PSOE y Unidas Podemos acuerdan 'in extremis' sus propuestas conjuntas para la reconstrucción

El PSOE y Unidas Podemos han acordado ‘in extremis’ sus propuestas conjuntas para la Comisión de Reconstrucción, cuyo plazo de registro acababa este jueves por la tarde, según han informado a El HuffPost fuentes de ambas formaciones.

Las citadas fuentes señalan que, “en esencia, el acuerdo alcanzado en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica responde a la necesidad de paliar las consecuencias del covid-19”.

Las líneas del acuerdo son las directrices de los diferentes Consejos europeos, el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos, así como con el resto de acuerdos de investidura, además de la Mesa de Diálogo entre patronal, sindicatos y agentes sociales.

Antes de mandarlas al registro de la Cámara, se ha enviado el documento a todas las fuerzas parlamentarias “con la voluntad de alcanzar acuerdos”.

Entre las medias acordadas entre los dos socios, apuntan las fuentes están:

- Asegurar la financiación de las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos sociales, acercándonos a una inversión educativa y sanitaria que converja con la media europea.

- Reforzar el sistema de garantía de ingresos mediante el desarrollo del Reglamento del Ingreso Mínimo Vital, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad cuya cobertura debe garantizarse en todo caso, así como un diseño del mecanismo de estímulo al empleo para asegurar la eficacia de este ingreso en su función de inserción social.

- Orientar, en el marco del diálogo social, las políticas de empleo a la eliminación de la brecha de género en el empleo y la ocupación y, en consecuencia, la brecha salarial.

- Se promoverá un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluya una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, que permite reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Se debe, asimismo, desarrollar una legislación del trabajo corresponsable, que incluya la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.

- Estudiar la posibilidad de extender la duración de, entre otras medidas para paliar los efectos de la Covid, las moratorias de desahucios, la imposibilidad de corte de suministros y el apoyo al pago de deudas relacionadas con la vivienda, para evitar impagos y desahucios que podrían dejar a muchas personas y familias en situaciones de extrema vulnerabilidad.

- Impulsar medidas contra el racismo y la xenofobia, con especial incidencia en los delitos de odio, atendiendo a las recientes recomendaciones de Naciones Unidas, que instan a los gobiernos a adoptar nuevos planes de acción para abordar la ola de racismo y xenofobia provocada por la covid 19.

- Estudiar medidas para contener las subidas abusivas de alquiler con carácter temporal, excepcionalmente, y en zonas urbanas de mercado tensionado.

- Elaborar un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas. Dicho Plan, que tendrá una duración de cuatro años, tendrá como objetivo la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética, la reducción de la factura de la luz y la accesibilidad, así como actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural.

- Impulsar la actuación y la coordinación de todas las administraciones en el marco de sus competencias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones institucionales frente a la violencia contra las mujeres.

- Impulsar la consolidación de la respuesta institucional para la protección de los derechos de las personas LGTBI.

- Evaluar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia con el fin de detectar posibles mejoras en su funcionamiento y una mayor eficiencia en el impulso de la autonomía personal, con especial atención al sistema de cuidados y a la atención en las residencias.

- Incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas. Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión de forma coordinada con las Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial.

- Universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 en condiciones de equidad.

- Elaboración, en el marco de diálogo social y con perspectiva de género, una propuesta legal sobre el  teletrabajo, que recoja entre sus previsiones el reconocimiento de nuevos derechos, como el derecho a la desconexión, a la formación continua y a la organización del tiempo de trabajo de la persona trabajadora con garantía para el empresario.

- Completar la digitalización del territorio, de banda ancha y móvil, y promover un despliegue territorialmente inclusivo de las infraestructuras y servicios 5G.

- Reducir la brecha fiscal con Europa. Nuestro país tiene unos ingresos fiscales sobre PIB más de siete puntos por debajo de la media de la Zona Euro. Esto supone decenas de miles de millones de euros cada año que no se pueden invertir en fortalecer nuestro estado del bienestar o nuestro modelo productivo. Para reconstruir social y económicamente nuestro país, es indispensable reducir esta brecha.

- Avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre y progresividad de nuestro sistema fiscal, de manera que permita mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes (tanto para personas físicas como jurídicas), con el fin de que aporten más quienes más tienen para que reciban más quienes más lo necesitan.

- Estudiar en el marco jurídico vigente la posibilidad (a) de permitir a entidades locales saneadas y con bajo nivel de deuda el uso de parte de su superávit o remanente de tesorería en la aplicación de medidas concretas, (b) de destinar además a los ayuntamientos una parte de los fondos europeos.

- Lograr un Pacto por la Ciencia y la Innovación para incrementar la inversión total en I+D+I hasta la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura.

- Aumento de las partidas destinadas a proyectos de investigación, especialmente en las líneas estratégicas del plan de reconstrucción del país.

- Apostar por la cultura como un sector estratégico en el modelo productivo y el modelo social.

- Reforzar con carácter urgente a la Atención Primaria para asumir funciones de vigilancia y epidemiología de campo frente al COVID-19.  La Atención Primaria precisa una inyección rápida e inteligente de recursos humanos y también tecnológicos.

- Organizar una red nacional de depósitos de reserva de material sanitario estratégico (materiales de protección, EPIs, mascarillas, sustancias desinfectantes, instalaciones de camas de UCIs, respiradores automáticos, etc.), distribuido por el territorio, en coordinación con las CCAA para prevenir su caducidad, incorporando su utilización y reposición al funcionamiento regular de los servicios sanitarios.

- Priorizar la compra a fabricantes españoles y coordinar la creación de esta reserva con el impulso público al levantamiento de la capacidad industrial local que nos permita fabricar estos materiales a alto ritmo en situaciones de emergencia.

- Aumentar los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud. Con carácter general, aumento del total de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar al menos la media europea en porcentaje del PIB estabilizado al final de la legislatura. Todo el incremento se destinará a sanidad pública de gestión directa.