Por qué EEUU no avanza en el control de armas

La Constitución de los Estados Unidos, en su segunda enmienda, establece que los ciudadanos tiene derecho a tener y portar armas. Para los fundadores de la nación, esta perspectiva era vital para preservar su libertad. Así se ha entendido durante siglos, pero los tiempos han cambiado: hay una estructura administrativa que protege a los norteamericanos, el sistema funciona, no hay que buscarse ni la protección ni la justicia por mano propia. El aumento de los asesinatos en masa en espacios públicos con armas de fuego, indiscriminados, ha forzado el debate sobre su empleo y su necesidad. Hace semana y media fue Búfalo. Anoche fue Texas. Pero no pasa de ahí, del debate. Las normas no cambian.

Sólo en lo que va de año se han registrado más de 200 “de masas”, con víctimas múltiples. Yan más de 900 en escuelas y centros educativos en la última década. Son datos de Gun Violence Archive, una asociación que lleva las cuentas para azuzar a las autoridades. “Casi no hay un norteamericano que no haya pasado por una situación traumática por las armas”, decía en campaña la hoy vicepresidenta, Kamala Harris. Pero la tensión es enorme: un sector aspira a un control más estricto sobre la venta, posesión y uso de las armas, y otro lo rechaza de plano.

Organizaciones como la Asociación Nacional Del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) defienden el derecho explícito que da la Constitución, porque el control estricto dejaría a los ciudadanos limitados para la defensa propia, argumentan, y eso es un derecho intocable, sacrosanto. Son el lobby del que esta madrugada ha hablado el presidente, Joe Biden, al que hay que meterle mano pero nadie lo hace.

Hoy EEUU es un país donde hay más armas que personas, aproximadamente 393 millones de pistolas o rifles disponibles para los civiles (la población del país es de 328,2 millones de personas), según un informe del Instituto Nacional de Justicia (NIJ). Los norteamericanos representan el 4,4% de la población global, pero poseen el 42% de las armas del mundo. Y de manera per cápita, también son los primeros, con 1,198, casi cuatro décimas por delante del segundo país, Yemen, en guerra abierta desde hace ocho años.

Alrededor del 44% de los adultos estadounidenses viven en un hogar con un arma, y aproximadamente un tercio posee una personalmente, según una encuesta de Gallup de octubre de 2020.

En 2019, el número de muertes en EEUU por violencia con armas de fuego fue de aproximadamente 4 por cada 100.000 habitantes. Eso es 18 veces la tasa promedio de otros países desarrollados. Múltiples estudios muestran que el fácil acceso a armas de fuego contribuye a mayores tasas de homicidios relacionados con armas de fuego, pero casi un tercio de los adultos cree que habría menos delitos si más personas tuvieran armas, según una encuesta de Pew Center de abril de 2021.

El derecho

La Constitución de EEUU dice que un ciudadano norteamericano puede tener y portar armas, este no es un derecho sin límites. El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) es la oficina del Gobierno que regula quién puede enviar, transportar, recibir y poseer un arma de fuego y municiones. Para ello se rige por la Ley Nacional de Armas de Fuego (en inglés), la cual fue revisada en 1968 y estableció la Ley de Control de Armas de 1968 (GCA, por sus siglas en inglés).

Una ley federal regula que la edad mínima para la compra de armas largas como, una escopeta o un rifle, es de 18 años. Para adquirir armas de fuego de mano o defensa personal es 21 años. Sin embargo, la ley estatal también impone sus requisitos y diferencias con respecto a la edad mínima. Por ejemplo, en Alaska, Maine, Minnesota y Vermont la edad mínima para tener y comprar una escopeta o un rifle es de apenas 16 años.

Para vender armas, se logra una licencia, emitida por ATF, y se ha de tener más de 21 años, también, además de pasar por una revisión de antecedentes penales y estado de salud mental.

Las ventas de armas online también deben seguir las mismas regulaciones, a veces son enviadas a un vendedor autorizado para su entrega final al comprador. Sin embargo, la ley no es muy clara cuando se efectúa una venta privada, ya que no es considerado como un negocio. No es un coladero, pero tampoco tiene un férreo control.

Quién puede o no tener armas

Está prohibido tener y comprar armas de fuego en los siguientes casos:

De acuerdo a las leyes federales, sí se requiere la verificación de antecedentes penales y criminales para poder comprar armas de fuego. Así lo exige la ley Brady sobre prevención de violencia por armas de mano (Brady Handgun Violence Prevention Act of 1993, en inglés).

La verificación se hace a través del sistema nacional instantáneo de chequeo de antecedentes (National Instant Criminal Background Check System, NICS). El proceso se puede efectuar por teléfono o internet y ofrece una respuesta casi inmediata.

Pero si una persona concreta una venta privada de un arma y no a través de un vendedor autorizado con licencia, la ley Brady no explica qué hacer en esos casos. Entonces, la necesidad del historial criminal no procede. Otra laguna.

La información que arroja esta verificación está protegida y no se guarda. Debido a la ley de protección de dueños de armas (Firearm Owners’ Protection Act of 1986, FOPA). Esta es una ley federal que no permite al gobierno nacional o estatal a preservar la información personal que vincule a los dueños de armas con sus armas.

Las variaciones por estados

Aunque existen varias leyes federales que regulan la compra y posesión de armas en los Estados Unidos, los estados también tienen las suyas. Y la ley federal no las puede eliminar. Esto hace que el proceso de regulación sea menos uniforme.

Por ejemplo, solamente 8 estados exigen el registro de un arma: California, Connecticut, Hawái, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, New York y Washington; 13 estados piden un permiso para comprar un arma: California, Connecticut, Hawái, Maryland, New Jersey, New York, Iowa, Massachussets, Minnesota, Nebraska, North Carolina, North Dakota y Rhode Island; y cinco  estados prohíben cargar un arma de fuego libremente en un sitio público: California, Florida, Illinois, South Carolina, Nueva York y el Distrito de Columbia.

En el resto de los 45 estados es permitido.

El negocio

En Estados Unidos, la fabricación de armas de fuego está en aumento, a medida que hay más estadounidenses comprando armas. Obvio que haya desmanes y odios que acaben en muerte, si hay más fuego, más riesgo. En 2018, los fabricantes de armas produjeron nueve millones de armas de fuego en el país, más del doble de la cantidad fabricada en 2008, según la ATF. Más recientemente, enero de 2021 marcó el mayor aumento anual desde 2013 en las solicitudes de verificación de antecedentes federales necesarias para comprar un arma, un aumento de casi el 60% desde enero de 2020.

Y en marzo de 2021, el FBI informó de casi 4,7 millones de verificaciones de antecedentes, la mayor cantidad de cualquier mes desde que la agencia comenzó a llevar un registro hace más de 20 años. Dos millones de esas comprobaciones fueron para nuevas compras de armas, lo que lo convierte en el segundo mes más alto registrado para las ventas de armas de fuego, según la Federación Nacional de Deportes de Tiro, el grupo comercial de la industria de las armas de fuego que compara las cifras de comprobación de antecedentes del FBI con los datos de ventas reales para determinar sus cifras de ventas.

El volumen del negocio ya hace muy complicado intervenir. Demasiados intereses en juego. Cuando dinero e ideología se juntan, el frente a batir es aún más impenetrable. Es lo que pasa con la Asociación Nacional del Rifle, que es uno de los grupos de interés más influyentes en la política de EEUU, no sólo por el dinero que gasta en presionar a los políticos, sino también por el nivel de compromiso de sus cinco millones de miembros. Extremadamente militantes.

La NRA se opone a la mayoría de las propuestas para fortalecer las regulaciones sobre armas de fuego y está detrás de los esfuerzos a nivel federal y estatal para revertir muchas restricciones existentes sobre la posesión de armas. En 2016, gastó cuatro millones en tareas de lobby y más de 50 en campañas políticas, de los que 30 fueron directamente a apoyar a Donald Trump, indica la BBC. Su presupuesto anual da cuenta de su poder: 250 millones que se destinan a programas educativos, eventos para sus miembros, patrocinios, defensa legal y esfuerzos relacionados. Ponen y quitan reyes, además, con su maquinaria a pleno funcionamiento cuando alguien se le cruza en el camino. Pasó cuando Barack Obama comenzó a dar pasos que no les gustaron. Quedaron en nada.

Los grupos a favor de un mayor control de armas, respaldados por benefactores ricos como el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se han organizado en los últimos años, intentando igualar el poder político de la NRA, pero ni por asomo tienen aún la influencia de sus competidores.

Las cámaras, lentas

Cambiar las cosas en el Congreso y el Senado es complicado. La influencia de los proarmas es enorme. Es clave el reparto de escaños: ahora mismo, los demócratas tienen mayoría en las dos cámaras, pero en noviembre hay elecciones de mitad de mandato y las encuestas dan ganadores a los republicanos. Suele pasar, se castiga al presidente en ejercicio. Biden sabía que tenía poco margen para actuar, poco tiempo de tranquilidad legislativa, pero además se le han cruzado prioridades como la covid, la inflación o la guerra de Ucrania que han relegado algunas de sus promesas, como la de abordar este problema.

La demografía juega un papel importante en la inclinación pro-armas de las cámaras, ya que en la misma hay más distritos rurales, que tienen mayores niveles de propiedad de armas, que distritos urbanos. El Senado es el mayor obstáculo para el éxito legislativo del control de armas, justo porque los estados dominados por votantes de grandes ciudades, como Nueva York, Massachusetts o California, son superados en número por los estados rurales y del sur, con inclinaciones proarmas.

Las reglas del Senado también pueden frustrar los esfuerzos para promulgar una regulación de armas más estricta, gracias a un mecanismo que en EEUU se conoce como “filibuster”, filibusterismo, que implica que la mayoría de leyes importantes necesitan el respaldo de 60 de los 100 senadores para aprobarse, en lugar de una mayoría simple, que vendrían a ser 51 votos.

Ha habido intentos de cambiar las cosas, por ejemplo, en 2013, con Obama, después del tiroteo en una escuela de Newtown, Connecticut (26 muertos), porque los dos partidos se unieron, pero al final el proyecto de ley recibió solo 56 votos a favor, cuatro menos de los necesarios para romper la obstrucción.

La Administración Biden ha renovado los llamamientos a la reforma de las armas después de los tiroteos masivos como el de anoche. En marzo, la Cámara de Representantes aprobó una ley que obligaría a los vendedores privados y sin licencia, así como a todos los vendedores con licencia, a realizar comprobaciones federales de antecedentes antes de todas las ventas de armas, y a garantizar que los compradores sean investigados a fondo antes de realizar la venta.

Los proyectos de ley están ahora atascados en el Senado, sin embargo. A pesar de los esfuerzos de algunos demócratas por conseguir apoyo bipartidista, no ha habido indicios de que tengan los votos necesarios para superar el obstruccionismo de 60 votos.

Esa división partidista se refleja también en la población, ya que el 80% de los republicanos y el 19% de los demócratas opinan que las leyes sobre armas en el país son más o menos correctas o deberían ser menos estrictas, según otra encuesta de Pew de abril.

En esas estamos, mientras en Texas velan a niños de ocho años.