Quién paga la factura del covid
España se enfrenta a un aumento ingente del gasto sin haber resuelto los problemas preexistentes de las cuentas públicas.
España se ha visto fuertemente golpeada por la pandemia del coronavirus, con más de 240.000 casos confirmados y cerca de 28.000 fallecidos. Ante la virulencia de la enfermedad, el Gobierno de Pedro Sánchez decretó un estado de alarma para prevenir los contagios el pasado 14 de marzo que se ha extendido hasta, en principio, el próximo 21 de junio.
Ese parón de la actividad económica provocó un terremoto sin precedentes en el mercado laboral que todavía no se había recuperado de la anterior crisis. Más 900.000 trabajadores se fueron al paro y otros 4 millones vieron suspendidos sus puestos temporalmente.
El Ejecutivo lanzó una serie de ayudas bajo la premisa de “no dejar a nadie atrás”, que van a recibir 7,65 millones de trabajadores en España. La factura de este escudo social superará los 20.000 millones, según reconoció la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a finales abril.
Una estimación que se quedó corta, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado recientemente que las administraciones públicas gastarán entre 39.833 y 48.367 millones para financiar las medidas contra el coronavirus. Aunque la cifra definitiva todavía no se sabe porque dependerá de cuánto tiempo se alarguen las ayudas y de cómo sea la recuperación económica. ¿Quién va a pagar todo esto?
Sacar dinero de donde sea: préstamos a la Seguridad Social
Ante el incremento del gasto público sin precedentes, el Gobierno está sacando dinero de todos los rincones. El Consejo de Ministros ha aprobado hasta ahora dos préstamos a la Seguridad Social: uno de 13.830 millones de euros en abril y otro de 16.500 millones a finales de mayo.
Estos préstamos del Tesoro Público son habituales en los últimos años y, de hecho, vienen recogidos en los Presupuestos Generales del Estado debido a que la Seguridad Social no recauda suficiente dinero para pagar las 14 pagas de los pensionistas y todos los gastos adicionales que tiene que asumir como prestaciones de maternidad, subsidios o gastos de gestión.
Normalmente el dinero de esos préstamos se utiliza para abonar las pagas extra de los pensionistas. Frente a los más de 9.000 millones que cuesta el abono de las pensiones cada mes, la cantidad a pagar en junio y diciembre se duplica, hasta alcanzar una factura de 18.000 millones.
El problema es que este año el coronavirus ha disparado los gastos de la Seguridad Social y ha disminuido los ingresos. Esto ha provocado que los préstamos previstos se hayan tenido que adelantar. ¿Qué pagos extra ha asumido este organismo? Principalmente, la prestación extraordinaria a los trabajadores autónomos y la exoneración de cotizaciones para los trabajadores que se vean afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor.
Además, el Gobierno ha autorizado una transferencia de crédito de 14.000 millones procedente de la llamada hucha del desempleo. Este dinero se utilizará en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para poder sufragar el aumento de prestaciones que tiene que abonar. Si la nómina de las prestaciones por desempleo era de 1.800 millones al mes antes del covid, el pasado mes de mayo se alcanzó un recórd histórico: 5.121 millones de euros. Nunca se había abonado tanto dinero.
Este organismo público ha asumido el pago de diversas ayudas extraordinarias puestas en marcha durante estas semanas: las prestaciones a los trabajadores de los ERTE, que cobran el 70% de su sueldo, a los trabajadores temporales o a las empleadas de hogar, en otras.
Una parte del dinero dedicado a costear los ERTE saldrá del fondo europeo para ayudar al mantenimiento del empleo llamado Sure, que está dotado con 100.000 millones. A España le corresponderían unos 15.000 millones, según el Ministerio de Asuntos Económicos.
A todos estos gastos hay que sumarles, el recién aprobado ingreso mínimo vital, que recibirán 850.000 hogares vulnerables. El Instituto Nacional de la Seguridad Social se ocupará de abonar esta prestación, diseñada por el Ministerio de Inclusión, que costará unos 3.000 millones de euros al año.
El problema de las cuentas públicas: el déficit
Estos préstamos concedidos hasta ahora son solo una respuesta a corto plazo, es decir, para poder pagar las ayudas actualmente con los recursos que hay disponibles, porque el verdadero problema de las cuentas públicas es el gran endeudamiento y el elevado déficit público.
¿Qué es el déficit? La diferencia entre los ingresos y los gastos de las administraciones públicas expresado en porcentaje del producto interior bruto. España cerró el año pasado con un déficit público del 2,8% del PIB y una deuda del 95,5%. Es decir, España gasta más dinero del que ingresa cada año y eso hace que la deuda cada vez sea mayor.
Así ha evolucionado el déficit público en España en los últimos años:
Si no puedes ver el gráfico, sigue este enlace.
