Lo que supone políticamente el plan de choque del Gobierno

Se trata del decreto más importante aprobado por el Gobierno desde tiempos de pandemia. Una serie de medidas clave para frenar las consecuencias económicas de la guerra, que se han colado ya en las casas y coches de todos los españoles. Y este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde a ese paquete multimillonario y ambicioso con el que pretende calmar la calle.

Detrás de las cifras con muchos ceros (se movilizan hasta 16.000 millones de euros), hay muchas lecturas políticas de lo que supone este acuerdo. Variantes nacionales e internacionales de un plan que durará, en principio, hasta el 30 de junio y que va a marcar la política nacional durante toda la primavera. 

Un texto que se ha terminado de perfilar a escasos minutos de que arrancara por la mañana el propio Consejo en La Moncloa y en el que ha habido negociación e intercambio de ideas durante varias madrugadas. Y con el que los dos socios de Gobierno están satisfechos, recosiendo una relación dañada en los últimos días y que hace que la coalición salga más fuerte después de este martes.

Esto no significa que no haya habido momentos de tensión durante estas horas. Según fuentes conocedoras de la negociación, se ha vivido otro fuerte choque entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la segunda, Yolanda Díaz. Dos asuntos estiraron mucho la cuerda: la prohibición de los despidos por causa de la subida del precio de la luz y la limitación a un 2% del aumento de los precios del alquiler que se deban negociar durante estos meses. Dos medidas que tenían el sello de Podemos y que no convencían al departamento de Economía, aunque al final desde Presidencia se dio el ok. De hecho, fuentes moradas consideran que ha sido un gesto de Pedro Sánchez.

El otro punto que tenía a la gresca a los socios de Gobierno era el posible establecimiento de un impuesto a las eléctricas, algo que defendía Unidas Podemos. Ni Sánchez ni Ribera trataron esta posibilidad con las empresas la semana pasada, pero en UP, añaden las fuentes, se han contentado al compensarse con una serie de medidas para limitar los llamados beneficios caídos del cielo. Por ejemplo, el decreto recoge que se aplicará una reducción de los beneficios que obtienen en el mercado mayorista, gracias al precio del gas, cuando renueven contratos o firmen nuevos que supere el umbral de los 67-70 euros/megavatio hora. Los ‘morados’ han accedido a esta propuesta dejando al lado el tributo que tenían en mente.

El precio del gas es, sin duda, el nudo gordiano de la factura de la electricidad. Todavía queda otra batalla por librar y que enfrenta a los socios: el tope del precio del gas en el mercado mayorista que se puede imponer a raíz de la ‘excepción ibérica’ lograda por Pedro Sánchez y Antonio Costa durante el pasado Consejo Europeo.

Desde Podemos, Ione Belarra ha estado presionando para que sea de 30 euros, pero la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no ha cuantificado todavía la propuesta que se enviará a la Comisión Europea esta misma semana. En la parte socialista son también claros: quieren lo mismo que UP, bajar al máximo el precio, pero todavía hay que hacer un trabajo muy técnico y de negociación con Bruselas. En ese campo se mueven especialmente durante estas horas tanto el equipo de Ribera como el de Nadia Calviño, dos personas con contactos al máximo nivel en la Unión Europea.

La medida estrella que lleva el paquete es, por su impacto en la población, la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. El Ejecutivo sabe que es una medida necesaria para apagar la tensión generada por los ‘chalecos amarillos’ españoles y que asfixia a muchos ciudadanos. Para algunos llega tarde, pero el Gobierno prevé ponerla ya en marcha a partir de este viernes en las gasolineras de todo el país.

La tensión en la calle es uno de los asuntos que más ha preocupado en el Ejecutivo durante estas semanas, a pesar de que en un primer momento no se valoró en su medida y se produjo la equivocación, como muchos dentro de la coalición creen, de equipararlo a un movimiento de ultraderecha. Eso se ha notado hasta en la propia rueda de prensa de este martes, cuando ninguna de las vicepresidentas ha hecho referencias a Vox e incluso Díaz ha reivindicado que la gente se manifieste ante el malestar por los precios.

Toda la prensa estaba muy expectante por ver a Calviño y Díaz en esa rueda juntas tras la tensión del fin de semana. Ellas, como siempre, han negado discrepancias, aunque son conocidas por todos los sectores. Han intentado rebajar, desde el “graciñas, Nadia” hasta las respuestas conjuntas. La también ministra de Trabajo ha dicho que lo importante son los “hechos” y que las dos han acordado ese decreto con las mismas medidas. 

Otro de los mensajes más relevantes políticamente lo ha mandado Díaz, quien ha querido dirigirse directamente a los empresarios para decirles que no hay motivos para despedir. De hecho, se prohíben a las empresas que estén acogidas a ERTE y por el motivo del aumento del precio de la energía. Una de las grandes preocupaciones es que esta situación afecte a los datos de empleo, justo cuando el país tiene veinte millones de empleados. La vicepresidenta segunda, por otro lado, ha suspendido el arranque de su proceso de escucha ante el alto volumen de trabajo durante estos días.

La otra pregunta que flota en estos momentos es qué pasará con este decreto en las Cortes Generales y cómo será recibido por el resto de grupos. Desde hace días tiene esta misión el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien se ha afanado con su teléfono desde el fin de semana especialmente, una vez Pedro Sánchez volvió con esa excepción ibérica en el bolsillo.

La principal incógnita es el Partido Popular, que por el momento no da su sí pero tampoco ha anunciado un no. Calviño ha pedido “unidad y responsabilidad” a todos los partidos, aunque ha descartado la petición de los populares de una bajada “generalizada” de impuestos. En el Gobierno piensan que no sería efectivo, ni tampoco justo ante una fiscalidad progresiva (aunque ese principio no guía la medida del combustible). Como recuerdan, ese descenso tributario se ha aplicado en el caso de los impuestos de la luz (como el IVA o el impuesto de generación eléctrica) y luego no se ha materializado como se esperaba en la factura (dejando de ingresar además el Estado 12.000 millones de euros).

La intención del Gobierno es que se apruebe ese decreto (ven más convencidos esta vez a los otros socios de investidura) y no tener que convertirlo en un proyecto de ley, lo que llevaría a retrasar su aprobación semanas. La situación ya ha esperado suficiente y se quiere ir lo más rápido posible.

Lo que se encuentra Moncloa es que será la primera negociación directa de Alberto Núñez Feijóo, que será nombrado presidente del PP el próximo sábado en el congreso de Sevilla. Esperan que el gallego acabe pactando y que el tema se trate en la reunión que pueden mantener Sánchez y el dirigente conservador una vez se oficialice su nombramiento. Pero como advierte un miembro del Gobierno sobre el ‘popular’: “Se va a dejar querer”.