Por qué España ha retrocedido en el 'ranking' europeo de derechos LGTBI

Cuando España aprobó el matrimonio igualitario en 2005 solo tres países lo habían hecho antes. Hace 17 años, fuimos pioneros en la lucha por los derechos de las personas LGTBI y, a diferencia de otros países, en España la legislación reconoció el derecho a la adopción de las parejas del mismo sexo desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Casi dos décadas después, España puede dejar de convertirse en un referente y quedarse atrás con respecto a otros países de su entorno. Es lo que revela en ranking de derechos LGTBI que elabora cada año la asociación ILGA- Europe, la sección europea de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, que se publicó en mayo.

Este año, España ha caído cinco puestos con respecto a 2021, colocándose en el undécimo puesto de la lista. Según Ana Muñoz, responsable de comunicación de ILGA, el cambio de criterio del ranking, que ahora también recogen la protección de los derechos de las personas intersex. Esto ha perjudicado a España y beneficiado a otros países como Alemania, que ha prohibido las cirugías de modificación genital para los niños y niñas intersex, una medida que recoge el anteproyecto de Ley Trans aprobado en el Consejo de Ministros.

¿Qué ha pasado para que España, que en 2011 ocupaba el segundo puesto de la lista, se haya quedado atrás? ¿Se han pedido derechos? ¿Tiene algo que ver el aumento de los delitos de odio? “No es tanto que se hayan perdido derechos como que no hemos avanzado tan rápido como otros países, como por ejemplo Francia o Malta. La última gran ley estatal, hasta este año, fue en 2007 y a lo largo de estos años hay otros países que han legislado sobre diferentes cuestiones”, explica Óscar Rodríguez, vocal de relaciones exteriores de FELGTBI+.

De entre esas cuestiones de las que habla Rodríguez, destacan dos que España ha tardado en abordar: “la autodeterminación de género y perseguir las mal llamadas terapias de conversión”. Cuando se publicó el ranking en mayo todavía no se había aprobado el anteproyecto de la Ley Trans, que pasó el visto bueno del Consejo de Ministros hace una semana y que incluye la autodeterminación de género.

“España está perdiendo el tren del liderazgo de los derechos LGTBI, que son derechos humanos, están perdiendo la ventana de oportunidad”, se lamenta Rodríguez, que espera que salga adelante la Ley Trans y que se implemente. “Que haya una traducción presupuestaria, que no pase como en Madrid, que la ley que iba a perseguir las terapias de conversión no ha funcionado y en Alcalá se han ido de rositas”, denuncia el vocal de FELGTBI+.

Las mejoras que demanda el colectivo en la Ley Trans

“La Ley Trans es la última asignatura pendiente que tienen la democracia para cruzar la frontera de la igualdad”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans. “El Estado ha perpetrado violencia contra las personas trans y necesitábamos un marco político para tener igualdad, oportunidades de un empleo digno y asistencia sanitaria, como indica la OMS”, defiende la activista, que espera que la nueva norma se apruebe antes de que termine la legislatura, y que se mejore.

Darko Decimavilla, presidente de la asociación de No Binaries España, reconoce que tienen miedo a que agote la legislatura y no se apruebe, y señala que el texto actual se ha olvidado del colectivo. “Falta nuestro reconocimiento. Estábamos en el primer borrador pero, después de la negociación, ahora no. Tenemos esperanza”, revela refiriéndose al proceso de debate y enmiendas, que tiene su primera parada en la comisión de Igualdad del Congreso.

“Hay mucho margen de mejora y muchas cosas por cambiar. Holanda o Alemania ya están avanzando y desde Naciones Unidas proponen e instan a los gobiernos a que reconozcan al colectivo no binarie. Hace falta una ley que incluya a todo el mundo, que haya presupuestos y voluntad política”, defiende. 

Rodríguez, Cambrollé y Decimavilla echan en falta las mismas cosas en el texto: que se incluya a los menores de 12 años y que no se deje atrás a las personas migrantes y refugiadas. “Hay que hacer lo que marca Europa para las personas trans, y eso es que el proceso para el cambio de sexo registral debe hacerse a través de un trámite administrativo rápido, sin peritación médica y sin límite de edad”, señala Cambrollé, que también pide eliminar los plazos de reflexión. 

“Si se denunció la intromisión que supone la reflexión de tres días para abortar, ¿qué te parecen 4 meses para las personas trans y la autodeterminación de género? No se puede mandar ese mensaje social de que las personas trans no son de fiar”, denuncia la activista. “Yo creo que la propia Irene Montero lo sabe, y también la mesa de trabajo, que la ley tiene algunas carencias que esperemos que en proceso de enmiendas se completen”, añade Cambrollé. 

La otra gran mejora de la Ley trans y LGTBI es la parte del texto que regula las terapias de conversión. “Es urgente legislar”, denuncia Rodríguez. En el anteproyecto se prohíben estas prácticas, pero solo a nivel administrativo, y serán las comunidades autónomas las que decidan las sanciones. No se tipifican como delito, por lo que no puede aplicarse ningún tipo de responsabilidad penal. Esta legislación es la misma que ya se aplica en comunidades como Madrid, donde han quedado impunes las terapias de conversión destapadas en el Obispado de Alcalá. 

Aún faltando las mejoras que demandan estos colectivos, la Ley Trans y LGTBI devolverá a España “a la vanguardia en la protección de derechos del colectivo LGTBI”, dejando de considerar enfermas a las personas trans.

El discurso de odio y la disparidad entre comunidades autónomas

“España se ha quedado atrás y en esto influyen mucho las diferencias entre territorios, porque dependiendo de la comunidad en la que vivas tienes legislación adecuada que protege al colectivo LGTBI o ninguna, como en Castilla y León. Todo lo contrario que en La Rioja que han aprobado una ley muy completa —incluye la autodeterminación de género—, en Cantabria, o en la Comunidad Valenciana”, señala Óscar Rodríguez como otra de las causas por las que se ha producido el retroceso.

Para Decimavilla, no es solo en las comunidades a nivel administrativo donde hay disparidad, también en la calle. “En la sociedad hay polarización. Gente muy avanzada en estos temas, y por otro lado, todo lo contrario”, denuncia. En la parte del informe dedicada a España, ILGA-Europa señala algunos episodios de violencia contra el colectivo LGTBI y la retórica contra las personas trans, mencionando específicamente a Carmen Calvo y su oposición a la Ley Trans. 

“Son discursos de odio y falsos debates. No somos un peligro, estábamos en peligro. La hostilidad y el discurso de odio hacia las personas trans proviene de un grupo de mujeres de izquierdas, y eso duele”, lamenta Mar Cambrollé. La histórica activista tiene una petición para Pedro Sánchez, de cara a llegar a la presidencia de la Unión Europea en 2023 como un país referente: “Que tenga la valentía que tuvo Zapatero en su día, con toda la oposición hacia el matrimonio igualitario o hacia la ley del aborto, con un millón de personas en la calle, y no se movió ni un metro. No se puede parar la Ley Trans”.