Queipo de Llano: ¿dentro o fuera de la Macarena?

Gonzalo Queipo de Llano fue un general golpista, el hombre de Francisco Franco en Andalucía, un criminal de guerra con un currículum bien pegajoso de sangre: a él se le atribuye la muerte de al menos 14.000 civiles durante la contienda civil -sólo en Sevilla, donde en el primer trimestre tras el alzamiento hubo más de 3.000 fusilados- o el plan de la llamada desbandá, una carnicería por mar y aire contra los refugiados que escapaban de Málaga a Almería en febrero de 1937 y que dejó como mínimo 5.000 asesinados. Hasta la Guerra de Yugoslavia, Europa no vio una cosa igual.

El teniente general de caballería murió el 9 de marzo de 1951, en plena dictadura. Con los suyos al mando y siendo él el dueño del cortijo -literalmente, uno robado a un republicano en la localidad de Camas-, llegaron los honores póstumos. Entre ellos, su propia sepultura: sus restos fueron trasladados a la Basílica de la Macarena de Sevilla, donde hoy aún descansan junto a los de su esposa, Genoveva Martí. Y en ese "aún" está la polémica: ¿debe mantenerse su enterramiento en un lugar privado pero abierto al público? ¿No supone conservar a la vista un símbolo fascista, algo que contraviene la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007? ¿De quién es la decisión, de la hermandad, de las administraciones?

Las preguntas se multiplican, enredando más la madeja ya de por sí vieja y espinosa, porque ahora hay una norma más que cierra el círculo, que obliga a tomar decisiones. Se trata de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, la más avanzada de cuantas existen en España para lograr el triple objetivo de verdad, justicia y reparación, un complemento al texto estatal cuyo artículo 32.4 dice:

El pasado martes, el vicepresidente de la Junta y responsable de las políticas de Memoria desde su Consejería de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, volvió a traer a primer plano la polémica al asegurar, durante la presentación del I Plan Andaluz de Memoria Democrática, que el Ejecutivo regional "actuará" si la hermandad de la Macarena no acata la ley. "Estamos trabajando para resolverlo; la ley, que por cierto fue aprobada sin ningún voto en contra del Parlamento, hay que aplicarla", remarcó. Unas declaraciones prudentes pero que lo remueven todo de nuevo, tan peliaguda es la situación cuando se trata de evitar un choque con una de las mayores instituciones sevillanas -más allá de lo puramente religioso- como es la Hermandad de la Macarena, la más numerosa de la ciudad (unos 13.000 hermanos).

Por si fuera poca esta nueva presión legal, el debate se amplía con la pelea del PSOE en el Congreso para que se exhume a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, en la Sierra de Madrid, y después de que Emilio Mola Vidal y José Sanjurjo Sacanell, dos de los líderes militares del golpe de Estado contra la Segunda República en 1936 que desembocó en la Guerra Civil, fallecidos ambos en la contienda, hayan tenido que salir de sus tumbas de Pamplona, donde estaban en un mausoleo desde 1961. El ayuntamiento que dirigen EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi (marca de Podemosen la ciudad) e Izquierda-Ezkerra lograron su exhumación y su traslado donde las familias decidieron.

Imposible no hacer paralelismos.

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¿Cómo es, de quién es?

La tumba de Queipo se encuentra a la sombra de la muralla donde ordenó fusilar a miles de sevillanos, dentro de la basílica macarena, en una capilla lateral. Su lápida ha sido modificada con los años, sustituyendo el título de "excelentísimo Sr. Teniente General" por "hermano mayor" y la fecha del golpe de Estado de 1936, por el escudo de la hermandad. No existen, desde 2009, alusiones fascistas en ella, pero el personaje que guarda sigue siendo el mismo.

La explicación básica que dan desde la hermandad a este pasar de los años sin que se haya movido la tumba es precisamente que Queipo está allí no como militar, sino como hermano mayor de honor -con su túnica macarena fue amortajado- y como fundador de la basílica. En 1936, la original iglesia de San Gil fue asaltada y las imágenes, protegidas en un lugar seguro. Pasado el tiempo, ganada la guerra, se planteó el levantamiento de un nuevo edificio por suscripción, una colaboración que Queipo reclamaba en sus arengas de Unión Radio Sevilla. Finalmente, fue inaugurado en 1949, con el general como padrino.

