Podemos se prepara para entrar en las empresas públicas del Estado

De las calles a la moqueta. Podemos cambia el tercio. Dijeron que su voto afirmativo en la moción de censura no sería un cheque en blanco. De hecho, el propio Pablo Iglesias anunció una oposición dura desde el primer día del Gobierno Sánchez. Pero hoy todo es distinto. La buena acogida del primer Gabinete, las primeras decisiones, las encuestas, los datos de intención de voto, la tendencia al alza de la izquierda, la euforia por el cambio, la primera cita en La Moncloa...

Los morados hoy están dispuestos no sólo a hacer de socios leales y colaboradores del PSOE, sino a implicarse en la gestión de la Administración General del Estado. ¿La fórmula? La presidencia de algunas empresas y organismos públicos, una tupida red de más de 3.000 sociedades (sin incluir empresas participadas) además de consorcios, agencias, fundaciones y asociaciones... Lo llaman la Administración paralela. ¿Recuerdan? El primer Gobierno de Rajoy prometió reducirlo al máximo para recortar el gasto público. El resultado fue mucho menos ambicioso de lo anunciado.

La lista de sociedades ya está sobre la mesa de Pablo Iglesias, que estudia qué empresas podría presidir Podemos que sean compatibles con su estrategia política. En principio, hay una especie de Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda dedicada a investigar los grandes fraudes en España en la que los morados están muy interesados. Pero habrá alguna más.

Y es que el encuentro discreto que Pedro Sánchez tuvo con Pablo Iglesias en La Moncloa dio para mucho más que para una visita informal por el complejo, durante la que el presidente hizo de anfitrión del líder de Podemos y le mostró la "bodeguilla" que ordenó construir Felipe González para recibir a sus amigos, la sala donde Adolfo Suárez celebraba las reuniones del Consejo de Ministros, los jardines o la piscina de la residencia privada.

Una vez hecho el recorrido y después de indicar el emplazamiento concreto del "búnker" que ni siquiera Sánchez aún ha visitado, ambos líderes trabajaron sobre una estrategia parlamentaria conjunta para impulsar iniciativas hasta ahora bloqueadas por la derecha. Entre otras, la reforma de las pensiones, la televisión pública, la reforma laboral y hasta de un plan de vivienda que concretará sus respectivos equipos en las próximas semanas antes de llevarlo a la Mesa del Consejo de Ministros.

Iglesias recupera así espacio en un marco del que, antes de la moción, había quedado desplazado, y Sánchez se garantiza la colaboración de Podemos para asuntos clave. Ambos líderes están seguros de que habrá asuntos, tanto sociales como laborales, que podrán rentabilizar conjuntamente antes de las próximas elecciones. Las materias susceptibles de acuerdo están identificadas y ambos se mostraron de acuerdo incluso en pactar los posibles disensos para que el electorado empiece a percibir un entendimiento en la izquierda hasta ahora impensable.

Con todo, la oferta que el presidente hizo al líder de Podemos para que su formación entre a formar parte de las empresas y organismos públicos del Estado, y el compromiso de éste a estudiar los espacios en los que puede implicarse su formación, es la prueba más evidente de que los morados no están dispuestos a cargar de nuevo con la responsabilidad del eterno divorcio de la izquierda.

No es que Iglesias se haya imbuido del "síndrome de La Moncloa", sino que su dirección entiende que su propio electorado penalizaría hoy una oposición implacable al estilo de la de la "cal viva" como la que ejercieron en el Parlamento durante la investidura fallida de Sanchez. Desde ahora, la formación de Iglesias tiene una nueva estrategia que pasa, sí, por marcarle la senda por la que transitar al Gobierno para desarrollar políticas progresistas, pero también de apropiarse de los éxitos cuando lo sean.

Y esto, pese a que a nadie se le escapa que la relación con el PSOE ha sido uno de los temas que más han tensionado la organización morada desde que llegara a las instituciones, en especial después de que la dirección decidiera rechazar la investidura de Sánchez en 2016. Esto por no recordar que fueron las distintas visiones en torno a la relación con el PSOE y el papel de Podemos en las instituciones fueron el principal motivo de enfrentamiento entre 'errejonistas' y 'pablistas' durante el congreso de Vistalegre II.

Un año y medio después, los intereses de las dos almas de Podemos convergen en una estrategia que pasa por ayudar al PSOE cuando corresponda, hacer oposición cuando haya motivos y responsabilizarse de la gestión en la Administración del Estado desde las empresas y organismos públicos siempre que desde ellos la formación morada pueda impulsar algunas de sus políticas sociales y de regeneración democrática.

La dirección del PSOE, por su parte, entiende que Podemos entre a formar parte del Gobierno, aunque sea a través del sector público. Y no sólo por el apoyo prestado durante la moción de censura, sino para hacerles corresponsables de la gestión y para abonar el terreno para acuerdos venideros tras las elecciones municipales y autonómicas pero, sobre todo, tras las próximas generales.

En los últimos siete años, el Gobierno del PP suprimió más de mil entes en todos los niveles de la Administración. Todos fueron organismos menores, pero la inmensa mayoría siguen escapando de los controles administrativos más eficaces. No en vano, los grandes casos de corrupción en los últimos años han tenido que ver con la utilización que el PP hizo en las Autonomías de este tipo de entidades.