Prostitución: ¿Qué dicen los partidos? ¿Por qué hay tanto debate? ¿Qué defienden las diferentes posturas?

El tema de la prostitución está a la orden del día: junto a los vientres de alquiler, se trata de uno de los temas que más divide al feminismo y que ha entrado de lleno en los debates sobre el 8M. Mientras algunas facciones del movimiento defienden que lo más efectivo es centrarse en lo que une y no en lo que divide y dejar este tema a un lado, otras defienden que el movimiento feminista es intrínsecamente abolicionista y se debe declarar como tal.

Este martes, el PSOE aprovecha el pleno del Congreso de los Diputados para forzar una votación sobre la prohibición de la prostitución en España, un tema en el que socialistas y Unidos Podemos difieren.

El grupo socialista llama a "seguir luchando decididamente contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual" y que este objetivo se "promueva" a través de la abolición de la prostitución. Pero, ¿cómo está la prostitución en España? ¿Qué argumentos utilizan los abolicionistas y los regulacionistas para defender su postura?

Una situación alegal

Actualmente, la prostitución en España se encuentra en una situación de alegalidad. Es decir, no es legal ni ilegal y se puede ejercer libremente siempre que sea de de forma voluntaria y la persona se quede con el beneficio económico. Eso sí: su consumo sí que está sancionado cuando sea en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores o en zonas que puedan generar un riesgo para la seguridad vial. Además, el proxenetismo está penalmente castigado.

Al tratarse de una actividad alegal, las prostitutas pueden darse de alta como autónomas, aunque no haya una pestaña específica de trabajo sexual. "Pero se pueden dar de alta como modelos o masajistas, igual que los guionistas lo hacemos como escritores. Nadie les impide eso", explicaba hace unas semanas Mabel Lozano, autora de El Proxeneta Paso corto, mala leche.

Un debate más abierto que nunca

Aunque ha sido un debate siempre presente entre las feministas, se ha retomado después de que el Gobierno aceptase legalizar al sindicato de Trabajadoras del Sexo (OTRAS) — aunque días más tarde, la Audiencia Nacional anuló los estatutos del mismo— y en los debates sobre las reivindicaciones del 8M de este año, que apostaron por no incluirlo en el manifiesto por ahora.

Diferentes posturas: ¿abolición, legalización o ninguna de las dos?

El debate ha generado diferentes posturas en cuanto a cómo hay que afrontar el problema. Por un lado, los abolicionistas consideran que se trata de una forma de explotación sexual de la mujer y una representación el patriarcado: se utiliza a las mujeres para satisfacer las necesidades sexuales de los hombres, que pueden pagar por ello y comprar de alguna manera el cuerpo de una mujer.

Uno de los argumentos abolicionistas es que, si se reconoce como trabajo la prostitución, se da por hecho que hay una relación laboral legal entre las mujeres y los proxenetas, que serían vistos como empresarios. Por eso alegan que se trata de una forma de "blanquear a estos delincuentes".

Por otro lado, los regulacionistas asumen que se trata de un servicio más y de un trabajo como otro cualquiera y por eso creen que se debe regular como tal. Señalan, además, que al darse ausencia de legalidad, esto puede llevar al abuso y al fraude. Argumentan la también la supuesta libertad de expresión de aquellas mujeres que no son víctimas de trata pero ejercen la prostitución —que son minoría en España—.

Además, existe otra postura que defiende, por ejemplo, el Colectivo Hetaira, que trabaja con prostitutas en defensa de sus derechos laborales pero no aboga ni por la abolición ni por la legalización. "Nosotras abogamos por la normalización de la prostitución y una consecución de derechos laborales", señalaba en una entrevista con El HuffPost la portavoz del colectivo Mamen Briz. La organización Amnistía Internacional respalda esta postura porque "las trabajadores y los trabajadores sexuales están expuestos a sufrir abusos contra los derechos humanos en muchos países del mundo".

¿Qué dicen los partidos?

Tanto PP como PSOE se han mostrado en contra de esta práctica. Sin embargo, el grupo de Unidos Podemos está dividido: mientras Podemos, IU o En Marea también quieren abolirla, En Comú se plantea, incluso, legalizarla en Barcelona, en donde gobierna. Tampoco Ciudadanos ve posible su prohibición, y apuesta por regularla para "la minoría" que la ejerce de forma voluntaria.

Una ley contra la trata

Ahora, estos grupos deberán determinar su postura para votar en el Congreso esta iniciativa socialista, en la que también se pide al Gobierno una ley de "lucha integral y multidisciplinar contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual".

Según el texto registrado, recogido por Europa Press, esta ley debe contemplar medidas de prevención y persecución de estos delitos, así como medidas de protección y atención integral a sus víctimas, desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. "La ley ofrecerá una especial atención a los menores", apunta también el PSOE.

La propuesta también llama a evaluar el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual 2015-2018 y, tras este estudio, impulsar la aprobación de un nuevo proyecto que refuerce las medidas de prevención y persecución de la trata, así como los medios asignados para la consecución de sus objetivos.