La exhumación depende, en última instancia, de la hermandad y, también, del Arzobispado de Sevilla, porque hablamos de un templo católico, pero con los años ha ido prevaleciendo el statu quo. Dieron otros pasos menores, como que desde 2011 la Macarena ya no lleva el fajín rojo del general Queipo, con el que procesionó durante décadas pero cuyo estado ya no permite lucirlo. Poco más. La pregunta es si ese título de hermano mayor es motivo suficiente para el "aforamiento" de un criminal de guerra, como se pregunta el periodista Diego Suárez, de la Cadena SER.

En la familia de Queipo -la otra parte que podría acabar con este asunto si decide llevarse los restos a otro lado- nunca han sido partidarios de cambiar las cosas. En una entrevista a varios de sus nietos en El Mundo, uno de ellos decía: "Lleva allí enterrado 66 años. La decisión de la familia es no remover esto, dejar que los muertos reposen, que ya tendrán allí arriba el juicio que les corresponda, que es el más justo". Por ahora, esa vía parece cerrada.

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Requerimiento sin respuesta

Nueve años después de que Queipo dejase de ser hijo adoptivo de Sevilla, en julio de 2016, el Ayuntamiento de la ciudad aprobó una moción que, además de condenar el golpe de estado de 1936, instaba a la hermandad a iniciar los trámites de exhumación y deshacerse, así, de este vestigio fascista. El texto, iniciativa de Izquierda Unida, fue aprobado por unanimidad, pero el punto sobre Queipo no logró ese cierre de filas: el PP lo rechazó y Ciudadanos se abstuvo. Literalmente decía que la tumba es "una clara ofensa para los familiares de las víctimas del franquismo y para el conjunto de las y los demócratas".

El alcalde, el socialista Juan Espadas, que ha seguido la misma postura de pies de plomo de la Junta, ha confirmado ya en varias ocasiones que, tras esta votación, se ha puesto en contacto tanto con la Macarena como con el Arzobispado para que se den por enterados de la decisión y decidan qué hacer. Por ahora no tiene respuesta. En la archidiócesis se limitan a reconocer que sí, que les llegó el documento del Ayuntamiento, y que siguen estudiándolo. "La Iglesia desea fervientemente que no se quiebre el consenso logrado en la Transición política, que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, y sigue dispuesta como entonces a propiciar el diálogo, el perdón, la reconciliación y la convivencia en paz entre todos los españoles, superando los odios y rencores que tanto daño han hecho históricamente a nuestro pueblo", explican. Es la cita oficial, inamovible por ahora.

Los hermanos mayores macarenos que han tenido que afrontar el debate en los últimos años, Manuel García y José Antonio Fernández, han dicho públicamente que cumplirán la ley si tienen que hacerlo. Lo que no ha habido es proactividad por su parte.

Tras ese contacto desde el Ayuntamiento, y de forma callada, se ha abierto un proceso de negociación a cinco bandas (entre el consistorio, el Gobierno de Susana Díaz, la archidiócesis, la hermandad y la familia Queipo) para intentar que desencalle el asunto. En paralelo, siguen su curso dos informes jurídicos, uno encargado por la hermandad y otro por la Junta, para aclarar cómo se pueden aplicar las leyes a este caso. Por muy claro que parezca el articulado, surgen dudas. Como dice la administración autonómica, los restos "no son ni un símbolo, ni un bien ni un elemento". Es un enterramiento, "y todo el mundo merece uno", repiten no pocos cofrades en los foros. Fuentes de la Dirección General de Memoria Democrática explican que hace falta un desarrollo normativo (procedimientos generales, decretos, órdenes) que afine cómo proceder en un caso único en la comunidad.

Que se exhume al general fascista o no se verá en poco mucho tiempo, ahora que la norma hace fuerza. Ninguna decisión, eso parece claro, contentará a todos, en una ciudad dividida entre los que hablan de historia, de equidistancia, de "dejar las cosas como están", y quienes defienden un paso de responsabilidad y compromiso con la memoria de las víctimas. Lo que dice la ley.