¿Qué está fallando con la Ley del sólo sí es sí?

La ley estrella del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, apenas mes y medio después de entrar en vigor, se ha convertido de un día para otro en un tremendo dolor de cabeza para el Gobierno. Y amenaza con agravarse.

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del sólo sí es sí, se ha topado con una polémica que ha provocado un revuelo político inmenso: al menos cuatro condenas por delitos sexuales han sido revisadas y sus penas rebajadas amparándose en la nueva tipificación delictiva de la ley.

Particularmente grave ha sido el caso de un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 13 años, que fue condenado a ocho años y cuya pena ahora ha sido rebajada a seis.

También se ha rebajado de ocho años y nueve meses a seis años y nueve meses la pena a un hombre que abusó de su sobrina de 4 años; y de casi siete años a un año y medio a un profesor que abusó de cuatro alumnos menores.

Estos cuatro casos, que se conocieron ayer martes, generaron un auténtico revuelo en las redes sociales y provocaron la reacción inmediata del Ministerio de Igualdad, que a través de Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, señaló a la acción de los jueces asegurando que la ley no era el problema y que los magistrados estaban “creando inseguridad a las mujeres” con sus decisiones.

Pero al lío judicial se sumó el político. En los pasillos del Senado, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, apuntaba a la necesidad de modificar la norma porque “evidentemente, este no era el objetivo de la ley, todo lo contrario”. Tesis que ha apoyado este mismo miércoles otra ministra, la de Educación, Pilar Alegría, quien además es portavoz del PSOE.

Preguntada por esta posibilidad abierta por el sector socialista de la coalición, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha preferido no pronunciarse. En su lugar, ha acusado a los jueces de no estar “cumpliendo con la ley”. “Naciones Unidas ya nos alerta de esta situación, nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia. Y que ese machismo haga que los jueces apliquen erróneamente o de forma defectuosa la ley”.

Además, la titular de Igualdad ha mostrado su acuerdo con las palabras que ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Indonesia, donde se encontraba en la reunión del G-20.

Porque lejos de abrir la puerta a una modificación de la ley, el jefe del Ejecutivo la ha defendido como “una ley de vanguardia que va a inspirar a otras leyes” y ha pedido esperar a conocer la doctrina del Tribunal Supremo y de la Fiscalía sobre este asunto. “Hay que dejar trabajar a los jueces”, ha pedido Sánchez, preguntado por si comparte las acusaciones de Podemos a los magistrados.

Desde el PP, en boca de su portavoz en el Senado, Javier Maroto, han tildado esta ley de “chapuza” del Ejecutivo, al que han acusado de “favorecer a los agresores” que “tienen suerte con el Gobierno de Pedro Sánchez e Irene Montero”.

Llegados a este punto, ¿qué ha pasado para que los jueces estén rebajando penas a agresores sexuales? ¿Ha fallado el Gobierno en la elaboración de la ley o están fallando los jueces?

Fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por El HuffPost niegan que se haya producido “una rebaja generalizada de las penas” e insisten en señalar la interpretación que hacen los jueces de la ley.

Recuerdan que el tipo básico que antes se refería a los abusos sexuales y que ahora es de agresión sexual ha pasado de estar castigado con penas de uno a tres años o multa de 18 a 24 meses, a penas de uno a cuatro años. Un castigo que aumenta con los agravantes que contempla la ley, que llevan las penas a máximos de hasta 15 años de prisión.

Critican que algunos jueces, como en el caso del padrastro que abusó de una chica de 13 años, no aplicaran esos agravantes —en este caso, de superioridad— para ampliar la condena y que se limitaran a aplicar la pena más pequeña.

En este ejemplo tan flagrante se aplicó el artículo 181 de la ley, referido a los delitos sexuales sobre menores de 16 años, que indica que en caso de acceso carnal sin violencia o intimidación, la pena es de 6 a 12 años de prisión.

He aquí donde está el problema, ya que con el anterior Código Penal, el castigo era de 8 a 12 años.

Como explica a este rotativo el magistrado Joaquim Bosch, de Jueces y Juezas para la Democracia, en este caso se aplica el principio de retroactividad de la ley más favorable al condenado.

De tal modo que, al haber sido condenado este agresor a 8 años, la Audiencia Provincial de Madrid, a petición del abogado del condenado, decidió aplicar la nueva ley, que rebaja su pena a 6 años.

“Si no hay agravantes u otras consideraciones, la regla es que se aplica la pena mínima”, explica Bosch, quien asegura que hay “dos criterios” para ver cuál es la ley más favorable para el reo.

El magistrado asegura que este primer criterio, el de aplicar automáticamente la ley más favorable, se va a repetir mucho en las próximas semanas y que “vamos a ver muchas rebajas de pena y salidas de prisión”.

El otro criterio, indica Bosch, es aplicar la disposición transitoria quinta, que permitiría mantener la condena del agresor intacta, sin rebajar.

El problema de fondo es que cada juez y cada fiscal tiene un criterio propio, porque no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo ni de la Fiscalía General del Estado.

Desde el Ministerio de Igualdad reclaman a la Fiscalía que emita una circular aunando criterio para que los fiscales se ciñan a ella.

Para conocer la doctrina del Supremo, que será fundamental para resolver este asunto, habrá que esperar a los recursos que se presenten ante el Alto Tribunal sobre estas revisiones de pena.

Y Bosch advierte: “Como diga que es el criterio de aplicación automática, va a salir toda esta gente de prisión o se les va a rebajar los tipos de condena”.

Un problemón para un Gobierno al que ya ha respondido el Poder Judicial a través de un comunicado en el que critica las palabras de Irene Montero contras los jueces.

Bosch, sin embargo, no cree que los jueces “estén haciendo ninguna barbaridad”. “Aplican lo que consideran que es la norma más favorable. Yo comprendo que en el Gobierno confiaban en un criterio que ha aplicado el Supremo en el pasado y que creían que era aplicable en este caso”.

Desde el Ministerio reconocen a El HuffPost que esperaban que con la nueva ley, que amplía la horquilla de penas, los jueces aplicasen los agravantes que permitiese aumentar las condenas. “Pero no están siendo aplicados, están siendo ninguneados”, se quejan.

El juez Bosch aclara que “esto se tiene que hacer cuando se dictó la sentencia”. “Lo que no puede hacer el tribunal es cambiar la sentencia que se dictó e incorporar agravantes”, asegura. “Uno puede criticar la sentencia que se dictó, pero lo que no puede es defender que se modifique por vía de revisión. No es culpa de los tribunales que están modificando las condenas a la baja”.

Preguntados por si debería cambiarse la ley, desde Igualdad admiten que tendrán “que ver con el tiempo” si se puede o no “hacer alguna corrección”. Pero insisten en que “los hechos bien interpretados, con este Código Penal, conllevan una pena que en absoluto es menor”.

Algunas voces jurídicas echan en falta que la ley incluyese una disposición transitoria que limitase la revisión de las penas o que indicara el criterio a seguir. Desde Igualdad explican que limitar la revisión de penas “rayaría lo inconstitucional”, aunque reconocen que se podría haber incluido algún elemento “corrector”. Pero insisten en que una orden de la Fiscalía ayudaría a aplicar bien la norma.

La otra queja desde el Ministerio es la falta de educación en materia de violencia de género de los jueces, algo que “no se corrige con el BOE”.

″¿Alguien pensaba que con aprobar reforma del código penal se iba a acabar al justicia patriarcal? No somos tan ingenuas. Acaba de empezar la pelea”, ha dicho Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad, en el Congreso.

Bosch coincide en que “hace falta una mayor implantación de la perspectiva de género en el ámbito judicial”, pero no cree que este sea el caso. “No me parece un caso de machismo ni de perspectiva de género, sino de interpretación estricta de en qué consiste la norma más favorable, que es un tema muy discutible jurídicamente”.

En este sentido, el magistrado cree que la crítica de Montero “es legítima” pero que “debería realizarse con argumentos jurídicos”. “No contribuye a un debate colectivo informado”, asegura.