¿Qué está pasando con las oposiciones de Enseñanza?

El pasado día 23 de junio miles de opositores nos enfrentamos a la tan temida parte A del concurso-oposición para ingresar en el Cuerpo de Profesores de Enseñanzas Medias (Secundaria y FP). Las circunstancias de cada opositor son muy variadas, tanto por trayectoria profesional como por situación personal y, por supuesto, no todos habíamos estudiado lo mismo. También son heterogéneas las propias pruebas: puesto que las competencias en educación están transferidas a todas las Comunidades Autónomas desde el año 2000, cada una de ellas determina el número de plazas y el modelo de examen; se trata de 17 procedimientos administrativos diferentes, aunque este año se decidiera que todos coincidieran en un único día D.

Para el que no esté familiarizado con este proceso selectivo, quizá sea algo confuso, por lo que conviene aclarar que consta de dos fases: oposición y concurso, la primera de las cuales se divide, a su vez, de dos partes. La parte A, la que asusta de verdad, se compone de la resolución de un ejercicio práctico relacionado con el contenido de la especialidad (comentarios de texto en mi especialidad, Lengua española y Literatura o, por ejemplo, problemas para los aspirantes a profesores de Matemáticas) y el desarrollo de un tema de entre varios elegidos al azar. Estudiar menos de 35 o 40 temas conlleva un alto riesgo, pues te puedes encontrar ante un papel en blanco sin tener nada que poner. De todos modos, la verdadera prueba de fuerza son los ejercicios teórico-prácticos, ya que requieren, no solo saber al menos la mitad del temario al dedillo, sino haberlo pasado y asimilado al completo (72 temas) y poder aplicar estos conocimientos.

Además, en mi especialidad, es importante haber leído mucho y bien, puesto que es el único modo de aumentar las posibilidades de reconocer los textos que te van a poner delante. El contenido y la ponderación de estos ejercicios prácticos varía de una comunidad a otra: en Madrid representan el 70% de la nota de la parte A, en Castilla-La Mancha se hace media aritmética entre tema y prácticos, en Castilla y León el tema tiene mayor peso (el 60%). Además, en algunas Comunidades Autónomas, concretamente en Madrid, los ejercicios propuestos tienen la cualidad de ser delirantes. Este año el examen práctico de Lengua y Literatura constaba de tres textos, con varias preguntas cada uno, entre ellos un texto no literario de un cronista del siglo XVII que dejó noqueados a gran parte de los opositores, por las dificultades de datación que presentaba. Tiempo: tres horas y media.

Conmigo fueron bastante menos sádicos: cinco textos breves, de los que había que elegir dos, cada uno con una única pregunta. Me pareció fácil. Después del suspenso rotundo que había obtenido en Madrid en 2016, me había preparado para lo peor, a pesar del clima de optimismo generalizado que se respiraba este año, que preconizaba que los exámenes iban a ser fáciles porque había muchas más plazas que en convocatorias anteriores. Ese tipo de pensamiento mágico según el cual nos iban a regalar una plaza a todos ha sido, al final, la perdición de muchos. Conviene sentir temor y temblor ante la oposición si quieres superarla.

Lo que me encontré distaba mucho de mis pesadillas: autores conocidos, preguntas concretas y fácilmente comprensibles. Tiempo: 2 horas. No hace falta ser filólogo para comprobar que el grado de dificultad varía mucho entre comunidades. Probablemente, en función del número de opositores por plaza, pero también podríamos valorar aquí la voluntad de cada Consejería de contratar personal o de seguir alimentando la cada vez más cuantiosa plantilla de interinos, que ya representa el 20% de los docentes (media nacional).

Al salir del Instituto, muchos lloraban en la puerta, no necesariamente porque les hubiera salido mal, sino porque la tensión que suponen estas pruebas no es similar a ninguna otra que haya padecido. Me uní a los llorones cuando vi a una opositora abrazar a sus dos hijas pequeñas. Por ella y por mí, porque sabía que, aunque consiguiera superar esta oposición, me quedan años seguir preparando exámenes y de itinerar por distintos centros de toda Castilla-La Mancha. El tiempo mínimo entre que una novata como yo accede como interina hasta que consigue plaza como funcionaria de carrera suele ser de seis años. Aquí también hay diferencias entre comunidades: en Madrid hay interinos que jamás han aprobado la oposición y se incorporan a sustituciones o vacantes cuando se agotan las listas ordinarias conformadas por los que han aprobado en algún proceso selectivo de los últimos 10 años. En Castilla-La Mancha, si nunca has aprobado no hay posibilidad de trabajar, quizá por eso el examen sea más razonable.

