¿Qué pasa si Artur Mas no paga la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas?

"Si usted mira los votos a favor de la independencia, no llegaron pero estuvieron cerca de 2 millones de votos. Sólo con que las personas que dijeron que sí en ese momento ayuden tan sólo un poquito, no es necesario ayudar mucho, sólo un poco, el tema está resuelto".

Así pedía dinero en la televisión pública catalana Artur Mas, expresidente de la Generalitat, a sus votantes el pasado 6 de septiembre. Una imagen que, como recuerda este vídeo, recordaba a aquella colecta que reclamaba Lola Flores en los 80 para saldar sus deuda con Hacienda.

Pero en esta ocasión no es Montoro quien está detrás de la deuda de Artur Mas, sino el Tribunal de Cuentas, que el pasado 25 de septiembre impuso una fianza de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en el 9-N, la consulta de 2015 declarada ilegal y promovida por el gobierno de Mas.

La cantidad se corresponde con 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

El expresidente no está solo en esta aventura fiscalizadora de su gestión. Lo acompañan sus exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco funcionarios del Govern de entonces, que han de responder solidariamente a la cantidad exigida por aquel organismo.

Según explica Luis Díaz-Ambrona, socio de LEAN y abogado del Estado en excedencia, la fianza solidaria "es una medida preventiva para cubrir las responsabilidades que se decreten después del procedimiento. La responsabilidad de pagarla es de todos los que están encausados. Si uno no puede hacer frente a ella, su parte la tienen que poner sus compañeros".

El pasado 16 de octubre el expresident depositó 2,2 millones, recaudado por las entidades independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana. Posteriormente, sumó 200.000 euros más y pidió ampliar el plazo para abonar los casi tres millones restantes. Ese plazo acababa el 16 de noviembre a las 23.59 horas.

Según un escrito presentado este jueves por los abogados de Mas, el expresidente ha abonado otros 400.000 euros y quiere pedir una semana más para reunir lo que falta.

¿Qué ocurre si Mas y el resto de los encausados no lograran reunir el dinero hasta completar los 5,2 millones?

Según Díaz- Ambrona, "a los implicados en el procedimiento se le embargarían sus bienes hasta una cifra que cubra la diferencia que existe entre lo que ya se ha depositado y la responsabilidad total". Y si, aún así, los bienes no llegan a los 5,2 millones exigidos, ¿qué sucedería?

"Todos los bienes quedan embargados a la espera de lo que se decida en el procedimiento, que puede ser que confirme esa cantidad o que sea menos o que sea ninguna porque se considere que no ha habido ese alcance a las cuentas públicas", explica Díaz-Ambrona.

"Si cuando acabe el procedimiento del Tribunal de Cuentas", continúa, "se considera que ha habido ese daño, se procede entonces a la subasta de los bienes hasta la cantidad que cubra. Y si, subastados todos los bienes, no se llega a cubrir la responsabilidad, los procesados quedarían insolventes pero no tendrían pena de cárcel".

En ese caso, Mas evitaría la cárcel porque la fianza impuesta es de responsabilidad civil, no penal. "El Tribunal de Cuentas no puede imponer penas privativas de libertad porque no enjuicia delitos sino responsabilidad contable de autoridades y funcionarios", puntualiza Díaz-Ambrona.

Pero, como advierte Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia, si quedara algo por abonar, el expresident "tendría que seguir pagando con cualquier sueldo o ingreso que tuviera en el futuro".

Durante el tiempo extra solicitado, los letrados de Mas pretenden "gestionar la presentación de garantías suficientes, bien en modo de aval bancario, bien, con carácter de último recurso, las tasaciones de los inmuebles" de los presuntos responsables. Aseguran que Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau ya están procediendo a tasar diversos inmuebles de su propiedad, por si fueran necesarios "como último recurso" para llegar a cubrir la fianza.

Así lo explicaba el propio Mas en una entrevista con Radio Euskadi este miércoles: "Los que estamos involucrados en este tema tenemos ya nuestras casas, nuestros pisos tasados y, si no hay más remedio, las tendremos que poner como garantías".

El escrito recuerda que el nuevo ingreso de 400.000 euros "'obedece a la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente". E insiste al Tribunal de Cuentas que haber ingresado ya 2,8 millones demuestra su voluntad de hacer frente a estos abonos "a la elevada cuantía de las liquidaciones provisionales"', que ven absolutamente injustificadas al considerar que no hubo malversación ni infracciones contables.

Además, los abogados pretenden trasladar la responsabilidad de los gastos del 9-N a las pólizas de responsabilidad civil que la Generalitat tenía contratadas en noviembre de 2014 y que deberían asumir la cobertura del riesgo y "constituir las fianzas pertinentes". Sin embargo, la aseguradora entiende que "el siniestro declarado está excluido de la cobertura de la póliza".

Aunque, para empeorar el horizonte económico de Mas, según fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por la cadena SER, no está previsto que se conceda otra semana tras la prórroga de 15 días que acaba de concluir.