Piden 12 años de cárcel para la expresidenta argentina Fernández por "corrupción sistemática"

Un fiscal pidió esta pasada noche que se condene a la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, a 12 años de prisión al considerarla la “jefa” de una trama de “corrupción sistemática” en torno a la obra pública que causó un millonario perjuicio para el Estado.

“Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, afirmó el fiscal Diego Luciani en su alegato final en el juicio que se sigue desde mayo de 2019 por la denominada “causa Vialidad”.

Según el procurador, Fernández, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, fue la “jefa” de una asociación ilícita conformada por funcionarios públicos de “alta jerarquía” -para quienes el fiscal también solicitó diversas penas-  y que actuó por los móviles del ”ánimo de lucro y la codicia”.

Además de pedir que Cristina Fernández vaya a prisión por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, Luciani solicitó que se la inhabilite a perpetuidad para ejercer cargos públicos.

Pidió asimismo que se decomisen bienes de los acusados por valor de 5.231 millones de pesos (36,4 millones de dólares), cifra a la que, según la Fiscalía, llegó el fraude orquestado por esta “asociación ilícita”.

En este proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.

“Se trató de actos de corrupción sistemáticos, promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de la contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”, aseveró el fiscal.

Según Luciani, hubo por parte de la ahora vicepresidenta un “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulo para alcanzar el móvil ambicionado” y un “desprecio hacia la ciudadanía en general al emplear fondos que debían haberse destinado a una utilidad social en provecho personal”.

Defensa de la vicepresidenta

El fiscal cuestionó al presidente argentino, Alberto Fernández, por decir, al testificar en este juicio, que la política pública en materia de contrataciones no puede ser revisada por la Justicia. “Evidentemente, para defender puerilmente a su compañera de fórmula, intentó correr el foco de la cuestión y evitó hablar de la gravedad de los hechos aquí verificados y del grave perjuicio ocasionado al Estado”, dijo.

Tras el alegato del fiscal, el Gobierno difundió un comunicado en el que mostró su apoyo a la vicepresidenta ante la “persecución judicial” en su contra y afirmó que “ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado”.

A título personal, Alberto Fernández expresó su “más profundo afecto y solidaridad” a la vicepresidenta, quien mantiene abiertas diferencias con el jefe de Estado.

Otros dirigentes del frente oficialista, como el ministro de Economía, Sergio Massa, también cuestionaron el alegato del fiscal.

En tanto, dirigentes opositores salieron a apoyar el accionar de la Justicia, al tiempo que un grupo de manifestantes se reunió a las puertas del edificio donde reside la vicepresidenta en Buenos Aires para celebrar el pedido de condena para la exmandataria.

También grupos a favor y en contra de la vicepresidenta se manifestaron la pasada madrugada en Buenos Aires, con tensiones entre ellos y con la policía, que se acabaron rebajando, aunque después de varios arrestos.

Rechazo a la petición de la defensa

Al concluir el alegato de Luciani, el abogado defensor de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, solicitó al tribunal que se le otorgara a la vicepresidenta la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria. Pero los jueces rechazaron la petición, por lo que los alegatos de las defensas se iniciarán el 5 de septiembre.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante cinco días en mayo de 2019”, dijo la vicepresidenta en su cuenta en Twitter.

Anticipó que este martes, a través de las redes sociales, demostrará por qué le “están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion” de la Fiscalía.

Cristina Fernández, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que le protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política.

En caso de que fuera condenada, la vicepresidenta, de 69 años y quien en principio goza de fueros hasta diciembre de 2023, tendrá el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.

Caso a caso

La vicepresidenta argentina, tras la petición del fiscal, espera el inicio de otro proceso oral en su contra pero fue sobreseída ya en varias otras causas por supuestas irregularidades mientras gobernó el país, entre 2007 y 2015. En los últimos años ha sorteado las peticiones de prisión preventiva dictadas en su contra gracias a los fueros que le protegen, aunque siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de una persecución política. Estos son los casos que la han salpicado:

1. CAUSA VIALIDAD

El proceso oral y público, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, por esta causa se inició el 22 de mayo de 2019. Dentro de este caso se investigan supuestas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción de carreteras en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo. La etapa de instrucción estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien determinó que cerca del 85 % de los contratos viales de la provincia fue adjudicado al empresario Lázaro Báez, amigo personal del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). Por este caso, Fernández fue procesada a fines de 2016 por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta agravada. El fiscal que interviene en el juicio oral, Diego Luciani, solicitó este lunes una pena de 12 años de cárcel para la vicepresidenta, tras asegurar que ha quedado demostrado que Fernández era la “jefa” de una asociación ilícita.

2. CUADERNOS DE LA CORRUPCIÓN

En septiembre de 2018 el juez Claudio Bonadio procesó a Fernández y pidió su prisión preventiva -que no se ha hecho efectiva por los fueros de la entonces senadora y actual vicepresidenta- en el marco de la denominada causa de los “cuadernos de la corrupción” al considerar que la expresidenta fue la jefa de una asociación ilícita que operó entre 2003 y 2015. La causa lleva ese nombre porque se inició a partir de las anotaciones en cuadernos de un chofer del Ministerio de Planificación, el epicentro de una supuesta trama de sobornos a cambio de contratos públicos que presuntamente comenzó con el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y continuó durante el de Fernández (2007-2015). Muchos involucrados se acogieron a la figura del arrepentido y han reconocido la existencia de una red de corrupción. La causa fue elevada en 2019 a juicio oral, un proceso que aún no comenzó.

