Podemos y PSOE proponen limitar las competencias del Poder Judicial en funciones
Los partidos de la coalición registran una proposición de ley para presionar el PP, que descarta tener un acuerdo con el Gobierno.
Podemos y PSOE han registrado conjuntamente este miércoles en el Congreso una proposición de ley para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando esté en funciones. En concreto, la iniciativa de los socios de coalición está encaminada a acotar la capacidad de nombramientos del órgano de Gobierno de los jueces.
Ambas formaciones, ante la situación de bloqueo en su renovación impuesta por el PP desde hace dos años, intentan presionar a los de Pablo Casado para alcanzar un acuerdo que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dio por cerrado este lunes y que el PP negó acto seguido.
Con esta propuesta, socialistas y morados quieren llevar la discusión al pleno del próximo 15 de diciembre, el último antes de las Navidades y de 2020, uno de los años de mayor actividad parlamentaria a causa de la pandemia. Fuentes de Podemos celebran el paso conjunto: “Es muy importante. En los últimos dos años hemos visto como una institución con el órgano caducado tomaba decisiones muy importantes para con el Poder Judicial. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. El Congreso de los Diputados y el Gobierno no pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía”.
La proposición se concentra en un aspecto específico del funcionamiento en situación de prórroga del CGPJ, mientras el Gobierno continúa a la espera de pactar la renovación con el PP o de activar el plan b en forma de proyecto de ley de reforma que Pedro Sánchez paró hace un mes para intentar una última aproximación con los populares.
Los portavoces de PSOE y Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique respectivamente, se han dejado caer en el registro de la Carrera de San Jerónimo sobre las 10.30 para arrancar la tramitación de la proposición que quiere cambiar la ley de 1985, la que pauta el funcionamiento del CGPJ.
En la explicación de motivos de la propuesta, ambos partidos confluyen en la necesidad de “limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato”. Además, pretenden que en una situación como la actual, con un Consejo que debía haberse renovado hace dos años tras cumplirse su mandato constitucional de cinco, el órgano de Gobierno de los jueves no tendría que nombrar al Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de las Audiencias, los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o los Magistrados del Tribunal Constitucional.
Hay algo que esta proposición de ley no contempla: el cambio en el método de elección de la cúpula judicial, algo que sí planteaba el plan de reforma exprés del Ejecutivo y que levantó suspicacias en la Unión Europea. Aquella reforma legislativa permitiría aprobar la renovación de los doce vocales del Consejo por mayoría absoluta en la Cámara Baja frente a los tres quintos (210 escaños) que son necesarios actualmente.
El Gobierno quería garantizase la renovación de la mayoría del Poder Judicial con los votos de la mayoría que alumbró la investidura de Pedro Sánchez hace casi un año, además de con los apoyaos pactados para la aprobación de presupuestos de 2021. Y todo para que cambie la actual mayoría absoluta conservadora, vigente desde hace siete años, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.
Nombramientos “ilegítimos y manchados de ilegalidad”
Tanto Podemos como PSOE consideran que las limitaciones que proponen deberían de ser “lógicas” y que deberían extenderse también a los nombramientos de los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, el Promotor de la Acción Disciplinaria, el Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el Jefe de la lnspección de Tribunales.
Desde que el CGPJ se encuentra en funciones, su presidente, Carlos Lesmes, ha reclamado con insistencia a los partidos políticos con representación parlamentaria que procedan a la renovación de ese órgano, aunque no ha tenido éxito. La situación a la que se ha enfrenta Lesmes es grave porque, además, ha propuesto nombramientos relevantes en vacantes en varios tribunales, también en el mismo Supremo. Podemos se quejó de que esos nombramientos efectuados por Lesmes le parecían “ilegítimos y manchados de ilegalidad”.
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