“Nosotros tenemos cacerolas y ellos fusiles”: los chilenos explican por qué se han echado a las calles

“Te pido disculpas por la demora. Estamos todo el día en la calle y fue difícil sentarse a escribir”, se excusa Javiera López, estudiante de 24 años y ex secretaria general de la Federación de Estudiantes Universidad de Chile, en un correo electrónico a El HuffPost.

Javiera es una de los miles de chilenos que llevan una semana en las calles gritando, entre otras, consignas como “no son 30 pesos, son 30 años”. Porque lo que comenzó como una protesta por la subida de 30 pesos (4 céntimos de euro) en el billete de Metro ha ido a mucho más. “La movilización no fue por el alza, fue por más de 30 años de abusos a nuestras familias que hoy viven sometidas a la deuda y la miseria”, denuncia.

Chile cumple siete días bajo toques de queda y estado de excepción en nueve de sus regiones, que declaró su presidente, Sebastián Piñera, ante las protestas masivas del pueblo. Desde entonces, han muerto 19 personas y se ha detenido a más de 2.400, según el Ministerio del Interior. Y si los primeros días el foco se puso sobre la violencia y el vandalismo de los manifestantes, ahora son la represión y el uso excesivo de la fuerza policial los que están en el punto de mira.

De las 19 muertes declaradas, al menos cinco se atribuyen a los agentes del Estado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, un organismo independiente de derecho público, está tramitando estas denuncias y otras 12 por violencia sexual por parte de los agentes. La propia Michelle Bachelet, alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, anunciaba este jueves que había decidido “enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Chile”.

Este vídeo, grabado en la calle General Mackenna en Valparaíso este jueves, 24 de octubre, muestra cómo los carabineros pegan con porras a la gente que simplemente pasa por ahí.

Curiosamente, las revueltas surgieron con el gesto de unos estudiantes colándose al Metro sin pagar, lo que en Chile se conoce como evadir o evasión, para protestar por el aumento del precio del Metro, que pasaba a costar 830 pesos (algo más de 1 euro). “El Metro es el transporte más utilizado en Santiago, la capital, y aunque a los estudiantes no les afectaba este alza, empezaron a evadir y las evasiones se hicieron masivas”, explica Macarena Segovia, periodista chilena del diario El Mostrador. 

Al Gobierno le gustaron tan poco estas “evasiones” que el viernes 18 de octubre decidió cerrar las seis líneas de Metro en Santiago, y el castillo de naipes empezó a desmoronarse. “Las personas tardaron más de tres horas en volver a sus casas y ante las protestas en todas las comunas, por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, Piñera invocó la Ley de Seguridad del Estado y dictó Estado de Excepción, el Ejército quedó a cargo de la seguridad interna y civil en la ciudad. Al día siguiente, se restringió el libre tránsito, con toques de queda nocturnos”, cuenta Segovia a El HuffPost. 

Hubo barricadas, saqueos y muchas detenciones, y Piñera declaró que Chile estaba “en guerra” y que los manifestantes eran “el enemigo”, afirmaciones que seguramente ahora le pesan. Es cierto que a los dos días pidió perdón y tomó medidas: anuló la subida del billete de Metro y anunció una agenda social para reformar el sistema de pensiones, la salud y los medicamentos, los ingresos mínimos y las tarifas eléctricas. Pero, para los chilenos, no es suficiente. El miércoles se convocó una huelga general y muchos ciudadanos ya piden la dimisión de Piñera. 

A los estudiantes se unieron “jubilados, pobladores, trabajadores del cobre, portuarios, profesores”, señala Javiera López; así hasta movilizar más de un millón de personas. “El problema pasó a ser estructural, ahora se cuestiona la injusticia social”, apunta el sociólogo chileno Matías Roberto Delgado.

“En Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet se implementó un sistema de Estado basado en la privatización, que fue profundizado durante la democracia”, afirma Macarena Segovia. “Es así como insumos y derechos básicos para la vida fueron entregados por el Estado a empresas privadas, es así como el 90% de las aguas en Chile son de privados, la salud también es privada en su mayoría y el servicio que entrega el Estado ha llevado a que muchas personas mueran esperando la atención médica”, asegura la periodista.

Lo mismo ocurre con las pensiones, administradas también por empresas privadas y que en la mitad de los casos no alcanzan el equivalente a 200 euros. “La desigualdad es tan grande que el 1% de la población concentra el 26% del Producto Interno Bruto, mientras que el sueldo mínimo es de 301.000 pesos chilenos [unos 370 euros]”, expone Segovia. Según los últimos datos de la OCDE, Chile ocupa el tercer lugar de los países ricos más desiguales del planeta, por detrás de Costa Rica y Sudáfrica. 

Macarena Segovia habla de “un cúmulo de frustraciones en la población, que en los últimos cinco años vio graves casos de financiamiento irregular a los representantes políticos y perdonazos a la evasión de impuestos de grandes empresas, mientras se endurecían las penas para delitos comunes”. Ese es el caldo de cultivo en el que se han ido germinando las protestas. “Es la respuesta a una profunda desconexión de la élite en Chile y a la deslegitimidad del sistema político y quienes lo administran”, sostiene. 

El discurso del sociólogo Matías Roberto Delgado va en la misma línea. “El modelo neoliberal chileno se caracteriza por acumular riquezas privatizando todos los aspectos de la vida y los derechos sociales, por eso en nuestro país la educación, la salud, la vivienda, las pensiones son manejadas por los grandes grupos económicos, creando un alto costo de la vida y un gran endeudamiento [que en abril alcanzó un máximo histórico]”, señala. “Si este malestar antes se solucionaba integrando a la gente mediante el consumo y la promesa meritocrática de la educación, esto ya no funciona”, sostiene. “La gente se siente abusada”.

Él también ha participado en las manifestaciones y en la huelga de este miércoles. Segovia, por su parte, no hizo huelga porque, como periodista, sintió “la responsabilidad de estar del lado de la información”. “Lo más importante es estar allí cubriendo, han ocurrido varias irregularidades, no hay cifras oficiales de muertos y heridos por el accionar de carabineros o militares, tampoco se está respetando el permiso a los periodistas para seguir en las calles, trabajando, durante el toque de queda, entonces es importante que los medios sigan funcionando”, defiende.

En lo que coinciden Javiera, Macarena y Matías es en que Chile no está en guerra. “Para ello se necesita un Ejército armado en ambas partes y yo no veo eso en mi reporteo en las calles”, defiende la periodista. “No podemos estar en guerra si nosotros tenemos cacerolas y cucharas y ellos fusiles”, apunta el sociólogo.

Ninguno de los tres tampoco había visto antes “una situación igual en el Chile posdictadura”. “Viví movilizaciones estudiantiles, por el agua, por las pensiones, pero nunca un estallido social tan grande y generalizado, menos aún había visto militares en las calles, el toque de queda no se daba desde 1987”, aclara Macarena Segovia. Javiera López, por su parte, cree que la culpa de tal movilización la tienen los jóvenes: “Somos parte de una nueva generación política que no carga con el miedo de la dictadura”.