Quién es quién en la lista de supuestos testaferros del rey Juan Carlos
El monarca tejió, presuntamente, una corte de confianza que habría constituido un entramado de ocultación de su fortuna, ahora investigada por la Justicia.
La historia enseña que alrededor de un rey siempre hay una corte, un grupo de personas que acompaña habitualmente al monarca. Juan Carlos I no fue una excepción. Cerca de él hubo seis personas que pusieron su nombre en fundaciones, cuentas y gastos que en realidad eran supuestamente del padre de Felipe VI. Ahora, sus nombres afloran en los medios a golpe de investigación judicial.
La fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas tres investigaciones sobre la fortuna del rey emérito y, entre decenas de folios, aparecen Dante Canónica, Arturo Fassana, Corinna Larsen, Álvaro de Orleans, Allen de Jesús Sanginés-Krause y Nicolás Murga. Todos sirvieron supuestamente a Juan Carlos I, de una manera u otra, para que este no desvelara millones de euros en paraísos fiscales procedentes de comisiones ilegales.
De entre todos esos nombres, el primo del rey, Álvaro de Orleans-Borbón, es un nexo entre dos de las tres causas que atañen a Juan Carlos I. De Orleans, una especie de pieza central de un puzzle cada vez más complejo, está conectado con la causa del AVE del desierto y con las tarjetas opacas que, supuestamente, usaron el rey emérito, la reina Sofía, e incluso algunos de sus nietos con fondos radicados en el extranjero y del que los reyes eméritos no eran titulares. Este es el papel de cada uno de ellos en el supuesto entramado de ocultación de Juan Carlos I.
Álvaro de Orleans-Borbón
El primo lejano del rey, de 73 años, está en el ojo del huracán. Él mismo reconoció que ha pagado muchos vuelos a Juan Carlos I, pero que no es su testaferro. Sin embargo, las pesquisas de la Justicia española y suiza parecen indicar lo contrario. De Orleans era, supuestamente, el gestor de la fortuna que el rey atesoró en Suiza.
Es el hombre que había pasado desapercibido hasta que se desvelaron las conversaciones grabadas de Corinna Larsen, la examante del rey, quien afirmó que era “el hombre de paja” de Juan Carlos I. Él era, según afirmó la aristócrata alemana, la persona que tenía ocultas bajo su identidad las cuentas en Suiza del monarca.
De Orleans era el propietario de la Fundación Zagatka, que abonó varios millones en vuelos privados del rey emérito durante 11 años en los que le acompañó la propia Larsen, además de estancias en hoteles londinenses que también sufragó, por error, otro supuesto testaferro: el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Esta fundación, con cuenta en varios bancos suizos, fue el refugio de 7,9 millones de euros a disposición de Juan Carlos I, aunque llegó a administrar alrededor de 14 millones.
Las comisiones ilegales también son el supuesto origen de los fondos de Zagatka, pues según algunos medios, alrededor de 4,6 millones de dólares (3,3 millones al cambio de la época) ingresaron en la fundación en 2019 gracias a un cheque de Huaribe, una empresa filial del grupo constructor español OHL presidido por Juan Miguel Villar Mir.
Álvaro de Orleans alegó que el montante se trataba de sus honorarios por una intermediación en un desarrollo urbanístico en plena Riviera Maya. Pero en octubre de 2018, De Orleans, interrogado por la Fiscalía suiza, fue incapaz de concretar en qué habían consistido sus servicios para la constructora de Villar Mir.
La cuenta de Zagatka, de la que Juan Carlos I era tercer beneficiario, estuvo operativa hasta agosto de 2018, más de cuatro años después de la abdicación del rey emérito y después de perder la inviolabilidad que le otorgó la Constitución mientras fue el jefe del Estado.
La fundación propiedad del primo del rey, además, compartió gestores con la Fundación Lucum: el abogado Dante Canónica y el gestor Arturo Fassana, dos piezas claves que cercan al rey. Ambos eran, respectivamente, secretario y presidente de la fundación instrumental que supuestamente se creó en Zarzuela para canalizar en 2008 el cobro de 100 millones de dólares (67,93 millones de euros al cambio de la época) procedentes de Arabia Saudí en forma de supuesta comisión ilegal para Juan Carlos I por su intermediación en la adjudicación a un consorcio español del AVE entre Medina y La Meca y que también son objeto de diligencias en Suiza y España.
Según la versión de De Orleans a este diario, la Fiscalía Anticorrupción de
Ginebra investiga la Fundación Lucum, cuyos fondos y gestión “son totalmente ajenos” a él. Y asegura que es falso que la Fundación Zagatka, propiedad de De Orleans, “sea una sociedad pantalla o instrumental o esté acusada de serlo”.
Zagatka, según De Orleans, se constituyó “con el objetivo de gestionar a nivel
administrativo y financiero una parte del patrimonio” del primo del rey emérito. Al mismo tiempo, sigue, “tenía como finalidad materializar su ayuda a la casa real como parte del legado transmitido por su padre, Álvaro de Orleans-Borbón y Sajonia-Coburgo-Gotha, y su abuelo, Alfonso de Orleans y Borbón, específicamente a Juan Carlos I”. “Es completamente falso que la Fundación o sus cuentas hayan albergado dinero del Rey emérito. De este modo, cualquier acusación de ‘testaferro’ o ‘fiduciario’ es completamente falsa y carece de razón y fundamento”.
Arturo Fasanna y Dante Canónica
Ambos forman una dupla casi inseparable. El abogado suizo Dante Canónica es el socio de Arturo Fassana, el gestor del rey Juan Carlos, quien ya sembró la duda de que el rey emérito declarar el dinero saudí al fisco. Aunque el nombre de Canónica ya sonó en España hace dos años, cuando declaró voluntariamente al inicio del caso Gürtel para aportar información sobre la lista de fortunas españolas que utilizaron a su socio para enviar dinero al extranjero. Además, los dos son una pieza clave en la investigación sobre los movimientos de dinero de Juan Carlos I; una pieza que fue puesta en el tablero por Corinna Larsen, la examante del rey.
Cuando el fiscal suizo Yves Bertossa ordenó registrar en 2018 el despacho de ambos, se topó con documentación vinculada a movimientos financieros de Juan Carlos I y su primo Álvaro de Orleans, así como información sobre las supuestas comisiones que cobró el rey emérito por la adjudicación de las obras del AVE.
Canónica recibió instrucciones en el despacho del monarca en palacio para crear un entramado con el que ocultar una “importante donación” que iba a recibir del rey saudí. El fiscal suizo considera que el rey emérito se apoyó en Canónica, Fasana y la banca Mirabaud para llevar a buen puerto esta operación y dejar a buen recaudo el montante de la supuesta comisión.
Así, Fasana y Canónica crearon la Fundación Lucum, cuyo primer beneficiario era el rey emérito y en la que el actual monarca figuraba como segundo beneficiario —sin su conocimiento, según Zarzuela— para guardar el dinero de Arabia Saudí. Ambos, además, representaban también a la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, ante el banco suizo Credit Suisse.
Corinna Larsen
Juan Carlos I dejó por escrito que los 65 millones de euros que transfirió en 2012 desde la cuenta de la Fundación Lucum a Corinna Larsen, y que eran una supuesta comisión de Arabia Saudí, eran una donación “irrevocable”. El rey emérito dijo que nunca pidió recuperar ese dinero y que ella no actuó nunca como su testaferro. Fue la propia Corinna Larsen quien atribuyó esa donación a Juan Carlos I.
Según detalló el medio suizo que destapó la comisión de Juan Carlos I de Arabia Saudí, el rey emérito estuvo durante un tiempo sacando dinero de la cuenta suiza de la Fundación Lucum en la Banca Mirabaud hasta que en 2012 la cerró, una vez el país helvético endureció sus leyes antiblanqueo. En ese momento, el monarca repartió el dinero que quedaba entre dos de su exparejas: 65 millones para Corinna Larsen y 2 millones para Marta Gayá.
La propia Corinna, además, se ha considerado testaferra de Juan Carlos I. El cobro de las supuestas comisiones de Arabia Saudí trascendieron en una grabación a la examante del rey, en la que hablaba sin tapujos del dinero que, supuestamente, ha recibido el monarca en forma de comisión ilegal.
En el audio, que grabó el excomisario y exmiembro de la denominada ‘policía patriótica’, José Manuel Villarejo, Larsen relataba los supuestos negocios opacos del rey Juan Carlos en los que, según afirmaba, fue utilizada como testaferro. Villarejo se reunió en Londres hace cinco años con Larsen y grabó la conversación en la que, además de las comisiones por el AVE, la aristócrata menciona un terreno en Marruecos a su nombre, que también atribuye al rey emérito, así como las cuentas en Suiza.
Allen de Jesús Sanginés-Krause
El empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause está detrás, según la Fiscalía, de algunos de los gastos en que incurrieron Juan Carlos I, Sofía de Grecia y algunos nietos de los reyes eméritos sufragados con tarjetas de crédito cubiertas con fondos de los que los reyes eméritos no eran titulares.
Las últimas diligencias abiertas por Anticorrupción sobre los vínculos del monarca con el mexicano remiten directamente a la Fundación Zagatka, la sociedad instrumental creada en Liechtenstein, y propiedad del primo del rey, que supuestamente utilizó Juan Carlos I desde 2003 para canalizar el cobro de comisiones ilegales. Sanginés-Krause compró en 2016 a OHL un resort de lujo en México del que siete años antes salieron 4,6 millones de dólares rumbo a la cuenta de Zagatka.
Asunción de diligencias de la Fiscalía del Tribunal Supremo relativas al Rey Emérito by El HuffPost on Scribd
La Fiscalía sospecha que los gastos de Juan Carlos I y parte de su familia fueron sufragados de forma irregular durante años por Sanginés-Krause, antiguo directivo de Goldman Sachs y poseedor de una de las mayores fortunas de México. Los gastos corresponderían a viajes, estancias en hoteles, tratamientos médicos, clases, restaurantes y otras partidas de carácter ordinario.
En esta nueva trama, el empresario mexicano se habría valido de otro testaferro, el coronel del Ejército del Aire y asesor de Zarzuela, Nicolás Murga, quien supuestamente, se encargaba de recibir las facturas del monarca y pagarlas con dinero proporcionado por Sanginés-Krause. Así, Juan Carlos I se habría estado beneficiando de esta estructura durante los años posteriores a su abdicación al trono, en junio de 2014, por lo que podría ser acusado de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Nicolás Murga
La Fiscalía investiga si Nicolás Murga, oficial del Ejército del aire, pudo servir como testaferro para ocultar a Hacienda el dinero que supuestamente transfirió el magnate mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause a Juan Carlos I, según informaciones de algunos medios. El rey emérito habría dispuesto del dinero para gastos personales y familiares mediante el uso de tarjetas opacas para él y su familia.
Murga se convirtió en la sombra de Juan Carlos I, a quien atendió como asistente personal, siempre atento a lo que el rey emérito pudiera necesitar. Se le ha podido ver junto a Juan Carlos I en varios viajes y actos oficiales. Él era quien le llevaba el bastón y le agarraba del brazo cuando tenía dificultades para caminar.
Según las diligencias de Anticorrupción reveladas por algunos medios, el entramado era un operativo de ingresos no declarados a través de las tarjetas. Los Borbón y Grecia habrían podido cometer un posible delito fiscal, algo que requiere un fraude superior a los 120.000 euros al año, el límite a partir del cual se comete este delito.
Los gastos que están investigando, y que presuntamente fueron abonados por el coronel Murga, corresponden a los efectuados en los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, cuando el rey Juan Carlos ya había perdido su inviolabilidad constitucional como jefe del Estado, por lo que las diligencias podrían no acabar en punto muerto.
