Por qué el bloqueo del PP pone en riesgo la Constitución

“Constitucionalista”. El PP ha cogido esta coletilla en todas sus intervenciones y se autoproclama como el mayor defensor de la Carta Magna. Pero las palabras se las lleva el viento. Pablo Casado ha decidido precisamente no cumplir el texto del 78 oponiéndose a negociar algunos de los principales órganos que emanan de él.

Casado se lo dijo claramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su reunión en Moncloa esta semana. No a desbloquear los órganos constitucionales (como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o RTVE). Su argumento: no va a sentarse y a consensuar candidatos mientras esté Unidas Podemos en el Gobierno, ya que los ‘morados’ quieren acabar con el “régimen” del 78.

Es decir, la paradoja de argumentar que se defiende la Constitución sin cumplir precisamente lo que dice. Todo ello con un Poder Judicial en funciones desde hace casi dos años, pero que al PP beneficia al haber mayoría conservadora y no haberse adaptado a una composición que debería ser en principio progresista si se hicieran valer las cuotas paralmentarias. Y, además, mientras sigue el bloqueo, el Consejo General del Poder Judicial va a retomar los nombramientos discrecionales con la mayoría vigente. Incluso este órgano ha presionado a Casado para que acceda a la renovación, pero en Génova 13 no están por la labor.

Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? Esa postura no significa sólo no cumplir lo establecido en la Constitución sobre renovar órganos, sino que además, según expertos constitucionalistas consultados, supone una erosión de la propia imagen de la democracia y de la Constitución, dando alas a aquellos que critican que los tribunales y organismos constitucionales, que deben trabajar de manera independiente, están politizados. 

“La imagen de politización aumenta más conforme pasa más tiempo”, explica Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Supone, en su opinión, una “erosión del mandato constitucional, con culpas diluidas”. El Partido Popular, continúa, “de entrada rechaza su mera responsabilidad”.

“Los políticos, en vez de buscar consensos, han hecho un intercambio de cromos”, explica sobre este tipo de negociaciones. Los bloqueos se deben “a problemas de partidos”: “Eso hace daño a las instituciones, a la independencia y a la imagen de los órganos constitucionales”. “No quiero decir que no sean independientes, pero estoy hablando de la imagen, del daño a la reputación y a la erosión de la legitimidad. Un desastre”, resume.

“No me parece aceptable el argumento del PP. Podían ser más refinados. Esto significa el rechazo al cumplimiento que se desprende del mandato constitucional”, apostilla este catedrático. Añade: “Plantean vetos como si no tuvieran derecho los de Podemos a proponer candidatos. No ha habido problema en plantear a personas en su momento que habían asesorado a partidos, ministros y diputados. No solo señalo al PP”.

Enfatiza Arbós: “El deber es negociar e intentar cumplir el mandato constitucional”.

¿Debería hacerse una reforma para establecer unos plazos concretos de renovación u otra fórmula? Arbós responde: “No hay ningún sistema malo si unos y otros cumplen con el papel institucional y actúan de buena fe”. Incluso dice que podría plantearse que si pasado el plazo no hubiera acuerdo, se hiciera por sorteo. “Puede sonar extravagante, pero a lo mejor estimulaba a los partidos a ponerse de acuerdo”, sentencia.

Sobre la situación de bloqueo, comenta: “Me parece increíble que digan de entrada que no negocian, se incumple la Constitución. La gente ve que no obedecen los que deberían estar en primera línea de cumplimiento”. Esto no significa que los que sean finalmente elegidos no vayan a ser luego independientes, “pero el resultado de imagen es lamentable”.

Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, explica: “No es algo nuevo, aunque no quiere decir que no sea relevante. Es un lastre que tenemos en nuestro sistema constitucional desde hace por lo menos 25 años”.

“Hace veinte años se estableció como una práctica casi consolidada que había que reflejar en estos nombramientos en los órganos constitucionales la pluralidad política del Parlamento, se instaló con cierta normalidad un sistema de cuotas”, ilustra este catedrático.  “Eso ya es una primera perversión”, agrega, “porque la Constitución no está pensando en esto”. “La ideología debería ser irrelevante, debe valer tu profesionalidad y capacidad”, prosigue. Por ello, “parece que la profesionalidad pasa a un segundo plano frente a una cierta afinidad ideológica entre los proponentes y el propuesto”. 

“Eso se empieza a ver, por ejemplo, cuando los propuestos aceptan que se legitimen cierto tipo de decisiones. Es decir, el Poder Judicial una vez nombrado elige al presidente. Los vocales tienen autoridad para nombrar al que dé la gana. ¿Qué ha ocurrido? Siempre han nombrado a quien previamente habían decidido los partidos mayoritarios. Ellos consideran que deben ratificar una decisión que han tomado los políticos”, reflexiona.

Y añade: “La segunda distorsión viene cuando impides la renovación de las instituciones y la perpetuación en el cargo de los elegidos cuando tú tenías mayoría”. “Los actores políticos en España tienen capacidad para bloquear la renovación y eso es una falta de lealtad”, incide Presno. “Ser constitucionalista no es sólo proclamarlo, sino actuar con lealtad a lo que te pide la Constitución”, explica. Todo esto también le lleva a pensar que parece que “no tiene coste” político entre la sociedad y piensa que las instituciones tendrían que reclamar su renovación de manera más enérgica.

“Lo que habría que pedir a los partidos es que no tratasen de llevar su ideología a las instituciones, pero también pedir a los elegidos que no caigan en esa trampa”, sostiene el catedrático de la Universidad de Oviedo.

Sobre esta cuestión, Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, expone una serie de ideas: “La primera es esencial. ¿Por qué se produce el bloqueo? Ahora se acusa al PP, pero en su época fue el PSOE. Esto es un problema estructural del sistema. Una razón es que cuando se exigen mayorías cualificadas es una garantía de que haya consenso pero al mismo tiempo pone en manos de la minoría la capacidad de bloquear y vetar”.

“Hay una segunda idea, cómo se concibe en España la elección de esos órganos. Es el problema de fondo. Se entiende como un reparto de cuotas, por lo que es muy difícil llegar a acuerdos. Una vez que alguien tiene la mayoría o tiene un órgano más cercano a sus posiciones, lo que hace es, vulnerando a todas luces la Constitución y la ley, no soltarlo y se niega a la renovación”, apostilla.

Al hilo, insiste: “Genera una muy mala imagen de los partidos, de las instituciones, que son esenciales, y de la democracia”. “Esa imagen de la democracia en la que los partidos lo controlan, manipulan y negocian todo. Muy mala imagen”, indica Blanco. “Eso genera la imagen de que si no lo haces, es que quieres controlar el órgano. Entonces facilita el discurso de los otros de que los órganos están políticamente controlados, con lo cual es nefasto. Luego, al final los órganos deciden con relativa autonomía, pero la imagen que proyectas…”