Todo lo que tienes que saber si estás hecho un lío con el caso del 8M y la Guardia Civil
Informes policiales y forenses, escritos de la Abogacía, recursos, una imputación...
Aunque hayan pasado más de 3 meses, el día 8 de marzo sigue en boca de todos, acaparando titulares y recibiendo críticas y alegatos de defensa. La manifestación del Día de la Mujer en Madrid, celebrada una semana antes de declararse el estado de alarma, está en el punto de mira de la Justicia, la Guardia Civil, los ciudadanos y la oposición, que cuestiona la gestión del Gobierno en cuanto a la pandemia del coronavirus y su responsabilidad al haber permitido la concentración feminista.
Una causa abierta en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, que imputó al propio delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Pero finalmente la causa ha sido archivada provisionalmente por la jueza Carmen Rodríguez-Medel al no encontrar indicios de delitos tras escuchar al investigado y a los testigos.
Pero entre tanto informe, escritos, recursos, nombres e idas y venidas, es normal perderse. Esto es todo lo que tienes que saber sobre el caso 8M:
¿Qué es lo que ha pasado?
Todo comenzó el pasado 25 de mayo, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe máximo de la Guardia Civil por “pérdida de confianza” después de que éste no le comunicase que había remitido al juzgado un informe sobre las manifestaciones del 8M. Al día siguiente dimitió el adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil.
En un primer momento, Marlaska desvinculó el cese de De los Cobos con el informe y señalaba que se trataba de una “reconstrucción de nuevos equipos”. Negó varias veces durante los días siguientes haber tenido conocimiento de ese informe.
Pero según una nota “reservada” de la Guardia Civil, la directora del cuerpo, María Gámez, admitió que el cese se había hecho por pérdida de confianza. Posteriormente, Interior lo reconoció, alegando que se perdió esta confianza al no haber comunicado las actuaciones de la investigación del 8M, pero no por el contenido del informe.
El informe remitido al juzgado fue elaborado por la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y concluye que no se debería haber celebrado ninguna concentración en la Comunidad de Madrid desde el 5 de marzo con motivo de la crisis sanitaria.
En el escrito se señala haber “constatado que la Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de manifestaciones y reuniones en fechas previas a la declaración del estado de alarma”.
La jueza utilizó ese informe de la Benemérita para basar su imputación al delegado del Gobierno por permitir la marcha del 8-M.
Una vez el informe se hizo público, se comprobó que recogía informaciones tergiversadas, versiones sin contrastar, especulaciones sobre la propagación del virus, bulos, fechas incorrectas o afirmaciones basadas únicamente en noticias de Ok Diario.
De hecho, según publicó El País, los convocantes de varias manifestaciones que habían sido canceladas en esas fechas desmintieron que hubiesen sido presionados por el Gobierno para suspenderlas, como denunciaba el informe. Además, no constan recomendaciones oficiales para los países que detectaran “transmisión comunitaria” (contagios entre personas sin vínculo con zonas de riesgo) antes de la convocatoria feminista.
Por otro lado, la revista Redacción Médica también comunicó en su web que el informe contenía una de sus publicaciones “sacada de contexto” sobre si Fernando Simón conocía el peligro de este tipo de concentraciones.
La magistrada encargada del caso y la que encargó el informe es Carmen Rodríguez-Medel. En enero, su nombre fue uno de los que resonaba como nueva directora de la Guardia Civil, puesto al que al final accedió María Gámez. Por sus manos pasó el caso máster, con Cristina Cifuentes y Carmen Montón, y estuvo a punto de acabar con la carrera de Pablo Casado llevándolo al Tribunal Supremo.
A principios de junio, la Guardia Civil entregó un segundo informe a la jueza. En este, sugiere que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, oculta información clave sobre el conocimiento que tenía el Gobierno de la pandemia antes de las manifestaciones del Día de la Mujer. Aunque lo asegura sin presentar ninguna prueba.
Este documento, en línea con el primer informe pese a los errores ya señalados, critica retrasos de entrega de información y ocultación. Eso sí: la juez ha rechazado en varias ocasiones imputar a Simón. En este segundo informe se insiste con los mismos argumentos que las autoridades sanitarias ya sabían la gravedad de la pandemia antes del 8M. Incluye también como prueba las palabras off the record que pronunció antes de una entrevista la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Tras el vídeo, Montero ha defendido que ella acudió a la manifestación con su hija, otra prueba de que no conocía la gravedad de la situación. En una entrevista en La Sexta, Montero ha puesto en contexto estas declaraciones del vídeo filtrado el día después del 8 de marzo, y ha recordado que “hasta el propio movimiento feminista” reconocía que el descenso de las cifras en la movilización se produjo por el coronavirus.
