código Penal, sino que hablamos de incidentes de odio.

Los datos del Observatorio Madrileño, explica, incluyen “ciertas situaciones que no tienen por qué ser constitutivas de ilícito penal, ni siquiera de ilícito administrativo que vulnere las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid, la Ley contra la Intolerancia en el deporte u otras leyes que puedan recoger situaciones de LGTBIfobia”. 

Lo cierto es que, como señala el Observatorio, “hay ocasiones en las que una persona LGTBI es consciente de que le están grabando o de que se están mofando de ella”. Pero en la práctica es muy difícil encajar esas circunstancias como un delito: “Ni siquiera que llamen ‘bollera’ a alguien es delito a día de hoy, sino que sería ilícito administrativo y solo en las Comunidades Autónomas como Madrid, que cuentan con una ley que lo sanciona”.

La sospecha es que la realidad supera los datos

En este contexto, y más allá de las cifras del Ministerio del Interior —por las que tanto el ministro, Fernando Grande-Marlaska, como la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo, han activado las alertas— el Observatorio está convencido de que sus datos representan “una radiografía manifiestamente insuficiente de la realidad”.

“Desde el Observatorio Madrileño seguimos manteniendo nuestra hipótesis de que los datos reales de incidentes por LGTBIfobia son muy superiores y ciframos los datos registrados por iniciativas como la nuestra en el 5% [del total de incidentes], en consonancia con las estimaciones de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales”, explica el organismo. ¿Y qué datos tienen?

En parte, la tendencia que recogen para la Comunidad de Madrid coincide con la de Interior: desde 2015 hay un incremento sostenido. Entonces, registraron 32 incidentes de LGTBIfobia. En 2016, 240. Un año después, en 2017, contabilizaron 321. Y, en 2018, alcanzaron el máximo de 345. En 2019 anotaron 321 de nuevo.

El problema, pese a la sospecha de que los datos están muy por debajo de la realidad, es que “las identidades, orientaciones y realidades LGTBI de cada persona influyen”, según explica el Observatorio Madrileño: “No denuncia igual ni por los mismos cauces una mujer lesbiana que un chico gay. No tienen la misma sensación de violación de su dignidad una mujer trans que un hombre bisexual. Esto nos afecta y provoca que los datos sean más difíciles de analizar”.

Los expertos que abordan la LGTBIfobia advierten: “Hay que tener en cuenta una perspectiva de género a la hora de poder evaluar los incidentes, porque los hombres y las mujeres denuncian de forma totalmente diferente y muchas mujeres lesbianas, bisexuales o trans no se sienten tan integradas en el activismo LGTBI como en grupos feministas, con lo que, en muchas ocasiones, los incidentes de odio que sufren, no llegamos a tener constancia de ellos”.