El 2 de julio publicaron los resultados. Pasaba a la parte B y ya me veía como interina en el curso 2018/2019. Comencé a preparar inmediatamente las pruebas de aptitud pedagógica, que representan la mitad de la puntuación de la fase de concurso: la presentación oral de una programación anual y de una unidad didáctica. Mientras echaba (muchas) horas en estos documentos, oía rumores de un creciente malestar entre los opositores, primero en las redes sociales y, finalmente, en los medios de comunicación tradicionales. No podía detenerme mucho en lo que se decía por los mentideros, tenía que seguir peleando la nota, pero los rumores se convirtieron en gritos de "¡Tongo!".

Tongos y escabechinas

Estos dos sustantivos han aparecido recurrentemente en los artículos de prensa y en telediarios en los que aparecían opositores denunciando un sistema injusto y opaco. ¿Lo es? Sí. También lo era antes del 23 de junio y a nadie parecía preocuparle. Las concejalías informan de las fechas, lugares y criterios de calificación de las pruebas solo unos días antes de las primeras pruebas. Estos criterios son excesivamente vagos, más allá de las penalizaciones por ortografía. Si no has hecho nunca el examen y no has contado con las orientaciones de preparadores u otros opositores, probablemente estarás perdido. Esto se hace obvio sobre todo en el tema: una eminencia en determinada materia puede suspenderla si no plasma su saber en un escrito ordenado, con índice, introducción, epígrafes concisos pero completos, conclusión y bibliografía.

No terminar los exámenes suele ser otro motivo de suspenso; se interpreta como una mala gestión del tiempo. Aquí ya estoy siendo mucho más concreta que los criterios de evaluación que se ofrecen. Todos sabemos que los tribunales emplean rúbricas para corregir, pero estas son legendarias: nadie las ha visto nunca, salvo a los que alguna vez les ha tocado ser tribunal. Está prohibida su circulación. La opacidad es real y solo se puede soslayar con un buen preparador que oriente al opositor sobre el formato y los contenidos concretos que se valorarán. No suele ser barato.

En este punto conviene aclarar en qué consiste la fase de concurso: la puntuación obtenida en las diferentes pruebas de la fase de oposición se ve radicalmente modificada por el efecto de los puntos del baremo, que valoran los méritos del opositor, a saber, formación académica, formación complementaria y, sobre todo, puntos de experiencia. Las X primeras personas con las mejores notas tras la ponderación obtendrán plaza como funcionarios de carrera; para el resto, vuelta a empezar y suerte en 2020. Esto es así porque la docencia no es una ciencia exacta, por mucho que algunos pedagogos nos intenten convencer de ello, sino que es más similar a un arte, que se va puliendo tras años de estudio y, sobre todo, en el ejercicio de la profesión. El buen docente nunca debería dejar de estudiar (no necesariamente oposiciones, sino todo lo que le sea provechoso para el aula) ni de someter su práctica a una constante autoevaluación.

¿Es injusto el sistema de concurso-oposición? No, al menos no de forma inherente, porque consta de varias pruebas y también tiene en cuenta los méritos del aspirante. El problema no está en la forma del proceso selectivo, sino en el uso que las diferentes administraciones hacen de él. Durante los años de crisis se han estado convocando oposiciones para un número de plazas ridículas: en Madrid, en 2012 se saltaron la convocatoria; en 2014, para mi especialidad, convocaron 30, y al año siguiente 7. Las necesidades de profesorado seguían siendo las mismas, puesto que los docentes no dejaron de jubilarse en estos años, de modo que, un mecanismo (la interinidad) diseñado para situaciones concretas (como por ejemplo, la sustitución de una baja) se convirtió en un recurso fácil y barato para cubrir lo que en realidad eran puestos fijos o plazas. Resultado: aumento exponencial de los interinos en las plantillas, con la consecuente rotación de personal que, en última instancia, perjudica a los alumnos que cambian de profesor con frecuencia, con plazos de espera en los que la materia se deja de impartir porque no hay nadie designado por la Consejería para ello. Estos mismos interinos generan un tapón en las listas que dificulta el acceso a nuevos docentes.

Las dos últimas convocatorias han sido más generosas en cuanto a plazas, pero algunas Comunidades se han amoldado muy bien a la política restrictiva de la crisis y lo que convocan no es sino un trampantojo de oposiciones: el número de plazas ofertadas termina por ser irrelevante, porque en muchas ocasiones no se cubren. La crisis ha amainado, pero las mañas institucionales perduran porque los interinos son mucho más baratos. La interinidad se ha convertido en la ETT de la educación pública.

