Las claves para entender el lío entre Interior y la Guardia Civil
Destituciones, dimisiones, notas reservadas y un polémico informe sobre el 8-M remitido a la jueza.
Una nueva polémica azota al mundo político, sanitario, judicial y de seguridad. Un cese, una dimisión, un polémico informe sobre el 8-M, un delegado del Gobierno imputado, todos los partidos de la oposición pidiendo dimisiones, una nota reservada de la directora... Estas son las claves de lo que está ocurriendo:
¿Qué ha pasado?
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesaba el pasado 25 de mayo al coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo jefe de la Guardia Civil en Madrid por “pérdida de confianza” después de que éste no le hubiera comunicado que había remitido al juzgado un informe sobre las manifestaciones del 8-M.
Apenas 24 horas después del cese de Pérez de los Cobos, dimitía el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, uno de los rostros más visibles durante la gestión de la pandemia.
Ceña ya se había jubilado, pero se había comprometido a seguir en su cargo hasta el 2 de junio. A partir de ahora será nuevo ‘número dos’ de la Guardia Civil, Pablo Salas, que era hasta el momento jefe de información de la Guardia Civil. Las asociaciones de guardias civiles ha valorado la marcha de Ceña para ser fiel a los principios del Cuerpo y han criticado las “injerencias políticas” en el instituto armado.
¿Cómo justificaba Marlaska el movimiento?
El ministro del Interior desvinculaba desde el primer momento la decisión de cesar a De los Cobos con el informe del 8-M y argumentaba que ”únicamente” se debía a una política “razonable y normal de reconstrucción de nuevos equipos y dentro del ámbito de máxima confianza que todo dirigente político plantea”.
En diferentes intervenciones ante el Congreso y el Senado durante estos días, el ministro del Interior rechazaba haber tenido conocimiento de ese informe e insistía en que era una cuestión de hacer su propio equipo.
¿Cuál fue el verdadero motivo?
Según una nota “reservada” de la Guardia Civil desvelada por El Confidencial, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, admitía que ese cese se hacía por una “pérdida de confianza” por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.
Posteriormente, Interior ha reconocido que cesó al coronel por una pérdida de confianza al no haber comunicado las actuaciones de la investigación del 8-M, pero en ningún caso por el contenido del informe, al que no tuvieron acceso ni el departamento ni la dirección del cuerpo.
¿Qué decía el informe?
Se trata de un informe remitido al juzgado de instrucción número 51 de Madrid y que ha servido a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel para imputaar al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, al haber autorizado la manifestación del 8-M una semana antes de que se declarara el estado de alarma.
El informe ha sido elaborado por la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y concluye que que no se debería haber celebrado ninguna concentración en la Comunidad de Madrid desde el 5 de marzo “con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19” y no haberse producido “unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo”.
Según consta en la página 63, se señala que gracias al análisis documental se “ha constatado que la Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma de las que había tenido conocimiento y por ende había permitido autorizar su celebración”.
Asimismo, el polémico informe sostiene de manera taxativa: “El Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.
El informe también habla del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y el contraste entre permitir el 8-M, cuyo promotores esperaban un millón de personas, y a la vez pedir que no se celebrara un congreso evangélico, al que iban a asistir unas 5.000 personas los días 19,20 y 21 de marzo.
Se recoge el testimonio de algunos de los organizadores de este último evento, que narran reuniones aquellos días con el titular de Sanidad, Salvador Illa, y Fernando Simón. Según Manuel Cerezo, secretario Ejecutivo del Consejo Evangélico en Madrid, en una cita el 5 de marzo -tres días antes de la manifestación del 8-M, con estos dos responsables sanitarios les dijeron: “Deberían suspenderlo”.
En otra reunión al día siguiente, según los testigos, Fernando Simón insistió: “Que ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto”.
¿Por qué es tan polémico el informe?
El informe ha levantado polémica no sólo por lo que la Guardia Civil dice, sino también por recoger informaciones tergiversadas, bulos, testimonios de otras concentraciones desconvocadas aquellos días, versiones de reuniones sin contrastar y especulaciones sobre la propagación del virus.
Además, se dan hasta fechas incorrectas diciendo que la OMS declaró el 30 de enero la pandemia del coronavirus, cosa que no sucedió realmente hasta el 11 de marzo. Se llega incluso a decir que el Gobierno conocía la gravedad de la pandemia desde enero, basándose exclusivamente en una noticia de OK Diario.
¿Cómo está la investigación judicial?
Al poco de conocerse este lunes el cese, se hacía pública una providencia de la magistrada Rodríguez-Medel en la que cita como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que tendrá que comparecer el 5 de junio de forma telemática.
Franco está imputado por prevaricación administrativa por la juez, que en su providencia reitera a la Policía Judicial que “deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”, de modo que sólo se informará a la magistrada.
La jueza ha remitido además una carta al Ministerio del Interior en la que recuerda que ha dado orden a la Guardia Civil —que actúa como Policía Judicial— de “guardar rigurosa reserva” sobre las investigaciones y advierte de responsabilidades penales si no se actúa de esta manera.
¿Quién es Pérez de los Cobos?
Pérez de los Cobos coordinó el dispositivo policial del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. En ese momento era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad en la época de Mariano Rajoy.
El coronel juró en abril de 2018 su cargo como jefe de la comandancia madrileña en sustitución de Santiago Caballero, que dejó este puesto tras ascender a general. No es el primer mando del instituto armado al que destituye Marlaska por falta de confianza como al coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí.
Pérez de los Cobos fue un testigo esencial en el juicio del “procés” en el Tribunal Supremo, donde criticó duramente la actuación de los Mossos durante el 1-O y que calificó de “insuficiente, inadecuada e ineficaz”, “una estafa”.
¿Qué dice la oposición?
El Partido Popular, Vox y Ciudadanos han exigido la dimisión del ministro Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos y han alabado la carrera profesional de este miembro de la Guardia Civil. Ciudadanos ha llegado a decir que podría constituir un delito por supuestas injerencias políticas en este proceso judicial.
