¿Qué es la Ley de Seguridad Nacional que el Gobierno se plantea aplicar en Cataluña?

Por si fuera poco con el debate en relación a un posible nuevo 155 en Cataluña, un “nuevo” actor legal ha entrado en escena. Se trata de la Ley de Seguridad Nacional (LSN), un texto jurídico reciente cuya aplicación maneja ahora el Gobierno “si la situación lo requiere”. Y que, aunque no se creó con fines de control autonómico, puede encajar en el contexto catalán por su contenido.

Pedro Sánchez anunció el pasado martes 1 de octubre, coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum ilegal, que su Ejecutivo, pese a estar en funciones, podría aplicar sin problemas el Artículo 155 de la Constitución. Desde entonces no ha descartado ni esta “ni ninguna otra vía” para controlar la situación en Cataluña.

La publicación de la sentencia del Tribunal Supremo al ‘juicio del procés’ el pasado lunes 14 ha agravado un panorama ya de por sí complicado en las calles y principales vías catalanas. En los últimos tres días se han registrado numerosos enfrentamientos violentos entre policía y manifestantes que han sumido a la comunidad en el caos entre balances de heridos, detenidos y destrozos. Y al hilo de los hechos, se han multiplicado las voces pidiendo contundencia al Gobierno.

Entre ellas, las de Pablo Casado y el resto del PP, que han vuelto a pedir a Sánchez aplicar la Ley de Seguridad Nacional, una norma para la que se pusieron de acuerdo PP y PSOE hace cuatro años. Su entrada en vigor se la llegó a plantear el Gabinete de Mariano Rajoy antes de aplicar la Carta Magna en 2017.

¿Qué es esta la Ley de Seguridad Nacional?

Es una norma de ámbito estatal aprobada en 2015 por acuerdo de PP y PSOE -junto a UPyD en el Congreso- con el objetivo de “garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales” y “proteger la libertad, derechos y bienestar de los ciudadanos”. Para ello, recoge su título preliminar, se aplicará “a las diferentes Administraciones Públicas”.

¿Equivale a la aplicación del Artículo 155 de la Constitución?

No. La principal diferencia es que la ley no suspende la autonomía ni las competencias regionales. Además, es mucho más rápida de llevar a efecto. Mientras el 155 implica un requerimiento previo al presidente de la Generalitat, su debate y aprobación en el Senado -ahora sería su Diputación Permanente- y el posterior Consejo de Ministros para delimitar su extensión, esta norma tiene un procedimiento sencillo.

Se declara mediante Real Decreto del presidente del Gobierno. Una vez hecho, el propio Sánchez tendría que dirigirse al Congreso para dar noticia de su aplicación y posteriormente, de la evolución de los hechos que lo causaron.

Otra diferencia: el artículo 155 da el poder el Gobierno, mientras que la Ley plantea “en su caso” el nombramiento de una “autoridad funcional” con la “determinación de sus competencias” de coordinación. Esta autoridad funcional llevaría, en el caso catalán, a que el Gobierno o el órgano que determine, controlase el funcionamiento de los Mossos d´Esquadra, como han requerido diversos líderes de la derecha.

No recoge nada en relación a suspender las competencias

Otra diferencia; la LSN da especial importancia al Consejo de Seguridad Nacional, al cual “convocará el presidente del Gobierno” para que “ejerza las funciones de dirección y coordinación de la gestión” de la situación.

La norma marca más distancias con el famoso 155 al no recoger en ningún punto referencias a una potencial suspensión de competencias o autonomía. En cambio, el texto aprobado en 2015 sí cita “la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”. En otro punto requiere “la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno”, No obstante, no se recoge en ningún artículo nada sobre la suspensión de competencias o autonomía.

Tras su aprobación parlamentaria, la LSN superó un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat, que fue rechazado de forma unánime por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2016.

¿Qué debe incluir la Ley de Seguridad Nacional?

Para que Pedro Sánchez la adopte mediante Real Decreto, su texto debe incluir unos requisitos básicos recogidos en el articulado original. En primer lugar, definir cuál es el motivo que la origina, determinar el ámbito geográfico afectado, la duración de su vigor y, en su caso, la posible prórroga. Todo ello, con el ya mencionado nombramiento -“en su caso”- de una autoridad funcional de la que deberá darse detalle de sus competencias.

¿Qué apoyos tendría el presidente si toma esta decisión?

Principalmente, el del Partido Popular, porque Pablo Casado la ha solicitado recientemente. Si Sánchez accediera, se volvería a la situación parlamentaria de 2015, con los dos grandes bloques en el Congreso y en el Senado otra vez de acuerdo. Entre el apoyo y la oposición, Ciudadanos, que sigue insistiendo en aplicar el 155 porque esta norma “es insuficiente”, a juicio de Albert Rivera, que quiera “destituir a Quim Torra” por encima de todo. La oposición dura a la que tendría que enfrentarse Sánchez lo forman Unidas Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias ve la LSN como “una absoluta irresponsabilidad”, el bloque catalán y nacionalista y el resto de fuerzas de izquierdas, como ocurrió en el debate de 2015.