¿Podría el Gobierno aplicar el artículo 155 contra Castilla y León por sus medidas sobre el aborto?

Todo comenzó el jueves. El Gobierno de Castilla y León anunciaba, primero en una nota y después en rueda de prensa, que obligaría a los médicos a ofrecer a las mujeres que quisieran abortar escuchar el latido del feto antes de tomar su decisión.

Medidas “provida”, como dijo Juan García-Gallardo, vicepresidente de esta región, del partido de ultraderecha Vox, en una rueda de prensa en la que fue incapaz de detallar las medidas afirmando que no entendía “de embarazos”.

Lo que sí dijo claramente es que estas medidas iban a ser “imperativas” para los médicos, un asunto sobre el que se han producido distintas versiones durante el fin de semana dentro del propio gobierno regional, ya que desde la Consejería de Sanidad e incluso el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, han matizado asegurando que se respetarán los derechos de las mujeres.

Pero el Gobierno central no está convencido de este último aspecto, razón por la que decidió este domingo enviar un requerimiento al consejero castellanoleonés instándole a no aprobar medidas que establezcan “cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico”.

En su requerimiento, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Sanidad dirigido por Carolina Darias, también exige al gobierno de Mañueco que las pruebas diagnósticas “no contravengan el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas”.

Lo cierto es que, de momento, el Boletín Oficial de Castilla y León no ha publicado ninguna medida ni ninguna orden hacia los profesionales médicos. Precisamente por eso, en el requerimiento, el Gobierno central reclama al Ejecutivo de Mañueco que indique cuáles van a ser, si salen adelante, las medidas.

Además, el propio presidente castellanoleonés ha negado en una declaración institucional que vaya a cambiar el protocolo para mujeres embarazadas, aunque no ha negado que existan nuevas medidas “para mejorar y modernizar la cartera de servicios”.

“La voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico seguirán operando en esta región. (...) No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada”, ha explicado.

Pero, ¿y si Castilla y León sigue adelante con las medidas que el Gobierno considera que contravienen la ley actual?

Porque eso es lo que ha expresado, muy al contrario de lo que ha dicho Mañueco, su vicepresidente, García-Gallardo, quien mantiene que el protocolo sí será obligatorio para los médicos.

“Si no es de obligado cumplimiento no sirven para nada”, ha aseverado.

Por eso, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha mostrado en LaSexta su “máxima preocupación” ante las medidas anunciadas y no se fía de que puedan llevarse a cabo pese a las palabras de Mañueco.

Por eso, en su comunicado, Moncloa deja claro que estudiará todas las medidas judiciales y legales que pueda tomar para evitar que se adopten decisiones que choquen con la legalidad.

Pero, ¿estaría la aplicación del artículo 155 entre esas medidas?

Según informa La Vanguardia, citando fuentes de La Moncloa, no descartan esta posibilidad. “Cabe el 155” pero consideran que aún es “prematuro” e incluso “aventurado” pensar en una medida de tal calibre.

Sin embargo, la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha dicho que “el Gobierno no está ahí”, sino a la espera de la respuesta del Gobierno de Castilla y León al requerimiento.

Este artículo faculta al Gobierno central a obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones constitucionales y legales si esta decide no cumplirlas o actúa “de forma que atente gravemente al interés general de España”.

Como ocurrió en 2017 con el Gobierno de Mariano Rajoy y Cataluña, para su aplicación es necesario, primero, el envío de un requerimiento como el que ya ha enviado el Ejecutivo de Sánchez; y posteriormente su aprobación, por mayoría absoluta, en el Senado, la cámara territorial.

Una vez obtenido el visto bueno de la Cámara alta, “el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas”, en este caso, de Castilla y León.

La única vez que se ha aplicado el 155 en la historia democrática de España, en 2017, el Gobierno central destituyó a todo el Govern catalán y aprobó la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña.