Qué va a hacer la Oficina del Español de Ayuso y Cantó

La Oficina del Español recién creada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el actor y político Toni Cantó al frente, surge como una novedad en el panorama plurilingüístico español, aunque cuenta con algunos, pocos, precedentes en otras comunidades autónomas.

Las cunas del castellano, La Rioja y Castilla y León, cuentan desde hace años con instituciones asimilables a la flamante oficina de la Comunidad de Madrid, pero en general lo que existen son entidades de distintos rangos impulsadas desde el nivel autonómico para promocionar y difundir el resto de lenguas, incluso variantes no reconocidas como oficiales.

La nueva entidad madrileña busca la promoción de la región como capital europea del español, el impulso de oportunidades económicas en este ámbito, la colaboración con entidades locales o internacionales para poner en valor el español y la gestión de informes y encuentros, entre otros propósitos.

El Gobierno de Madrid aún no tiene planificado cómo funcionará esta nueva Oficina del Español, aunque rechaza el calificativo de “chiringuito”, ya que aseguran que “no hay estructura”.

Según han indicado a Efe fuentes del Ejecutivo regional, aún se está concretado la estructura de este nuevo departamento, que seguramente se nutra de los efectivos de la propia Consejería de Cultura, pero no han desvelado todavía más información sobre el funcionamiento del mismo.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que lleva dos años anunciando que quería crear dicha oficina para defender el español. El deseo de Ayuso es que esta nueva oficina tenga tanta repercusión como para que, por ejemplo, el Día de la Hispanidad “sea más que un simple desfile” o que el Día del Español sea “más que un solo día”, y que cada vez más generaciones conozcan “la suerte” de haber heredado el conocimiento y el dominio del español.

También ha recalcado que su función será la defensa del español frente a las comunidades autónomas como Cataluña, Navarra, País Vasco o la Comunidad Valenciana en las que, según ha afirmado, “está siendo atacado” a la hora de acceder a los servicios públicos y en los distintos colegios de esas regiones.

A la vista de estos objetivos, el primer precedente similar, aunque orgánicamente en un plano diferente, se remonta a 1998 en La Rioja, cuyo Gobierno impulsó la creación de la Fundación San Millán de la Cogolla, de carácter privado, sin ánimo de lucro y cuyo presidente de honor es el rey, aunque la gran mayoría de su financiación procede del gobierno regional y la presidencia ejecutiva de su patronato corresponde al presidente autonómico.

Entre sus objetivos figura investigar, documentar y difundir los orígenes de la lengua castellana y la utilización de las nuevas tecnologías para la difusión y actualización del castellano en el mundo.

En 2007 fue la Junta de Castilla y León la que creó la figura del Comisionado del Presidente para la Lengua Española, con el objetivo de canalizar todas las iniciativas, actividades, programas y estrategias tendentes a la promoción del idioma y a la proyección de la región como lugar de aprendizaje del español para estudiantes extranjeros.

Este Comisionado tiene rango de director general y sus funciones las asume normalmente el director general de Políticas Culturales.

Esta comunidad también creó, hace 20 años, la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, con sede en Burgos, participada por la Junta, universidades públicas, capitales y diputaciones, entre otras instituciones, para difundir y promover el uso y conocimiento del español y el apoyo a la formación del profesorado de español.

Sin embargo, aparte de estos, la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid no tiene precedentes similares en la iniciativa de más comunidades, aunque sí hay distintas instituciones con participación autonómica en el ámbito del resto de lenguas del país.

En Cataluña se encarga de este cometido una dirección general, la de Política Lingüística, y hay un Consorci per a la Normalització Lingüística, creado a partir de la voluntad de la Generalitat y de numerosos ayuntamientos, comarcas y diputaciones de facilitar el conocimiento, el uso y la divulgación de la lengua catalana en todos los ámbitos.

Existen también la Plataforma por la Lengua (catalana), que es una iniciativa privada y que actúa en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, pero que orgánicamente no depende del Gobierno catalán; el Institut d’Estudis Catalans, y el Institut Ramon Llull, desde 2002, del que forman parte, además de la Generalitat, el Govern Balear, el Ayuntamiento de Barcelona y otros valencianos. Este año tiene un presupuesto de 10,1 millones de euros.

El Govern balear dispone también de otro órgano de fomento del uso de la lengua catalana y de la cultura de las islas que es el Institut d’Estudis Baleàrics, y, además, ha creado una Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos contra vulneraciones de la normativa relativa al catalán.

En la Comunidad Valenciana existe desde 1998 la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que es la institución normativa del valenciano y encargada también de promover el uso social de esta lengua, para lo cual ha elaborado obras como el Diccionari normatiu valencià, con más de 93.000 términos.

En Euskadi tampoco hay una institución pública similar a la Oficina del Español madrileña, pero sí existe la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, fundada en 1918, que se encarga de investigar y formular las leyes gramaticales del euskera, promover su uso y velar por los derechos de la lengua.

Esta centenaria institución mantiene un convenio de colaboración con el Gobierno Foral de Navarra para normalizar y colaborar en el desarrollo, estudio e investigación del euskera, para lo que el Ejecutivo foral aporta 190.000 euros.

Varias de esta instituciones reciben transferencias del Estado, entre otros del Ministerio de Ciencia e Innovación, que este ejercicio destina 311.380 euros al Institut d’Estudis Catalans, la misma cantidad a la Real Academia Galega y 220.000 euros a la Real Academia de la Lengua Vasca.

A su vez, algunas comunidades sin lengua oficial han abordado el tema lingüístico de distintas maneras, como Asturias, que cuenta con una Dirección General de Política Lingüistica para promover el uso del asturiano con un presupuesto de unos dos millones de euros, y Canarias, donde existe desde 1999 la Academia Canaria de la Lengua, dependiente del Gobierno regional, para cuidar, investigar y difundir la variedad insular del español.

Con un presupuesto este año de 100.000 euros, entre otras cosas edita periódicamente en papel el Diccionario Básico de Canarismo.

Andalucía, donde no hay ningún centro u oficina como la madrileña, acaba de aprobar 100.000 euros para subvencionar acciones culturales y actividades dirigidas a los descendientes de andaluces afectados por procesos de inmersión lingüística, que promuevan el mantenimiento, promoción y difusión de sus raíces culturales y lingüísticas, realizadas por comunidades andaluzas y sus federaciones, asentadas en el exterior.

En Cantabria existe el Centro Universitario CIESE, Fundación Comillas, impulsado por el Gobierno regional, que ofrece cursos de español y un grado oficial en estudios hispánicos, un máster y estudios de posgrado a distancia.