¿Quiénes defienden a los defensores de derechos humanos?
La Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cumplirá 20 años el próximo mes de diciembre. En Guatemala, este aniversario se conmemora en un escenario general de crisis profunda que afecta al modelo económico, al sistema político y al régimen de ejercicio del poder, es decir, la gobernanza del país.
Formalmente, el Estado reconoce a los defensores y defensoras de Derechos Humanos a partir de la Constitución Política de la República, principalmente en sus tres primeros artículos. A esta normativa se agregan otras como la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la Institución del Procurador de Derechos Humanos (Ombudsman), la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), la Secretaría de la Paz (SEPAZ).
También están formal, legal y abstractamente reconocidos por la legislación guatemalteca los derechos establecidos en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Estos son: derecho a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de asociación, a acceder a la información y participación, a la libertad de opinión y expresión, a acceder a financiación.
No obstante, todos ellos son conculcados, limitados, condicionados o simplemente negados por la acción pública, en general favorecedora de los privilegios sectoriales del poder económico y de las llamadas Redes Político-Económico Ilícitas (RPEI).
La preocupante crisis política y social, incubada durante los últimos 64 años pero profundizada a partir de 1991 con la aplicación del llamado Consenso de Washington como agenda económica del estado y el poder económico, derivó en una "Reconfiguración Cooptada del Estado" que quedó demostrada el 16 de abril de 2015 con el descubrimiento del llamado "Caso La Línea" en la Superintendencia de Administración Tributaria, dependiente del Ministerio de Finanzas Públicas.
Desde entonces, el desmoronamiento del régimen de dominación existente hasta ese momento ha caminado paulatina pero incesantemente. Esta situación provoca el atrincheramiento del poder económico y de las RPEI en posiciones cada vez más duras y autoritarias, intentando política y normativamente regresar al pasado. Esta pretensión también es visible en el Congreso de la República, donde incluso se busca dejar impunes los crímenes de lesa humanidad y se vuelve a métodos de análisis y acciones propias de los años 80, durante la guerra interna.
En este contexto, defensores y defensoras de Derechos Humanos enfrentan riesgos específicos al ejercicio su actividad, por ejemplo: criminalización de su trabajo por medio de la difamación, estigmatización, o utilización del discurso del odio y falta de garantías para llevar adelante su actividad, puesto que las amenazas y presión hacia los defensores cuentan, como mínimo, con la omisión y la pasividad de los agentes del Estado.
Además, enfrentan la criminalización de su trabajo a través de reformas legales que van desde la ampliación de figuras delictivas (como la de 'terrorista') hasta la emisión de órdenes de captura y cárcel para defensores del territorio, el agua o recursos vitales de las comunidades ancestrales. A ello se agregan denuncias judiciales sin fundamento, ya sea penales, administrativas o de carácter civil.
En este escenario difícil y conflictivo, las causas de defensa de los derechos de propiedad colectiva y/o territorio o de derechos de pueblos indígenas enfrentan desafíos particulares. Los defensores de derechos ambientales y derechos políticos de la población, llamados 'derechos de cuarta generación', son quienes corren mayores peligros: ocho líderes comunitarios pertenecientes a organizaciones campesinas fueron asesinados desde principios de mayo.
A los serios riesgos y amenazas señaladas, se suma una percepción no favorable por parte de los sectores medios de la población, quienes influidos por la propaganda elitista y el discurso de odio, llegan a creer que los defensores son eventualmente "defensores de delincuentes". En el gobierno actual sobresale, aparte de su mediocridad política notable, un discurso regresivo, chauvinista al tenor de la doctrina de seguridad nacional y actitudes autoritarias propias de gobiernos de corte militar.
En los hechos, es el Estado mismo quien se convierte en el principal obstáculo para la seguridad, trabajo y ejercicio de derechos de los defensores. La ineptitud política, administrativa y de gestión del gobierno es muy preocupante. La mediocridad de sus mandos principales puede llevar a acciones extremas y peligrosas en el tratamiento de las personas que se ocupan de un tema tan sensible como la defensoría de Derechos Humanos.
De cara al vigésimo aniversario de la Declaración de la Asamblea General de la ONU, cabe preguntarse: ¿quiénes defienden a los defensores de derechos humanos en Guatemala?