3. DÓLAR FUTURO

En esta causa, iniciada en octubre de 2015, se investigaron supuestas irregularidades en operaciones con contratos de futuros de dólar durante el período final del segundo mandato de la expresidenta. Según la investigación en la etapa de instrucción, los contratos se pactaron a un precio menor al de mercado, lo que habría supuesto unas pérdidas millonarias para el Estado cuando Mauricio Macri asumió la Presidencia, a finales de 2015, y se disparó el valor de la moneda estadounidense. Por este caso, Fernández fue procesada por presunta administración infiel en perjuicio del Estado. Antes del inicio del juicio oral, Fernández y otros imputados fueron sobreseídos en abril de 2021 por la Sala I de la Cámara Federal de Casación, decisión que fue apelada y sobre la que aún debe expedirse la Corte Suprema.

4. PACTO CON IRÁN

En esta causa, Fernández fue investigada por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán. Argentina firmó ese pacto para facilitar la investigación del atentado a un centro judío en Buenos Aires en 1994, por el que están acusados varios iraníes, pero la Justicia investigó si, en realidad, se había tratado de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país. La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación contra Fernández apareció en su apartamento con un disparo en la cabeza. Fernández fue procesada en esta causa por el presunto delito de encubrimiento y sobreseída en octubre de 2021 por el Tribunal Oral Federal 8, antes del inicio del juicio oral, una decisión que fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal, que aún debe expedirse.

5. HOTESUR-LOS SAUCES

En la denominada causa Hotesur-Los Sauces, que lleva el nombre de dos empresas relacionadas con la familia Kirchner, se investigaron supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero proveniente de la adjudicación de obras públicas. Por esta causa -que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas-, Fernández fue procesada por el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita. También fueron procesados sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Todos fueron sobreseídos en noviembre de 2021, antes del inicio del juicio oral, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, una decisión que fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal, que aun debe resolver sobre el asunto.

6. SUBSIDIOS AL TRANSPORTE

Como una derivación de la “causa de los cuadernos”, en marzo de 2019 el juez Claudio Bonadio procesó a Fernández por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas de transporte público. Por falta de pruebas, en noviembre de 2020 la vicepresidenta fue sobreseída por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

7.DOCUMENTOS HISTÓRICOS

En marzo de 2019 el juez Claudio Bonadio procesó a Fernández por tener en su poder documentos históricos. Se trata de una derivación de la “causa de los cuadernos” ya que, en el marco de ese caso, en un allanamiento a la casa de la senadora en la sureña localidad de El Calafate se encontraron un prontuario del expresidente argentino Hipólito Yrigoyen y una carta que el general José de San Martín le envió desde Francia en 1835 al patriota chileno Bernardo O’Higgins. En agosto de 2020, Fernández fue sobreseída por el juez federal Marcelo De Giorgi.

8. CARTELIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

El juez Claudio Bonadio procesó a Fernández en una causa por supuesta cartelización de la obra pública. En el expediente, también derivación de la “causa de los cuadernos”, se investigó el presunto pago de sobornos para la distribución de contratos de ejecución de obras viales entre empresas constructoras. En mayo de 2022, la vicepresidenta fue sobreseída por el juez federal Julián Ercolini.

9. GNL

En marzo de 2019 la expresidenta fue procesada por el juez Bonadio en una causa por presuntas irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL), pero en octubre de 2019 la Cámara Federal revocó ese procesamiento y dictó la falta de mérito. En abril de 2022 el juez federal Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta en esta causa.

10. CORREDORES VIALES

En marzo de 2019, como una derivación de la “causa de los cuadernos”, el juez Bonadio procesó con pedido de prisión preventiva a Fernández en un caso por presuntos sobornos en la renegociación de contratos de concesión de carreteras, pero en octubre de 2019 la Cámara Federal revocó ese procesamiento y dictó la falta de méritos de la vicepresidenta.

11. USO DE AVIONES OFICIALES

En marzo de 2019, el juez Claudio Bonadio procesó a Fernández por presuntamente utilizar los aviones de la flota presidencial para enviar periódicos y muebles hasta las sureñas ciudades de Río Gallegos y El Calafate. Fernández fue procesada por presunto peculado (malversación de activos públicos). En noviembre de 2019 la Cámara Federal de la capital argentina confirmó el procesamiento por el supuesto traslado de mobiliario, pero lo revocó para el caso del envío de los periódicos ya que consideró que éstos eran elementos vinculados a sus funciones como jefa de Estado. En mayo de 2022, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la confirmación del procesamiento de Fernández.

12. LA RUTA DEL “DINERO K”

La causa de la denominada “ruta del dinero K” se centra en el supuesto lavado de dinero negro por parte del empresario Lázaro Báez, ligado al matrimonio Kirchner. Báez fue condenado por este caso junto con sus hijos. La Fiscalía insiste en investigar a Cristina Fernández, quien fue indagada pero no procesada en la causa y ha solicitado su sobreseimiento definitivo en el caso, que está a cargo del juez Sebastián Casanello.