¿Qué está pasando en Turquía?

Durante el pasado mes de febrero, tuve la oportunidad de visitar durante una semana el sureste de Turquía como representante española de la delegación internacional que visitó territorio turco y kurdo para comprobar in situ, y con el mayor de nuestros pesares, la grave violación de los Derechos Humanos que se está produciendo en la región.

"República bananera", le dijo Recep Tayyip Erdogan a Holanda, al tiempo que declaraba "persona non grata" a su embajador en Turquía. "Ha llegado el momento de denunciar el tratado de buena amistad entre nuestros países", añadió dolido, porque no era el primer país que le había hecho el feo de desbaratar la tournée europea para promocionar su referéndum del próximo 16 de abril.

En esta fecha se celebrará el referéndum para la ratificación de la reforma constitucional que quiere convertir Turquía en un sistema presidencialista de corte autoritario, en el que el presidente de la República se convierte en el jefe de gobierno que, a su vez, puede ser líder del partido mayoritario del Parlamento y que nombra a más de la mitad de los magistrados del Tribunal Constitucional y del órgano de gobierno de los jueces; la separación de poderes por los aires.

Sucede que el éxito de esta reforma que consiste en hacer una transición que parezca democrática hacia la no democracia, no lo ve claro el presidente Erdogan y, por ese motivo, no escatima en esfuerzos a la hora de promocionar el "Sí", tanto en el interior de Turquía como en los países en los que la diáspora es significativa. A la interna, el presidente ha conseguido dar con la mejor de las tácticas para barrer la oposición y la crítica política: la declaración del estado de emergencia para luchar contra el terrorismo desde que el 15 de julio de 2016 se produjera el intento de golpe de estado en Turquía.

Con el estado de emergencia en la mano, la cuarta parte de los jueces y fiscales han sido destituidos, se ha retirado la inmunidad parlamentaria a 154 diputados de la oposición y se ha encarcelado a 12, las detenciones -tortura mediante- se practican por cientos en un mismo día, más de 10.000 profesores han sido apartados de la docencia, se ha instalado la censura previa a los medios de comunicación, que cierran tan pronto informan sobre algo que el Gobierno considere inadecuado, etc, por no hablar de poblaciones bombardeadas y propiedades confiscadas.

Lo curioso es que estas medidas de emergencia afectan, sobre todo, al movimiento kurdo. A pesar de que la supuesta autoría del golpe se adjudicó al movimiento gullenista -cosa que Fetullah Güllen siempre ha negado- , es la acusación de connivencia con el movimiento kurdo PKK, lo que subyace en la mayor parte de esas actuaciones del estado turco que han puesto en acción al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Comité para la Prevención de la Tortura, a la Comisión de Venecia, al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, etcétera.

Una pieza simbólica en esta guerra preelectoral contra el PKK es su líder, Abdullah Öcalan, preso en la cárcel de máximo aislamiento de Imrali. Tan aislado se le mantiene que sus abogados no han podido visitarlo en cinco años; la última visita que recibió fue la de su hermano, por espacio de una hora, el 11 de septiembre de 2016. Ese día Öcalan reiteró su voluntad de iniciar un proceso de paz con un alto el fuego de su organización pero, desde entonces, nada se sabe de él ni de sus condiciones porque, a toda autorización de visitarlo, el Estado reacciona, como mucho, con un 'No'. Conviene recordar que fue precisamente durante la vigencia de un proceso de paz que duraba dos años, entre 2013 y 2015, cuando el HDP, partido pro-kurdo de Turquía, consiguió entrar en el Parlamento turco haciendo perder la mayoría absoluta al partido gobernante, AKP.

Si en el interior de Turquía la actuación del Estado se ha centrado en abolir masa crítica, esconder la que queda y ocultar los abusos como forma, si no de engrosar la lista de partidarios, sí al menos la de abstencionistas, de cara al exterior el Gobierno ha diseñado una serie de actos en los países europeos donde los inmigrantes de ciudadanía turca son numerosos y entre quienes el voto al AKP suele ser proporcionalmente mayor que en tierra turca.

El descomunal enfado del presidente turco con las autoridades del país que estaba a punto de desbaratar la victoria del populismo xenófobo y eurófobo de Wilders, le ha llevado a anunciar que debe ser revisado el contenido del pacto sobre la lucha contra la inmigración clandestina entre Turquía y Europa, que no es otro que el acuerdo de la vergüenza que convirtió a Turquía en la gendarme para que los miles de refugiados de la guerra en el oriente medio no entrasen en Europa.

Y es que el desprecio europeo por los valores humanitarios y las normas internacionales de refugio y asilo que este pacto contenía, parecía conceder cierta bula a Turquía para violentar derechos humanos sin que fuera reprendida por ello. La verdad es que la forma en la que Europa ha mirado hacia otro lado mientras el Estado turco batía récords de vulneración de derechos humanos es pavorosa.

No tenemos que olvidar que la presión turca logró que se aprobara el veto del Bureau (con el apoyo de demócratas catalanes y miembros del partido popular español) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a que se debatiera sobre la situación de los derechos humanos en Turquía, un debate que había sido propuesto y aceptado por dos comisiones parlamentarias y apoyado por más de la mitad del Pleno.

La abrupta negativa de Holanda a que una ministra turca entrara en el país para reunirse con partidarios del 'Sí' al referéndum, unida a la cancelación de este tipo de actos por razones de seguridad en Alemania, Austria, Suecia y Suiza -no así en Francia, donde sí se celebró el encuentro- es una forma de mostrar que, con la excusa de la realpolitik, no todo vale. Que así sea.