¿Por qué se castigan la investigación y la ciencia?

Vamos a dar un salto atrás y recordar un hito negativo para la ciencia y la innovación en España: hablo de 2009 y de los años siguientes, cuando los diferentes Gobiernos, en la crisis económica, decidieron abordar un recorte presupuestario sin precedentes en ciencia e innovación. Hasta entonces se había mantenido, con mucho esfuerzo, una senda de crecimiento desde principios de este siglo que nos había permitido converger con los socios europeos más avanzados en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Hoy, en pleno 2021, aún sufrimos las consecuencias de aquella decisión. No importa el indicador que tomemos como ejemplo, porque los números no engañan: nuestro gasto de I+D es menor; ha caído el número de patentes; tenemos menos investigadores que entonces y varios países nos adelantado en el índice europeo de innovación. Da igual el parámetro que elijamos: prácticamente sin excepción, en todos los campos tenemos peores datos que los que teníamos al inicio de la década de 2010. El panorama es desolador.

Si hay un grupo especialmente perjudicado por esta situación es sin duda el de los investigadores. Doce años después del comienzo de los recortes, hay un constante rastro de precariedad y un importante éxodo de científicos. Los datos del INE indican que hay un total de 11.000 personas menos trabajando en actividades de I+D en España de las que había en 2009.

No es difícil adivinar las causas que han provocado esta fuga de talento. Los investigadores han visto crecer exponencialmente las trabas burocráticas en la gestión de sus proyectos, al tiempo que la financiación que reciben se ha reducido a la mínima expresión. Los recortes han disminuido la estabilidad para los científicos, que en demasiadas ocasiones dependen de contratos temporales, tan inadecuados para hacer ciencia de calidad como para desarrollar un razonable plan de vida.

Los pasos para atajar el problema dados hasta ahora por el Gobierno están siendo desafortunados. Las sociedades científicas ya han mostrado su rechazo a lo poco que se conoce de la reforma propuesta por el Ejecutivo y, sin ese consenso, no será posible articular una reforma viable. La reforma, por otra parte, se quedará en nada si sólo se centra en una mera modificación legislativa y no va acompañada de un significativo incremento de la inversión en I+D+i. Al menos, hasta los niveles perdidos en la última década.  

El anuncio de los fondos europeos dio alas a la esperanza de revertir esta situación. Se suponía que, en gran parte, el dinero debería invertirse en promover la innovación y la modernización de nuestra economía. Era impensable que la i+D+i no tuviera un lugar muy destacado, ¿verdad? Estas ayudas suponían una oportunidad de oro para sacar a nuestra ciencia de la situación crítica en la que se encuentra.

Todo era una ilusión. El plan de Transformación y Resiliencia difícilmente podrá conseguir resultados transformadores. 

Hay varias razones para dudar de su viabilidad: sólo se dedica un 5% del total del gasto previsto al ámbito de la I+D+i. Dado que otras partidas, como la dedicada a la rehabilitación de edificios, reciben casi el doble de fondos, queda claro que obviamente no ha sido una prioridad. Los objetivos fijados demuestran, en la práctica, el escaso interés del Gobierno por buscar un impacto relevante en nuestro sistema de ciencia e innovación.

Según el Ejecutivo, si el plan tiene éxito, en 2027 gastaremos el 2,12% de nuestro PIB en I+D+i. Esto quiere decir varias cosas: la primera, que sólo dentro siete años alcanzaremos la media de gasto actual de la UE; la segunda, que sólo conseguiremos el objetivo del 2% una década después de lo previsto. Y, por último, que lejos de converger con los países más innovadores del mundo (EE UU, China, Japón, Alemania), la brecha se intensificará. Es decir, otra década perdida.

El plan propone muy pocas cosas diferentes y está muy lejos de ser transformador. Se evitan casi todos los problemas importantes; no se menciona nada sobre la necesidad de financiar de forma estable nuestra I+D+i; no se plantea nada para aligerar la burocracia que ahoga a nuestros investigadores. En fin, el plan promete más de lo mismo. Y ya se sabe: si haces las mismas cosas, seguramente obtendrás los mismos resultados. 

Es positivo que el plan aborde una de las exigencias de la UE, una reforma para dar mayor estabilidad a la carrera investigadora, pero es que en Europa hay preocupación por la precariedad de los investigadores y científicos españoles. Y hay motivos. Uno de los ejemplos más representativos de esta inseguridad, las vacunas españolas contra la Covid-19, las han estado desarrollando científicos jubilados o con contrato temporal. Esto no es en absoluto una excepción. Si a esta precariedad le unimos la constante infrafinanciación y una carga administrativa desorbitada, no es de extrañar que nuestros mejores científicos prefieran buscar oportunidades en otros países.

Las implicaciones de esta fuga de cerebros a la que aludíamos al principio son monumentales. Sin talento no puede haber ciencia e innovación; sin ciencia e innovación, la productividad y prosperidad de la economía están amenazadas a medio y largo plazo, y con ellas nuestro sistema de bienestar. Es urgente reaccionar para cambiar una situación indeseable que ya ha durado demasiado.