Populismo judicial

Creía haber agotado la capacidad de asombro, en mi actual papel de mero espectador de la vida política española, pero he de reconocer que no es así, incluso en un sector tan sosegado y reflexivo como me parecían hasta ahora las asociaciones judiciales. Sin embargo, esta semana he visto con preocupación que el mal del populismo ya no es monopolio de los partidos, ni siquiera de los medios de comunicación, sino que aqueja también a algunas asociaciones mayoritarias de jueces conservadores.

Esto viene a cuento, a raíz de la insólita carta de denuncia del Gobierno y del Congreso españoles ante la Comisión Europea, presentada por parte de tres de las cuatro asociaciones profesionales de jueces con motivo de la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recientemente aprobada. Y no por el género epistolar en sí, como vehículo para trasladar una inquietud, cosa perfectamente legítima, sino por la sobreactuación con el pretendido carácter de denuncia, con petición de sanción incluida al Gobierno por nada menos que una amenaza grave al estado de derecho, sobre todo si el Gobierno no se aviene a rectificar la ley aprobada y la mayoría parlamentaria a retirar la proposición de ley aún pendiente.

Lo peor es que llueve sobre mojado, después del también insólito comunicado del Consejo General del Poder Judicial, manifestando su desacuerdo con la mencionada iniciativa legislativa cuando se encontraba en tramitación. En ninguno de los dos casos, la magnitud de la protesta por la paralización de los nombramientos ha sido siquiera equiparable con la irregularidad, asumida casi con naturalidad por las asociaciones judiciales, de que estos se llevasen efectuando por el órgano de gobierno en funciones ya desde la pasada legislatura, alterando con ello la voluntad del constituyente. Aducirán con razón que el desbloqueo corre de parte de los grupos parlamentarios. Sin embargo, convendrán conmigo que tan aparente normalidad no es precisamente un estímulo para el acuerdo de renovación, sino para el continuismo.

He de admitir que el texto de la denuncia se inscribe en la antología de desmesura en que se ha instalado la política española en Europa, después del intento del PP de bloquear los fondos europeos aduciendo su falta de confianza en la calidad de la democracia española. Lo que pretendía era deslegitimar al Gobierno, incluso a costa de dificultar la aprobación de unos fondos imprescindibles para la recuperación económica de los graves efectos sanitarios y sociales provocados por la pandemia.

Una denuncia que utiliza además una vía un tanto extraña para todos unos juristas, ya que empiezan por saltarse los procedimientos de recurso legalmente establecidos, como sería en primer lugar el correspondiente recurso al Tribunal Constitucional. No sé si eso quiere decir que nuestros jueces ya no creen en la vía del recurso al Tribunal Constitucional para depurar la constitucionalidad de las normas como paso previo a las instancias europeas.

Pero lo más preocupante es que unos profesionales de la justicia, versados en leyes, se permitan emitir valoraciones y juicios tan contundentes como superficiales, cuando no erróneos, sobre la legislación española en general y en particular de la legislación relativa al órgano de gobierno de su propio negociado.

Porque del mencionado texto daría la impresión que las asociaciones de jueces niegan en primer lugar la capacidad del poder legislativo para legislar sobre las competencias del Consejo General del Poder Judicial, como si además de independiente, este se encontrase al margen, o lo que es peor, como si este se encontrase por encima y tuviese poder de veto sobre las Cortes Generales, depositarias de la soberanía del pueblo español.

Las asociaciones profesionales se permiten incluso calificar como inconstitucional la actual regulación de la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuando son sobradamente conocedoras del recurso y de la sentencia favorable a la misma por parte del Tribunal Constitucional.

Que las asociaciones consideren que distintos informes europeos sobre corrupción y sus recomendaciones avalarían, junto al desbloqueo de los nombramientos, un sistema alternativo al modelo actual y que este podría ser, entre otros, el nombramiento corporativo de una parte, no puede interpretarse como patente de corso para caricaturizar el sistema actual y mucho menos para considerarlo falsamente como contrario a la Constitución.

Pero lo más preocupante es el aroma elitista, antipolítico y de menosprecio de los órganos democráticos de representación que desprenden en su denuncia unos cualificados funcionarios del Estado. Porque tan malo es que algún miembro del Gobierno desautorice el papel del poder judicial, como que los jueces hagan lo mismo con el Parlamento y el Gobierno, porque no sean de sus gustos conservadores. Alguien diría que se busca una crisis institucional, si no viniese de funcionarios tan respetuosos de la legalidad.

Lo de la denuncia preventiva de una proposición de ley relativa a las mayorías para la elección de los vocales del CGPJ, aún pendiente de tramitación, es algo exótico, sin parangón desde la guerra preventiva de George Bush. Algo así, como condenar por meras intenciones. En definitiva, que no salgo de mi asombro.