Problemas a la vista: las palabras y las cosas en las carteras de la Comisión
La semana pasada, en el segundo Pleno de septiembre Estrasburgo, tuvo lugar un interesante debate sobre la aplicación de la V Directiva de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo. Tratándose de un instrumento legislativo de Derecho penal europeo, la Comisaria con la que el Parlamento Europeo (PE) ha entablado discusión ha sido -en la Comisión Juncker que finaliza su mandato- la responsable de la cartera de Justicia, Vera Jourova. Tomé parte en el debate como Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE), competente -entre otros ámbitos- para la legislación europea en materia penal, procesal y de cooperación judicial.
La sucesión de directivas contra el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos (crimen organizado, corrupción) y contra la financiación del terrorismo aprende de la experiencia acumulada en este ámbito por los Estados miembros (EE.MM) y las Agencias especializadas de la UE (Europol, Eurojust). Pero también de las lecciones de la Comisión de Investigación sobre los llamados “Papeles de Panamá”, de la que formé parte.
En síntesis, la V Directiva refuerza la interconexión de instituciones responsables de la investigación de la delincuencia económica (fiscalía y unidades operativas especializadas de las Fuerzas de Seguridad); promueve el intercambio de información relevante; incrementa la transparencia acerca de la titularidad real de las empresas y cuentas y la identificación de los verdaderos beneficiarios de los movimientos bancarios, societarios y bursátiles (“levantamiento del velo”); y multiplica las salvaguardias frente a terceros países de los tradicionalmente llamados “jurisdicciones no cooperativas” (nichos de blanqueo y ocultación de capitales).
A este propósito se suma la recientemente creada Fiscalía Europea para la protección de los intereses financieros de la UE, combatiendo el fraude, la corrupción y otras formas de criminalidad grave transnacional (art.86 TFUE, pieza crucial en el avance del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de que se ocupa LIBE). El proceso para la designación de la persona que encabece esta nueva institución -por medio de un acuerdo conjunto del Consejo y del PE- ha sido largo y difícil. Tras años de trabajos en LIBE, esta misma semana, última de septiembre de 2019, hemos podido culminar con la Presidencia Finlandesa del Consejo el procedimiento que permitirá su entrada en funcionamiento, en el calendario previsto, a principios de 2020: la que hasta ahora ha sido jefa de la Fiscalía Anticorrupción de Rumanía, Laura Kovesi, será la primera jefa de la Fiscalía Europea, cuyo cuartel general tendrá sede en Luxemburgo.
Pues bien, esta reflexión sobre el relevante carácter del Derecho Penal europeo -expresión en sí de la honda dimensión política y constitucional del PE como legislador en ámbitos antes reservados a la soberanía de los EE.MM- viene a cuento en la medida en que ejemplifica con claridad casi gráfica los problemas políticos que plantea -y planteará a lo largo del mandato de este PE (2019-2024)- la estructura de la Comisión Von der Leyen.
En efecto, su diseño se aleja, deliberadamente, de las hasta ahora conocidas (Barroso I, Barrroso II y Juncker) desde la adopción y entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (diciembre de 2009), textos que cristalizan el actual (y avanzado) estadio de maduración del proceso europeo. Mediante la decisión de modificar la composición y título de las carteras entre los Commissioners Designate (candidatos designados por los EE.MM) que encaran su decisivo examen individual ante las Comisiones del PE, su presidenta electa, Ursula Von Der Leyen, impone dificultades a su adecuado control, pero también al seguimiento de iniciativas legislativas ya adoptadas o requeridas de ulteriores desarrollos normativos o actualización.
Así, el derecho legislado en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo -que, razonablemente, había orbitado hasta ahora en la cartera de Justicia, pasa a estar englobado en la Vicepresidencia económica encomendada a Valdis Dombrovskis. Análogamente, materias relativas a la protección de datos y derechos fundamentales (e-Privacy) históricamente confiadas a la Comisión LIBE, pasan a Mercado Interior (Sylvie Goulard) y a la nueva Vicepresidencia para la “Era Digital” (Margaret Vestager), en tanto que la protección de menores (que incluye la protección penal a niños víctimas de trata o pornografía infantil) pasan a una cartera de nombre tan inconcluyente como “Democracy and Demography” (Dubravca Suica) y los acuerdos internacionales en materia de Inmigración recaen en la nueva Comisaria de International Partnerships (Jutta Urpilainen). Todas esas materias -dispersas como nunca antes en una variedad de departamentos carentes de precedentes o de eficacia contrastada- formaban hasta la fecha parte de la competencia indiscutida de LIBE.
Como es sabido a estas alturas, el cambio más discutido ha sido el que concierne al nombramiento de un nuevo vicepresidente (Margaritis Schinas) para la defensa del “European way of life”. Para despejar las muchas dudas que la equívoca denominación de su cartera ha suscitado -y que han obligado a Von Der Leyen a intervenir personalmente y de manera reiterada para intentar aclararse, lo que es en sí elocuente del desacierto en la etiqueta y su formulación retórica-, tanto el vicepresidente Schinas como la futura comisaria de Interior (Home Affairs, Ylva Johansson) deberán esforzarse en aclarar su visión ante retos tan concretos como requeridos de acción, compromiso y contenido: para empezar, qué harán para ponerle fin al prolongado bloqueo al que el Consejo ha sometido a la totalidad del paquete de legislación europea en migraciones y asilo (vista su incapacidad para llegar a acuerdo alguno en materia de desembarcos seguros de los supervivientes de las rutas de los traficantes de personas, así como en materia de responsabilidad compartida en su distribución entre los EE.MM), y, en segundo lugar, cómo piensan poner fin a la insoportable criminalización de la ayuda humanitaria y del rescate de vidas en el Mediterráneo.