PP y Vox lo intentan ahora en el Senado y piden a su Mesa que frene la tramitación de la reforma judicial
Con un ojo puesto en el posicionamiento del TC el lunes.
Sin suerte en el Congreso, Partido Popular y Vox miran ahora al Senado. Ambas formaciones han pedido este viernes a la Mesa del Senado que frene la tramitación de la reforma del Código Penal, que modifica el Tribunal Constitucional (TC), deroga el delito de sedición y cambia las penas por malversación.
Esta votación se llevará a cabo en la Cámara Alta el próximo martes 20 de diciembre, un día después del pronunciamiento del tribunal de garantías sobre la petición del PP para frenar el curso parlamentario de la norma.
Los ‘populares’ han solicitado, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la suspensión de la tramitación de la proposición de ley en el Senado esgrimiendo, entre los argumentos, el “evidente fraude de Ley” que supone no tramitarlo como proyecto de ley para “evitar la literalidad del artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial” y “no recabar los informes pertinentes del CGPJ, del Consejo Fiscal, y del Consejo de Estado”.
De hecho, poco después, el propio PP ha confirmado que ha registrado ante el Tribunal Constitucional una ampliación de su recurso de amparo con el que pretende que las Cortes no voten esas enmiendas que buscan facilitar la renovación del propio órgano de garantías.
El grupo parlamentario que dirige Javier Maroto también ha criticado la urgencia de la tramitación porque, según ha explicado, es “incomprensible” que en una reforma “tan importante para la salvaguarda de nuestro ordenamiento Constitucional” se impida su trámite “de conformidad con los plazos ordinarios”.
“Toda decisión que afecte a elementos sustanciales del sistema de protección criminal de nuestro Estado de Derecho y ordenamiento constitucional, exige un debate y estudio profundo y sustancial, por respeto a todos los grupos parlamentarios y a los sectores implicados”, ha esgrimido el PP.
En el escrito dirigido a la Mesa del Senado, los ‘populares’ también hacen referencia a la admisión de enmiendas del PSOE y Unidas Podemos en la Comisión de Justicia del Congreso, en concreto las referidas a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional y las mayorías parlamentarias exigidas para ser elegidos miembros del mismo, que, a juicio del PP, son “claramente inconstitucionales”, a pesar de que “están en el texto remitido al Senado”.
Además, el PP ha recordado que presentó un recurso de amparo ante el TC solicitando medidas cautelares para frenar el curso parlamentario de la reforma del propio tribunal, algo en lo que “todavía no hay pronunciamiento”.
Vox pide frenar el “golpe institucional”
En este contexto, Vox también ha solicitado, ante la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC), la suspensión de la tramitación de la iniciativa legislativa en el Senado, “en tanto no se resuelve el recurso de amparo, para evitar los perjuicios irreparables que de continuarse la tramitación, y votarse en el Senado, se producirían con advertencia de que incurrirá en nulidad radical y consiguiente ineficacia cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión solicitada”.
En su recurso, la formación que dirige Santiago Abascal afirma que “el evidente fraude de ley se aprecia” al emplear “un procedimiento legislativo inadecuado” ―proposición en vez de proyecto de ley―, con la “exclusiva finalidad de eludir el debate parlamentario y la intervención de todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales”.
Al mismo tiempo, los tres senadores de Vox también han solicitado a la Mesa del Senado “la inmediata suspensión” de la tramitación de la reforma del Código Penal en la Cámara Alta porque, de hacerlo, se verán “privados del procedimiento reglamentariamente previsto” que supone la eliminación “de una serie de trámites” y restringiendo las “facultades de participación en la formación de la voluntad de la Cámara”.
La Mesa y Portavoces de la Comisión de Justicia del Senado han ratificado este viernes el calendario de tramitación de la reforma del Código Penal, que modifica el Tribunal Constitucional (TC), deroga el delito de sedición y cambia las penas por malversación, a la espera del pronunciamiento del propio tribunal sobre si atiende la petición del PP para frenar el curso parlamentario de la norma.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los órganos de la Comisión de Justicia que se encargan de ordenar la sesión se han reunido este viernes de manera telemática para dar luz verde a los plazos en los que se tramitará esta reforma del Código Penal en la Cámara Alta. Aquí, el PP ha pedido suspender la tramitación, pero ningún grupo ha apoyado esta propuesta, aunque sí que ha habido queja generalizada por la urgencia.
De este modo, la ley que deroga la sedición, cambia las penas del delito de malversación y reforma las mayorías para el TC, ya ha entrado en el Senado este mismo viernes después de que el Congreso lo aprobara este jueves.
Según los plazos aprobados hoy, los grupos tienen hasta el lunes 19 de diciembre hasta las 14.00 horas para presentar sus vetos ―enmiendas a la totalidad― y las enmiendas parciales que consideren oportunas. El día siguiente, el martes a primera hora de la mañana, se reunirá la Comisión de Justicia para abordar estas enmiendas y aprobar el dictamen de la ley, que irá al Pleno del jueves 22 de diciembre, cuando terminaría su tramitación parlamentaria en el caso de no introducirse ningún cambio.
Con un ojo en el Constitucional
Todo este calendario de tramitación en el Senado está supeditado a la decisión que tome el lunes el Pleno extraordinario del Constitucional sobre la petición del PP para frenar el curso parlamentario de la reforma del propio tribunal.
La decisión que tomó ayer el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, de suspender el Pleno extraordinario iniciado este jueves para continuarlo el próximo lunes permitió que la proposicion de ley y el conjunto de enmiendas que lleva se pudieran votar este jueves en el Congreso de los Diputados.
Así las cosas, la decisión que finalmente tome el Constitucional sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso de amparo, con las que busca frenar la tramitación parlamentaria de las enmiendas que afectan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al TC, impactará directamente en el recorrido de la proposición de ley en el Senado.