“Fui al 8M con mi hija. Creo que eso demuestra que no teníamos la información actual”, ha justificado la ministra de Igualdad, que ha reivindicado la actuación del Ejecutivo central a la hora de tomar medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus. En este sentido, ha admitido que si el Gobierno “hubiera tenido la información que se tiene en la actualidad”, se hubieran tomado otras decisiones respecto a la cancelación de eventos y manifestaciones masivas, como es el caso de la del 8-M, que está siendo incluso investigada por un juez.
Uno de los informes forenses remitidos al juzgado del caso afirma que “la hecatombe en España” que ha devenido en la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus “se veía venir” desde semanas antes del 8 de marzo y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, conocían la situación.
“Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque ‘a posteriori’ es más fácil de analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe sobre epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, como afirmó una destacada dirigente en una entrevista”, explica el forense, sin especificar a qué dirigente se refiere.
Así consta en el segundo informe forense firmado por el médico forense Julio Lorenzo Rego, con fecha de 8 de junio. El problema es que Rego no se sabe si Rego es experto en epidemias, de hecho en su web se define como “médico psicoterapeuta” y describe que está especializado en ansiedad, fobias, depresiones o problemas emocionales. Conocido también por su participación en conferencias de los Legionarios de Cristo y cuya hermana fue una de las terapeutas multadas por sus cursos para curar la homosexualidad, según ha publicado El Plural.
El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, fue imputado por prevaricación por haber autorizado la manifestación del 8 de marzo una semana antes de que se declarara el estado de alarma. En su declaración ante la jueza.
Franco aseguró este miércoles ante la jueza que “no había ningún elemento” que le llevase a “cancelar un derecho fundamental como la manifestación del 8M” y que ha actuado “conforme a la ley”. “En lo que ha consistido mi declaración ha sido en dejar claro que mi actuación ha sido conforme a la ley y a las noticias de los expertos”, ha aclarado. Después de todo esto, dice, lamenta “que no podamos estar hablando hoy en positivo de la salida de la crisis, del Ingreso Mínimo o de los ERTE y que tengamos que estar con este tema”, ha lamentado.
En este sentido, ha dicho que se ha limitado a “declarar” como Delegado del Gobierno en Madrid y como ciudadano. No se considera responsable del aumento de cifras. “No me considero responsable. En aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir el 8M y por supuesto no está acreditado que el incremento que hubo del día 9 tuviesen que ver con el día 8″, ha dicho.
¿Cuál era la postura de la Abogacía del Estado?
Este lunes la Abogacía del Estado presentaba un recurso ante la jueza Rodríguez-Medel, en la que pedía que se archivase la causa contra Franco, cosa que la jueza rechazó. En el documento, acusa a la jueza y a los agentes de la Guardia Civil implicados de impulsar una investigación sin indicios de delito y “con tendencia a ser una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria”. Señalan que “la instrucción tenía por objeto, no investigar indicios de delito, sino encontrarlos”.
La Fiscalía se pronunció por primera vez el lunes en la misma línea, pidiendo el carpetazo del caso y alegando la indefensión del investigado. El ministerio público incide en que Franco no prevaricó y critica que la jueza no concrete qué resolución emitió el delegado del Gobierno “cuya ilegalidad haya que valorar”. “No resultaría razonable exigir al delegado del Gobierno que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo”, señala el recurso.
Además, el ministerio público atribuye a la magistrada cierta “incoherencia” al abrir la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid y no en cada una de las autonomías.
¿Quién convocó la manifestación y qué han dicho?
Las convocantes solicitaron la autorización de la manifestación hacia finales de febrero y, tras 48h de plazo en las que la Delegación del Gobierno puede recurrir, la concentración queda autorizada.
Desde la ‘Comisión 8M’ lanzaron un comunicado en el que señalaban que “las crisis ponen de manifiesto lo que estaba latente, debajo de la alfombra”. Creen que el 8M se ha convertido en “la excusa para un discurso reaccionario que trata de opacar lo que ya era invisible”. Además, denuncian haber sufrido durante las últimas semanas “acoso por parte de quienes estaban intentando manipular la realidad con informes falsos y maniobras políticas”. Algunas de ellas, dicen, han sufrido “prácticas que se saltan las garantías de derecho”. Afirman haber sido “presionadas” para declarar en pleno estado de alarma y haber sido “señaladas con nombres y apellidos”.
¿Qué ha decidido la jueza?
Finalmente, la jueza Rodríguez-Medel ha decidido archivar la causa provisionalmente al no ver suficientes indicios de delito.
La jueza concluye tras las diligencias de investigación practicadas que Franco “no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones” entre el 5 y el 14 de marzo.
