Los mil días de bloqueo del Poder Judicial

El 31 de agosto el Consejo General del Poder Judicial cumplía mil días en funciones. ¿La razón? El PP se ha negado durante este tiempo a un pacto con el PSOE para renovar a los miembros del órgano de los jueces, poniendo diferentes excusas y retando ahora a Pedro Sánchez a pactarlo con la condición de que se cambien las reglas del juego (que sea una parte elegida por los propios magistrados y no por las Cortes Generales).

Este lunes arranca el año judicial en un acto en el Tribunal Supremo que estará presidido por el propio rey. Tomarán la palabra el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien se ha negado a dimitir para forzar la renovación, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el punto de mira de la oposición por su pasado como ministra de Justicia. Estará lo más granado de la magistratura, además de la actual ministra del ramo, Pilar Llop, el presidente del Senado, Ander Gil, y el líder de la oposición, Pablo Casado. 

Esta apertura llega, otra vez, con un Poder Judicial sin renovar, siguiendo vigente la composición con mayoría conservadora que se acordó entre el PP y el PSOE durante la época de Mariano Rajoy. Las negociaciones estuvieron a punto de materializarse el pasado mes de marzo, pero el PP se echó para atrás a última hora alegando que no va a permitir que Unidas Podemos entre en el acuerdo (se vetó el nombre del juez De Prada).

Luego el PSOE intentó presionar y amagó con una reforma, junto a UP, en la que se pudieran elegir a los vocales por mayoría simple en el Congreso, pero el PP presionó fuera de España y la UE dio un toque de atención diciendo que no era el modelo a seguir. Aquel órdago se retiró, pero el Partido Popular no se avino a un pacto. Desde el Gobierno se ha intentado un acuerdo global que afecte al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

El CGPJ es el órgano constitucional (en virtud del artículo 122) que ejerce de gobierno del Poder Judicial. Es colegiado, autónomo y está integrado por jueces y destacados juristas. Tiene como principal finalidad garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de su función. Entre las más destacadas funciones, están las de nombramientos, ascensos y traslados de los jueces, la inspección del funcionamiento de los juzgados y tribunales y la exigencia de responsabilidades disciplinarias a los miembros de la carrera judicial.

Está formado por 20 miembros (llamados vocales), nombrados por el rey y elegidos por las Cortes Generales entre jueces y juristas de reconocida trayectoria. El Congreso elige a 10 vocales y otros tantos el Senado. Hay 12 puestos para jueces y magistrados y ocho para “juristas de reconocida competencia”. La ley del Poder Judicial establece una mayoría de tres quintos en cada Cámara. Por ejemplo, en el Congreso hacen falta 210 de los 350 parlamentarios que hay para sacar adelante la renovación. Traduciendo en votos, un acuerdo entre el PSOE y el PP para que salga adelante. El mandato es para cinco años.

¿Qué pasa ahora? El PSOE quiere un acuerdo en el que se refleje su mayoría parlamentaria, es decir, con una composición con una mayoría progresista. En cambio, el PP se resiste a acordar un reparto con el sistema fijado en 1985 y por el que ha pactado todos los consejos desde entonces.

Los populares quieren que haya un nuevo sistema por el que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los jueces y no por las Cortes. La Constitución establece que ocho deben ser elegidos por Congreso y Senado, pero no especifica el resto -que ahora son elegidos también por las Cámaras en virtud de la ley del Poder Judicial de 1985-. Es decir, no se establece, como dice Pablo Casado, que deban ser elegidos por los jueces (aunque podrían serlo si se aplica una reforma).

Desde el PSOE se cree que Casado quiere cambiar ahora las reglas del juego para seguir “secuestrando” al Poder Judicial porque le beneficia su mayoría conservadora. Desde el Ejecutivo se sigue rechazando cambiar el modelo y se recuerda que el PP hasta hace unos meses negociaba con esas mismas reglas.

Este bloqueo del Poder Judicial está provocando una erosión en el sistema judicial por su imagen de politización precisamente. Desde las asociaciones de jueces se reclama la renovación urgente, aunque hay diferencias. Las tres del espectro de centro derecha (APM, Francisco de Vitoria y Foro Independiente) se adhieren a las tesis del Partido Popular para la elección de una parte de los jueces, mientras que la progresista de Juezas y Jueces para la Democracia recoge firmas para que el PP desbloquee la situación y ha llegado a pedir a Lesmes que dimita.

Todos se ven las caras este lunes.