Si la situación ya era complicada, la crisis del coronavirus agravará este desajuste que viene de muchos años atrás. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el déficit alcanzará el 14%, un pronóstico todavía más negativo de lo que se pensaba hace un mes: una subida al 10,9% o, incluso, al 13,8% en un escenario pesimista.
¿Cómo se arregla esto? Impuestos
Antes de que llegara el covid, el Gobierno ya era consciente de la existencia de ese desfase en las cuentas públicas y, por eso, tenía pensado un plan fiscal. El proyecto de presupuestos de 2019 incluía una serie de subidas de impuestos y eliminación de exenciones. El Congreso tumbó estas cuentas, lo que provocó el adelanto electoral.
La presión fiscal en España se sitúa por debajo de los países de la Unión Europea. Los ingresos por impuestos en nuestro país se situaron en el 35,4% del producto interior bruto (PIB) en 2018 frente al 41,7% en la eurozona, según la agencia europea de estadística Eurostat.
Aquellas cuentas públicas diseñadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluían varias medidas para revertir esta situación. La también portavoz del Gobierno confirmó el pasado viernes que el plan fiscal del Ejecutivo sigue vigente, a pesar de que han cambiado las circunstancias.
Una de las subidas de impuestos afectaba al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en concreto, a los trabajadores con mayores salarios. Esta reforma suponía añadir dos tramos adicionales en este impuesto, para los que ganaran más de 130.000 euros (47%) y más de 300.000 euros (49%). Ese incremento suponía un aumento en la recaudación de 328 millones. Una medida que podría retomar ahora el Ejecutivo.
“Se tienen que establecer gravámenes extraordinarios como hizo el Gobierno del PP en 2012 en el impuesto de la renta para la reducción del déficit. Se crearon tres nuevos tramos de renta. De esa forma, se consiguieron unos ingresos adicionales de 2012 a 2014, que contribuyeron a reducir el déficit público”, asegura José María Mollinedo, secretario general de Gestha (el sindicato de técnicos de Hacienda).
Sin embargo, el principal aumento de la recaudación del proyecto de cuentas públicas de 2019 recaía sobre las grandes empresas. El Gobierno pretendía recaudar 27.579 millones con el impuesto sobre sociedades, un 14,1% respecto al año anterior. Suponía una recaudación extra de 1.776 millones. Esta medida es más difícil de aplicar en medio de una crisis económica.
Nuevos impuestos en el Congreso: la tasa Google y la tasa Tobin
Además, el Gobierno pretendía recaudar 2.050 millones con la creación de dos nuevos impuestos, que ya se encuentran en tramitación en el Congreso de los Diputados. Se trata del impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google), con una recaudación estimada de 1.200 millones, y el impuesto sobre transacciones financieras (tasa Tobin), con 850 millones
La tasa Tobin quiere gravar la compraventa de acciones de las empresas cotizadas que tengan una capitalización bursátil (valor de la compañía en el mercado) superior a los 1.000 millones. Por su parte, la tasa Google quiere cobrar por los servicios de publicidad en línea y la venta de datos.
Estos dos impuestos, al encontrarse en el Congreso, podrían ser los que antes empezaran a funcionar y a aportar ingresos en las arcas públicas. De hecho, la tasa Google superó la semana pasada las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Cs.
La fiscalidad verde
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, han recordado en sus últimas comparecencias públicas la necesidad de establecer una fiscalidad verde, es decir, impuestos que tengan en cuenta el impacto generado en el planeta.
España figura como uno de los países de la UE con menos ingresos por este tipo de impuestos medioambientales. Los ingresos equivalen al 1,83% del PIB en 2018, frente a la media de 2,40% en la UE.
El Gobierno ha aprobado esta semana el anteproyecto de la ley de residuos, que incluye la creación de un impuesto a los plásticos de un solo uso. Si se cumple el calendario del Ejecutivo, este impuesto empezaría a aplicarse en 2021 y recaudaría 724 millones de euros al año.
Todo parece indicar que el Ejecutivo pretende continuar por este camino. De hecho, las cuentas de 2019 incluían un aumento del impuesto sobre hidrocarburos para los coches diésel. El objetivo era equipararlo con el tributo que paga la gasolina y recaudar otros 670 millones.
Además, el Ministerio de Industria y el Ministerio para la Transición Ecológica trabajan desde hace meses en un borrador para modificar el impuesto de matriculación de los coches para adaptarlo a los niveles de emisiones, con el objetivo de penalizar los vehículos que más contaminan
La famosa tasa covid: el impuesto a los ricos
Estas no son las únicas propuestas para incrementar los ingresos públicos. Más País y Unidas Podemos han defendido una reforma del impuesto sobre el patrimonio para convertirlo en un impuesto que grave las grandes fortunas.
El problema del impuesto sobre el patrimonio es que actualmente cuenta con numerosas exenciones. Las personas que tendrían que abonarlo recurren a sociedades o fundaciones para evitar que ciertos bienes computen como patrimonio a la hora de pagar este impuesto.
“Si tienes un gran número de inmuebles y los dedicas al alquiler puedes crear una sociedad de arrendamiento de inmuebles, con unas ventajas fiscales importantes y no tributas las rentas ingresadas en tu IRPF”, afirma Mollinedo.
Además, se trata de un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas, que pueden bonificarlo de manera parcial o total, como hace la Comunidad de Madrid. Esto explica que actualmente el impuesto sobre el patrimonio no tenga un gran poder recaudatorio: apenas recaudó 1.063,5 millones en 2017.
“El impuesto tiene que ser sobre la riqueza total, sin exenciones, sin limitación de las bases de renta, sin bonificaciones autonómicas… y sobre la riqueza total, la que se lleva al IRPF y la que se deriva a las sociedades”, explica Mollinedo.
Las propuestas de Más País y Unidas Podemos elevarían notablemente esa cifra: la formación de Íñigo Errejón calcula que recaudaría unos 10.000 millones al año, mientras que el partido de Pablo Iglesias habla de 11.000 millones.
“Solo con los declarantes actuales, eliminando las exenciones, excepto la vivienda habitual, nosotros calculamos que se podría obtener 9.800 millones”, señala Mollinedo.
La gran preocupación: se derrumban los ingresos
Una de las grandes preocupaciones del Gobierno es la caída de los ingresos que se ha provocado a raíz de la cuarentena. “El efecto de la paralización de la actividad se hace notar en la recaudación del mes de abril de las principales figuras tributarias y de las cotizaciones sociales”, señala la Airef en su último informe.
Este organismo fiscalizador señala que la recaudación por IRPF cayó un 16,4% respecto al mismo mes del año pasado. Un descenso que ha sido más pronunciado en el caso del IVA. “Si comparamos las cifras de la recaudación de abril con las del año anterior, se observa una reducción de los ingresos de un 46,5%, justificándose un 18,3% por la caída de la actividad”, apunta.
Ante este desplome de ingresos, el Ministerio de Hacienda decidió mantener el calendario previsto la campaña de la declaración de la Renta en sus fechas previstas, entre el 1 de abril y el 30 de junio. Así aquellos ciudadanos que reciban dinero de la Agencia Tributaria (les salga a devolver) puedan utilizarlo para consumir.
“En el contexto de emergencia sanitaria se consideró especialmente importante mantener la fecha de inicio de campaña, de manera que los contribuyentes pudiesen ir recibiendo cuanto antes sus devoluciones”, reconoce la propia Agencia Tributaria, que recuerda que el 88% de los contribuyentes presentan sus declaraciones por internet.
El hecho de que la mayoría de los ciudadanos estuvieran encerrados en casa durante la cuarenta provocó que muchos usuarios hicieran los deberes tributarios con mayor celeridad que en anteriores ocasiones. Un total de 13.343.000 contribuyentes han presentado su declaración hasta el pasado 4 de junio, según la Agencia Tributaria. Se trata de 848.000 ciudadanos más que el año pasado por esas mismas fechas, un 6,8% más.
“Unos 22 millones de personas presentan la declaración en España. Normalmente, el 40% lo hace en los dos primeros meses y el 60%, unos 15 millones, lo deja para el final, para el último mes. Esta campaña ha sido atípica: un 30% más de lo que es habitual la presentó al principio”, cuenta Álvaro Falcones, consejero de TaxDown, una empresa de asesoría fiscal por internet que revisa el borrador y aplica las deducciones autonómicas.
La Agencia Tributaria ha devuelto ya 4.994 millones de euros hasta el pasado 4 de abril, un dinero que han recibido entre más de 7.796.000 contribuyentes.
“La declaración grava siempre el año anterior. Los efectos del covid o los ERTEs no se notan, pero sí hemos visto que hay mucha gente que está intentando financiar la deuda, cosa que el año pasado no notamos tanto. El dinero de la devolución importa más ahora que hace un año”, señala Falcones.
El problema a largo plazo: los avales del ICO
Una vez se pase la pandemia, el coronavirus seguirá coleando en las cuentas públicas. El Gobierno anunció un plan para movilizar 200.000 millones de euros para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia del coronavirus. La mitad de este dinero se corresponden con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las empresas no se quedaran sin liquidez mientras estaban cerradas.
El problema que puede existir a largo plazo es que las compañías no puedan devolver ese dinero si no mejora la situación económica. “Si se producen impagos, correrán sobre nuestras espaldas, porque las entidades van a cobrarse del aval”, afirma Mollinedo.
Aquí resulta fundamental el papel de las instituciones europeas, que tiene pendiente de poner en marcha un fondo para la reconstrucción de la Unión Europea, que conseguirá que los países más afectados por el covid-19 como Italia y España logren salir adelante.
