Los escenarios que enfrenta Pablo Iglesias

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, está a la espera de que el Tribunal Supremo decida si abre o no una causa contra él y pide permiso al Congreso de los Diputados para investigarle, dada su condición de aforado. El cerco sobre el líder de Unidas Podemos se estrecha y una imputación dejaría tocado al jefe de filas de los morados.

La bofetada judicial del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a Iglesias resonó con fuerza este miércoles, porque le atribuyó presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito en el caso del robo del móvil de su exasistente Dina Bousselham. 

Iglesias está a las puertas de ser investigado, aunque tiene por delante en el Supremo un viacrucis con varios trámites. El entorno de Iglesias reconoce a este diario su incredulidad por el movimiento de García-Castellón. Nadie en el partido sabe cuál es la probabilidad de que su máximo responsable termine siendo investigado.

En el seno morado ha descolocado este último giro en la Audiencia Nacional, sobre todo después de que devolviera a Iglesias hace casi dos semanas su condición de perjudicado en el ‘caso Dina’. “Saben perfectamente lo que dijo la Audiencia Nacional hace dos semanas y saben perfectamente lo que va a decir el Tribunal Supremo”, ha advertido a senadores el vicepresidente segundo, quien considera inconcebible que el Supremo abra una causa contra él.

Lo peor que le puede pasar al vicepresidente segundo es terminar siendo condenado por un juez instructor en caso de que el Supremo abra una causa contra él. Cada uno de los cuatro delitos suponen penas de entre seis meses y cuatro años de prisión. 

El viacrucis en el Supremo

La Sala Segunda culmina la jurisdicción penal en España y el órgano competente para enjuiciar a los diputados, senadores y miembros del Gobierno de España que gozan de aforamiento, como es el caso del vicepresidente segundo del Gobierno. 

La Audiencia Nacional ya ha enviado al Supremo la exposición razonada. Y el alto tribunal la ha recibido este mismo jueves. Ahora, el asunto queda en manos del presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres, quienes han desginado como ponente a Palomo, quien redactará la resolución que expondrá ante el resto de la sala, compuesta por 12 magistrados. 

La Sala Segunda también ha pedido ya a la Fiscalía un informe para que se posicione. El ministerio público no tiene plazo para terminarlo y, además, no es vinculante. Cuando esté listo, el ministerio público lo remitirá a los magistrados de la sala para que decidan si se archiva o se admita a trámite la exposición razonada. Es decir, el momento en que el Supremo se pronuncie sobre si abre o no una causa contra Pablo Iglesias.

Si se abre la causa, un juez instructor (ninguno de los que conforman la sala) se ocupará del caso. En ese momento, el Supremo ya podría citar a Iglesias como investigado. Y, para ello, debe dirigirse al Congreso y solicitar un suplicatorio a la Cámara. No obstante, el vicepresidente segundo, por su condición de aforado, puede acudir voluntariamente a prestar declaración ante el juez.

Será el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien envíe a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, la petición a la Cámara para abrir la investigación. El Congreso trasladará ese requerimiento a la Mesa.

En caso de que el órgano de gobierno de la Cámara alcance un acuerdo, Batet enviará la petición del suplicatorio a la Comisión del Estatuto del Diputado, presidida por la también socialista Begoña Nasarre. Iglesias podrá exponer sus alegaciones en persona o por escrito. Una vez se haya manifestado, la Comisión redactará un documento que deberá votar el pleno en sesión a puerta cerrada Si los diputados lo apoyan, Batet enviará el suplicatorio al Supremo.

Podemos y su código ético

El código ético de Podemos compromete a los cargos públicos de la formación a renunciar a su puesto, también dentro del partido, o a cualquier candidatura a tales cargos “en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, la violencia machista, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores, los ecológicos y los urbanísticos”.

Cuando PSOE y Podemos arrancaron el motor del Gobierno de coalición, ambos constituyeron una Comisión de Seguimiento Parlamentario a través de la cual los socios deben consensuar y fijar la posición de sus grupos en las votaciones en la Cámara.

En caso de que la concesión del suplicatorio termine votándose en pleno, socialistas y morados se toparán con un elemento de fricción en el seno de la coalición. No existe ningún punto en el que la coalición paute cómo actuar en caso de que algún miembro del Gobierno sea imputado. Hasta este jueves, el presidente del Gobierno ha manifestado su “apoyo” a Iglesias.