Preguntas y respuestas de la polémica por el pacto entre PSOE y PP sobre el Poder Judicial
Lo que se sabe de la última bronca política entre socialistas y populares.
Es verano, media España está en la playa, pero la política sigue por los mismos derroteros. PP y PSOE han vuelto a enfrascarse en las últimas horas en un enfrentamiento político con acusaciones en los medios de comunicación a costa de la no renovación del Poder Judicial, que lleva ya más de 1.350 días en funciones.
Todo a raíz de la publicación, por parte del diario El País, de un documento en el que PP y PSOE acordaban la reforma de la ley del Poder Judicial para desbloquear esta situación.
Un pacto desconocido hasta este martes que ha hecho que el PP acuse a los socialistas de mentir y de “trilerismo político” y que sirve al PSOE para seguir presionando al partido de Alberto Núñez Feijóo, quien dijo precisamente en El País no tener dicho documento.
Esto es lo que se sabe de la última bronca política entre socialistas y populares.
¿Qué acordaron PP y PSOE?
Según el documento publicado por El País, PSOE y PP pactaron que ambos grupos parlamentarios presentasen conjuntamente una proposición de “reforma la ley orgánica del Poder Judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial”.
En dicho pacto, se indica que esta ley se aprobaría “después de la elección por las Cámaras de todos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia Española de Protección de Datos”. Sólo este último órgano no ha podido ser renovado después de que el Supremo anulase el acuerdo alcanzado por PP y PSOE.
¿Cuándo se firmó?
El documento tiene fecha de 21 de octubre de 2021. Ese mismo día se dieron a conocer los nombres de los miembros de los organismos que quedaban por renovar pactados por PP y PSOE.
Entre ellos, Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, y los cuatro nuevos magistrados del Constitucional, que accedieron al cargo en noviembre de 2021: Enrique Arnaldo (letrado de las Cortes Generales) y Concepción Espejel (presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), a propuesta del PP; e Inmaculada Montalbán (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) y Juan Ramón Sáez Valcárcel (magistrado de la Audiencia Nacional), a propuesta del PSOE.
¿Quiénes lo firmaron?
Por parte del PSOE, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que es secretario de reforma constitucional y nuevos derechos del PSOE. Por parte del PP, el entonces secretario general, Teodoro García Egea, dimitido el pasado mes de febrero tras la crisis interna del PP que acabó con la dirección del partido y dio paso al liderazgo de Feijóo.
¿Qué dice el PP?
Primero, que no sabía nada de ningún pacto. Lo dijo el propio Feijóo en la entrevista concedida a El País este domingo, en la que negó tener “ese texto” y afirmó que lo que se pactó fue “una lista”. “Eso es lo que me han dicho, nada más”.
Después, cuando se publicó el documento, varios dirigentes del PP han reconocido su existencia aunque no le han dado validez porque, afirman, con la llegada del nuevo equipo al frente del partido la negociación empezó “de cero”.
Esteban González Pons, designado por Feijóo como negociador de este asunto con Bolaños, llegó a decirle al ministro de la Presidencia que ese papel no vinculaba al PP, pese a estar firmado por un exsecretario general del partido.
Así lo ha explicado el propio Feijóo este jueves en declaraciones a los medios en las que ha insistido que él no conocía el documento. Es más, ha llegado a afirmar que “nunca” se debatió sobre él en ningún Comité de Dirección del partido, ni con la actual dirección ni con la anterior, presidida por Pablo Casado.
“Cuando despaché con Casado no me dio ningún documento ni me concretó ningún acuerdo”, ha explicado el líder del PP.
Feijóo cree que este documento “no debería tener ningún valor” porque quedó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en “retomar las conversaciones sobre la renovación del Consejo General”. “Y pactamos el término ‘retomar las conversaciones’ y huimos del término de ‘negociaciones’. ¿Por qué? Porque empezábamos una nueva etapa, un nuevo momento, y lo que había que hacer era lógicamente retomar las conversaciones iniciadas con anterioridad”, ha añadido.
Desde el PP también acusan al PSOE y más concretamente a Bolaños de “amenazar” a su partido. “Por lo que me ha dicho González Pons, el señor Bolaños dijo, ‘o llegamos a un acuerdo o filtro el papel’”, ha dicho Feijóo a los periodistas.
Según el relato de Feijóo, Pons respondió diciendo que “ese papel a nosotros no nos vincula y fíltrelo usted cuando quiera”.“Nosotros no filtramos papeles, nosotros hacemos propuestas por escrito y esos papeles son públicos y los tienen el Gobierno y los medios de comunicación”, ha dicho Feijóo, que ha tildado de “infantil” la actitud del Gobierno.
Pablo Montesinos, hombre de confianza de Pablo Casado en su etapa como líder del PP, aseguró en declaraciones a LaSexta que “hubo comunicación entre la dirección anterior del partido, entre la Secretaría General y nuestro responsable de justicia, y los nuevos responsables de la materia”. “Y luego, vamos a ver, la portavoz parlamentaria no ha cambiado. Cuca Gamarra era portavoz con Pablo Casado y es portavoz con Feijóo”, señaló.
Fuentes de la anterior dirección citadas por El País también aseguran que la ahora secretaria general del PP tenía conocimiento del pacto con el PSOE.
Sin embargo, en declaraciones a ese mismo diario, la propia Gamarra lo niega: “Es falso. No estuve al tanto. Fue Bolaños, como a Pons, quien me habló de él”.
¿Qué dice el Gobierno?
Preguntado en La Palma por este asunto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que “hubo un pacto con la dirección del PP para renovar el poder judicial” y reclamó a la formación de Feijóo que “cumpla con lo formado”, así como “con la ley y con la Constitución”.
“Estamos hablando de que el Poder Judicial lleva bloqueado 1.351 días”, aseveró el jefe del Ejecutivo, que pidió “responsabilidad y lealtad constitucional” al PP.
El propio Bolaños, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE, ha acusado a Feijóo de “no ser de fiar”, en la misma línea que otros ministros como Miquel Iceta, de Cultura, que ha lamentado que el PP actúe “como si fuesen realmente los propietarios de la finca” o Margarita Robles, titular de Defensa, quien cree que los populares siempre encuentran “alguna excusa” para demorar la renovación del Poder Judicial.
¿Cómo está la negociación?
“Mal”, ha dicho abiertamente González Pons.
“Queremos huir de todos los vicios que se han cometido tradicionalmente en la negociación del Consejo General del Poder Judicial”, explicó el propio Pons en declaraciones a Onda Cero, donde dijo que la posición del PP a este respecto “es pública”.
Posición que ha detallado este jueves Feijóo, quien ha asegurado que su propuesta tiene cuatro “requisitos”: que un juez que sea ministro no pueda volver al ejercicio hasta pasados dos años de su cese como miembro del Gobierno; que este plazo sea de siete años para ser presidente de una sala del Supremo, miembro del CGPJ o fiscal general; que los presidentes de las salas del Supremo tengan al menos 25 años de experiencia como juez; y que se creen mil plazas de jueces en cinco años para aumentar el número de magistrados.
Feijóo asegura que ya la trasladó al Ejecutivo a principios de julio y que no ha tenido “más respuesta” del Gobierno que “una modificación unilateral de algo que estábamos negociando”, ha dicho en referencia a la aprobación en el Congreso de la reforma de la elección de los magistrados del Constitucional.
Esta reforma permite al Gobierno nombrar dos de los magistrados y al Poder Judicial otros dos. Según El País, estos nombramientos podrían producirse en septiembre.
Si esto fuera así, sólo quedaría el gobierno de los jueces por renovarse, a la espera de que los partidos consigan desbloquear la situación y alcanzar, finalmente, un acuerdo.