¿Qué es un aforado?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que va a proponer al Congreso de los Diputados una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos y espera llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas para aprobarlo en 60 días una vez se tramite en las Cortes.

Una palabra que muchos en la política utilizan, ¿pero qué significa? La condición de aforado supone que una persona, por su cargo o profesión, es juzgada por un tribunal superior y no por el que le correspondería como ciudadano.

El aforamiento en la Constitución afecta a la Casa real, al presidente y los miembros del Gobierno y a los diputados y senadores. Además, se aplica los miembros del ámbito judicial en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los cargos autonómicos recogidos en los estatutos de autonomía.

La Constitución establece que la responsabilidad criminal del presidente y los miembros del Gobierno será exigible ante el Tribunal Supremo (artículo 102), al igual que se tendrán que derivar a éste las causas contra diputados y senadores (artículo 71).

Respecto a la casa real, el artículo 56 de la Constitución establece que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Es el máximo grado de protección. A raíz de la abdicación del rey Juan Carlos I, se hizo una reforma exprés de la ley del Poder Judicial para aforar también a la reina Letizia, la princesa de Asturias y los monarcas eméritos.

Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

En total, en España hay sobre 250.000 aforados, según los datos aportados el año pasado en el Congreso por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto -17.603- pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos...).