¿Veremos a Putin sentado en el banquillo?

Muchas son las voces que acusan a Rusia de crímenes de guerra tras salir a la luz la matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, lo que lleva a plantearse si Putin acabará sentado en el banquillo. Un interrogante sobre el que intenta arrojar luz, en una entrevista con Efe, el catedrático de Derecho Internacional Ángel Sánchez Legido.

Pese a la máxima latina “Inter arma enim silent leges” (Cuando las armas hablan, callan las leyes), atribuida a Cicerón, en la guerra “no todo vale”, advierte este profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Desde finales del siglo XIX, el derecho internacional recoge una serie de normas que regulan el comportamiento de los beligerantes en los conflictos armados.

Pero un paso “fundamental” en el proceso de afirmación de la responsabilidad penal por la violación de “las leyes de la guerra”, según este catedrático, fue la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en virtud del Estatuto de Roma de 1998, un órgano formado por representantes de 123 Estados con competencia de carácter general y no limitada a un territorio o un conflicto determinado.

Investigación en marcha

Casi 40 países, entre ellos España, han presentado una demanda colectiva contra Rusia en la CPI por crímenes de guerra en la invasión de Ucrania, después de que el fiscal jefe, el británico Karim Khan, decidiera abrir una investigación.

“Se está en una fase inicial, pero el fiscal ha considerado que hay elementos suficientes para que la Corte empiece a ejercer”, precisa este experto, que considera que su jurisdicción es “absolutamente indiscutible” en este conflicto.

Y es que a pesar de que Ucrania no firmó el Estatuto de Roma, en 2013 aceptó la competencia de la Corte respecto de los crímenes de guerra que se pudieran cometer en su territorio, explica.

Crímenes de guerra de libro

El catedrático asegura que hay toda una serie de conductas que se están desarrollando en el marco del conflicto armado en Ucrania en las que hay “fortísimos indicios” de que se están cometiendo crímenes de guerra.

¿Cómo se demuestra? Los medios de prueba son los mismos que los de cualquier otro procedimiento judicial, con las dificultades de que se está inmerso en un conflicto armado. En definitiva, se trata de determinar las circunstancias concretas en las que se cometieron los hechos.

Tomando como ejemplo la matanza de civiles de Bucha, indica que las imágenes de satélite pueden arrojar constatar la fecha exacta en la que ocurrieron las muertes o si los cadáveres estaban en las calles cuando los soldados rusos abandonaron la zona. Además, a través de exámenes forenses, se puede establecer si los fallecidos tenían las manos atadas a la espalda antes de que les disparasen.

A su juicio, es “evidente” que en Bucha se han cometido “gravísimos actos contra la vida y la integridad de personas protegidas en un conflicto armado”, que son aquellas que no participan directamente en las hostilidades.

Respecto a los ataques a la maternidad de Mariupol “habrá que valorar si, como esgrime la parte rusa, se estaba utilizando como una instalación que pudiera ser considerada objetivo militar o, por el contrario, como todo parece apuntar, se seguía usando como centro sanitario y las tropas rusas lo sabían”.

“Las ejecuciones que al parecer se han cometido en Bucha o los ataques deliberados contra la población civil en Irpin o en Mariupol son crímenes de guerra de libro”, zanja.

¿Una orden de detención ilegal contra Putin?

Conforme avancen las investigaciones, tanto en la determinación de los hechos como de los posibles responsables, el siguiente paso, señala, podría ser la emisión de una orden de detención internacional contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por parte de la CPI. “Y todo parece apuntar a que va a llegar más pronto que tarde”.

Según detalla, el derecho internacional penal establece la responsabilidad del superior militar o civil (el líder) por los crímenes cometidos por sus subordinados, pero para acreditarlo es necesario comprobar que, o bien esa persona dio la orden o bien, sabiendo de su existencia, no adoptó las medidas para impedirlo.

“Es imposible que las autoridades rusas no conozcan” lo que está ocurriendo. El que Putin o el ministro de Defensa estén en Rusia “no excluye que no sean responsables de la comisión de esos crímenes en territorio ucraniano”.

No obstante, advierte de que la eficacia de la actuación de la CPI va a depender de cómo termine el conflicto.

“Para que funcione es necesario que los responsables sean derrotados”, señala este experto, y añade que el cumplimiento de las órdenes de arresto de Putin “solo es imaginable en el caso de que la situación acabe derivando en un cambio de poder en Rusia”.

Y aunque espera que el presidente ruso pueda ser algún día juzgado, recalca que verle sentado en el banquillo es “muy difícil” mientras esté en el poder.