En este contexto, insisto, el problema no son las pruebas en sí, sino la perversión del proceso de selección, que da lugar a una inequidad sin precedentes. Para empezar, el número de opositores que se presenta cada año es altísimo, puesto que los interinos deben seguir presentándose año tras año. También se genera una heterogeneidad a mi juicio nada positiva entre los aspirantes: una persona que se ha presentado y aprobado la oposición cinco veces tiene los mismos derechos y condiciones laborales que otra que ha aprobado una vez hace diez años o incluso no ha aprobado nunca. Ambos son interinos, sin más. También la situación en divergente por comunidades autónomas, por ejemplo, Castilla-La Mancha hace la gracia de echar en junio a los docentes interinos para volver a contratarlos en septiembre, a menudo para la misma vacante que llevan cubriendo varios cursos sin que esta se llegue a ofertar nunca como plaza.

La cuadratura del círculo se consigue con un examen de un nivel altísimo, particularmente en Madrid, con el que poder justificar que los opositores no dan la talla y por tanto no pueden ingresar en el sistema y, de paso, deslegitimar la educación pública, haciendo ver que su plantilla está constituida poco menos que por una panda de analfabetos. Es curioso que la mayoría de las personas calificadas con suspenso en julio en septiembre vayan a estar metidas en el aula. Si yo fuera madre me preocuparía esta situación.

A río revuelto...

Las reacciones a toda esta lastimosa situación no han sido, por lo general, del agrado de muchos opositores entre los que me incluyo, a excepción del magnífico artículo del profesor Carlos Fernández Liria (recomiendo vivamente la lectura de su libro Escuela y Barbarie, para entender este asunto en toda su complejidad).

Se han constituido diversas plataformas para denunciar, primero, la "escabechina" en los exámenes y, después, que todo el sistema está corrupto, los tribunales comprados y cualquiera que no haya suspendido es un enchufado. Los sindicatos, por su parte, han propuesto que se modifiquen las pruebas de modo que no sean eliminatorias y que la parte A se reduzca a un test, para lograr así una corrección más objetiva. Es curioso que le den tanta importancia a la prueba de aptitud pedagógica, puesto que al ser oral es claramente la más subjetiva, mientras que las pruebas escritas se pretendan reducir al mínimo. Quizá esto tenga que ver con que uno de los motivos de suspenso frecuente sean las faltas de ortografía, causantes de muchos ceros, puesto que cada una de ellas conlleva una penalización en todas las especialidades. La propuesta de los sindicatos pretende reducir la oposición al dominio de una jerga pedagógica que, casualmente, se aprende muy bien en los cursos de formación que ellos mismos ofertan.

En cuanto a los medios de comunicación que se han interesado por el asunto, el nivel de desinformación que han provocado ha sido escandaloso. Para empezar, la mayoría parece no entender que se trata de procesos autonómicos y no un único procedimiento estatal. No he oído mentar diferencias entre comunidades, que las hay y muchas, como he ido exponiendo. Se ha tendido a hacer extensibles los datos de Madrid a toda España, cuando las condiciones de las pruebas y los porcentajes de aprobados han sido bien distintos (en mi especialidad, los aprobados de la parte A en Castilla-La Mancha son el 35%, mientras que en Madrid el 13%, por ejemplo).

Pero lo peor, es que se ha dado pábulo a determinadas ocurrencias que desacreditan no solo el proceso o las prácticas de las administraciones, sino que dan la imagen de que tanto esta como casi cualquier otra oposición es una especie de tómbola grotesca en la que solo puede obtener resultados algún opositor morrudo conchabado con un tribunal maligno. Esto parece improbable teniendo en cuenta que los opositores son asignados al azar a un tribunal compuesto por cinco miembros también elegidos al azar, cada uno de los cuales lee el examen y hace una corrección independiente de los otros cuatro mediante un procedimiento de plicas que asegura el anonimato de los opositores. Las sospechas infundadas parecen ser del gusto de periódicos tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político: por diferentes motivos, ninguno parece querer perder la ocasión de desprestigiar la enseñanza pública y sus funcionarios. En este sentido, recordemos que los miembros de los tribunales, vilipendiados y tildados de corruptos, son también docentes en activo.

Unos pretenden reducir la enseñanza pública a algo tan precario que nadie quiera llevar allí a sus hijos si puede permitirse un colegio concertado o privado; esta es la tan cacareada libertad de elección de los padres. Otros pretenden igualar por abajo la calidad del profesorado, lo cual no deja de ser otra forma de degradar la institución. Salen perdiendo los opositores que ponen esfuerzo y tesón en preparar sus exámenes, para, en muchas ocasiones, ver que sus condiciones laborales no variarían en nada si no hubieran tocado un libro y se hubieran limitado a firmar. Pero sobre todo, pierde el alumnado, el gran olvidado en toda esta polémica, al que se le van a asignar docentes que pueden ser muy valiosos o no, porque no se ha comprobado de manera efectiva. Eso sí que es una tómbola.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs