Todas las líneas rojas que se cruzarían con un ‘pasaporte de inmunidad’
Que las empresas hagan test masivos a sus empleados también conlleva peligros.
Los expertos se confiesan, de entrada, asombrados por el hecho de que se plantee siquiera la idea de un pasaporte de inmunidad frente al coronavirus para la ‘nueva normalidad’. “Claramente, es una medida que va contra los derechos humanos; es incompatible con nuestro sistema de protección de derechos fundamentales”, lanza Itziar de Lecuona, profesora del Departamento de Medicina y subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona.
“No me parece ni lógico ni sensato. Es más, no sé si tienen derecho a hacerlo legalmente, pero como mínimo me sorprende mucho”, atinó a responder Fernando Simón, director del Centro de Control de Emergencias y Alertas Sanitarias, cuando se le preguntó en rueda de prensa sobre la noticia de que un restaurante de Madrid sólo admitiría a clientes que se hubieran hecho previamente la prueba de coronavirus.
Algún político ya ha coqueteado con la idea de manejar un supuesto ‘carnet de inmunidad’, que en la práctica se trataría de un certificado, una pulsera identificativa de colores o un código QR para permitir a las personas con anticuerpos realizar actividades que en principio no podrían llevar a cabo el resto. Dicho así, suena estremecedor, pero si se indaga un poco más, produce aún más pavor.
“En primer lugar, el hecho de tener un pasaporte digital para controlar si tienes la covid es una medida desproporcionada. En segundo lugar, es discriminatorio: nos estamos poniendo unas etiquetas de las que no debería depender nuestra sociedad. Desde el punto de vista de la bioética, es estigmatizador, no respeta la autonomía de las personas y generaría una situación de desigualdad”, explica Lecuona.
La inmunidad frente al virus, todavía en entredicho
Atendiendo sólo a los motivos puramente prácticos, tampoco se le encuentra el sentido a esta medida. “Todavía no sabemos ni siquiera cuánto dura la inmunidad [tras haber pasado el virus], y la serología tiene posibilidad de dar falsos positivos y falsos negativos. Me parece pésimo que se estén valorando este tipo de opciones. Tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista práctico, es un horror”, sostiene Pedro Gullón, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y coautor de Epidemiocracia (Capitán Swing).
Eva Martínez Cáceres, vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología, se muestra también contraria: “Sin entrar en temas éticos, esto de los carnets no tiene sentido desde el punto de vista inmunológico, al menos por el momento. La IgG [un tipo de anticuerpos] te da protección, pero todavía no se sabe durante cuánto tiempo”.
“Incluso considerando que podría llegar a tener su utilidad, ¿a dónde nos llevaría todo esto? ¿Habrá ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? ¿Sólo podrán salir a la calle o irse de vacaciones los que hayan pasado el virus? Eso es discriminación pura y dura por motivos biológicos”, replica David Bernardo, experto en Inmunología del Instituto de Biología y Genética Molecular. Eso, sin contar con que sólo el 5% de la población española, según el estudio de seroprevalencia del Gobierno, entraría en esa especie de categoría de ciudadanos de primera.
“Es un tema muy peliagudo. A nadie se le ocurriría presentarse para una oferta de trabajo y decir que es VIH positivo o negativo, creo que ya tenemos superada esa fase de discriminación”, añade Bernardo. “Personalmente, estas cosas me dan mucho miedo”, confiesa.
El peligro de que se use como un ‘plus’ en el CV
No obstante, esa supuesta inmunidad resulta muy sugerente en el ámbito laboral, tanto para empresarios como para aspirantes a un puesto. “El otro día vino una chica sin papeles a la que le ofrecieron un trabajo en La Rioja, pero tenía que irse con el informe de que ella se había hecho el test y que era inmune o que no estaba contagiada”, comenta Edith Espínola, portavoz de la asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac), que defiende los derechos de las trabajadoras del hogar. “Otra de nuestras socias consiguió hace poco un trabajo y le pidieron el examen para demostrar que no estaba contagiada. Sin embargo, los empleadores no te demuestran si ellos están o no contagiados, ¿cómo vas a atreverte tú a pedirles eso?”, se exclama Espínola. “Lo cierto es que lo están empezando a pedir, y nosotras estamos tratando de saber si hay alguna base jurídica que regule esto”.
De base, este planteamiento de “pedir una prueba” a tus empleados ya genera problemas de por sí. ¿Qué tipo de prueba sería? Por un lado, para demostrar que uno no está contagiado se necesita una PCR que, en caso de ser negativa, no te exime de no infectarte más adelante; por otro lado, para mostrar la presencia de anticuerpos frente al virus se necesita un test serológico cuya fiabilidad, de momento, deja mucho que desear.
La falta de precisión de los test (y sus riesgos)
“Hay test con un 60% de sensibilidad, que no son más fiables que si yo tiro una moneda a cara o cruz”, ironiza David Bernardo. “Es verdad que ya existen pruebas en el mercado con sensibilidades y especificidades superiores al 95%; ahora es cuando empezamos a tener test buenos, pero normalmente estos están en manos de los hospitales y, en general, las clínicas privadas están comprando test baratos. Hay que tener mucho cuidado”, advierte.
Precisamente, los expertos alertan de que la baja fiabilidad de los test puede llevar a una falsa sensación de seguridad ante un resultado positivo en anticuerpos. “Las pruebas serológicas que miden la presencia de anticuerpos frente al virus SARS-CoV-2 son imprecisas y con frecuencia generan falsos positivos (pruebas en las que se aprecia erróneamente la presencia de anticuerpos cuando no la hay). [...] Arropados por una falsa seguridad, creyendo erróneamente que no pueden contraer o transmitir el virus, los falsos positivos pueden tener un comportamiento descuidado, o incluso temerario, que facilite nuevos contagios”, señala un informe del Grupo de Trabajo Multidisciplinar del Ministerio de Ciencia e Innovación (GTM), el comité de expertos que asesora al Gobierno sobre la covid.
“Recientemente, se han dado a conocer iniciativas de ‘DNIs sanitarios’ para facilitar la vuelta al trabajo y otras medidas de control que se han llegado a enmarcar en la prevención de riesgos laborales”, indican los expertos del GTM.
Itziar de Lecuona, miembro de este comité independiente, está convencida de que la situación “requiere un análisis” más profundo de lo que se está planteando en la actualidad.
¿A dónde van esos datos?
“Me preocupa que la medida de los pasaportes inmunológicos se descarte a efectos generales pero que luego por la vía de la prevención de riesgos laborales el empresario quiera aplicarla. Esto implica que te pongan un código QR en tu móvil como si fuera una barrera de entrada; es una barbaridad por todo lo que puede ocurrir con esos datos”, advierte. “Entramos en un terreno de la digitalización en el que estableces unas medidas ‘desde las buenas intenciones’ que luego se pueden quedar para siempre, y con las que acabas en un estado de vigilancia”.
“¿Qué queremos: gestionar el virus o gestionar a los ciudadanos en su comportamiento? Esa es la diferencia. China no puede ser nuestro modelo de referencia. China tiene un sistema de crédito social, tiene drones que aterrizan en tu puerta y te dicen que no salgas. Es otro modelo y otro contexto; es una dictadura. En España, todo esto chocaría con la Ley de Protección de Datos, para empezar, y con el ordenamiento jurídico, que debe priorizar la libertad de las personas y el respeto por los derechos siempre de manera proporcionada”, defiende la experta en Bioética. “Como medida resultona es llamativa, pero sobre todo es muy, muy, muy discriminatoria”, critica.
Un ‘pequeño’ detalle: la Ley de Protección de Datos
El Reglamento General de Protección de Datos prohíbe expresamente en su artículo 9 revelar datos relativos a la salud de una persona física. En el punto 2.g del mismo se establece la excepción “por razones de interés público esencial, siempre y cuando sea proporcional al objetivo perseguido, respetando siempre en lo esencial el derecho a la protección de datos y estableciendo las medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado”. Por tanto, es ilegal que se solicite cualquier tipo de certificado médico, ya sea para coger un avión, ir al gimnasio o presentarse a un puesto de trabajo.
Todos los expertos consultados coinciden en distinguir entre la toma de muestras dentro un estudio controlado a gran escala para tener una visión epidemiológica del país más amplia y el hecho de que sea una compañía privada la que promueva estos test entre sus empleados.
“Nos están llegando muchos casos de empresas que se están planteando realizar test y, en función de los resultados, hacer una cosa u otra”, afirma Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO) en Madrid, que menciona dos escenarios distintos: entornos sociosanitarios, en cuyo caso las pruebas sí pueden ser de utilidad para evitar focos importantes de contagio en poblaciones vulnerables, y empresas que lo ofrecen ‘de forma gratuita’ o, peor aún, que obligan a sus trabajadores a someterse a una prueba sin dar más explicaciones.
“Nadie te puede obligar a hacerte un test —asegura Mancheño—; eso choca con la Ley de Protección de Datos, no sirve para nada y además puede usarse mal”, advierte. “No es ético ni legal”.
La experta en salud laboral reconoce que “el tema de los test serológicos está dando muchísimos problemas”. “Para empezar, si se hacen debería formar parte de un programa de vigilancia de la salud, contar con la participación de los representantes sindicales y aclarar bien al trabajador por qué se hacen esos test, qué sensibilidad y especificidad tienen, y qué va a pasar si se obtiene un resultado positivo o negativo”, explica.
El problema, lamenta Mancheño, es que “algunas empresas lo están planteando sin ofrecer ningún tipo de información y sin garantizarte que esos datos no se van a usar nunca como una forma de discriminación”. “Me da miedo que se use mal, porque esa es la tónica”, admite. “Que veten a gente por no haber pasado el virus o que pongan a los que tengan anticuerpos en primera línea y sin ningún tipo de protección”, ilustra Mancheño. “Eso es una perversión”, alerta la experta; y eso, dejando al margen “la cantidad de falsos positivos y negativos” que se están observando.
“Discriminaciones encubiertas”
“Para tomar decisiones individuales o clínicas, los test de anticuerpos no son ideales y pueden crear problemas éticos muy grandes”, coincide el epidemiólogo Pedro Gullón. “¿Se van a plantear echar a la gente por no haber pasado el coronavirus?”, plantea. “Entiendo que lo que quieren las empresas es mantener la máxima seguridad, pero debería hacerse de otra manera: creando medidas de seguridad para sus trabajadores, fomentando el teletrabajo, etcétera. Desde luego, elegir a las personas que entran por una serología puede ser muy erróneo”, zanja.
A David Bernardo, experto en Inmunología, tampoco le convence que las empresas ofrezcan ‘de buena voluntad’ hacer test a sus empleados. “Creo que las empresas no deberían tener esa potestad. Si ahora mismo dijeran que van a hacer una prueba de VIH a todos los trabajadores, pondríamos el grito en el cielo. Esto es lo mismo”, ilustra.
“Puede dar lugar a discriminaciones encubiertas y que no te admitan en un trabajo por tu historial médico sin decírtelo abiertamente”, coincide Itziar de Lecuona. “Que te midan la temperatura y te hagan una prueba… ¿con qué habilitación? ¿Tenemos directrices de que se puede hacer esto? Las medidas que nacieron como provisionales y excepcionales se están instalando en nuestras vidas. La gente, por curiosidad, por miedo o por solidaridad con el resto, lo acepta, pero es muy peligroso, va en detrimento de los derechos y libertades”, advierte.
Además, la realización de estas pruebas requiere un seguimiento y un control. “No puede ser volcar datos a una aplicación y ya está. Se necesita el factor humano: tiene que haber profesionales que interpreten esos datos sobre la salud de una persona y que los gestionen en perímetros seguros”, sostiene Lecuona. “Estamos dejando de lado que es un tema de salud pública”.
De este modo, entramos en el terreno de los datos, sus usos y sus fines. “¿Qué se van a hacer con esos datos? ¿Cómo se van a almacenar? ¿Hay un sistema seguro? Este tema no es tan sexy, pero es fundamental; si se habla de esta posibilidad tiene que existir un sistema que te garantice un almacenamiento seguro para que tus datos no puedan ser utilizados por grandes empresas tecnológicas para hacer negocio, por ejemplo”, alerta Lecuona. “Con el pretexto de la covid, se están creando modelos de negocios basados en datos que serían muy lesivos para las personas”, asegura.
Para la experta en Bioética, “el debate es qué hay debajo de todo esto”. “La medida de los pasaportes inmunológicos es discriminatoria y no es eficiente, pero sí es atractiva y rentable para acumular datos y hacer perfiles de personas, cosa que deberíamos evitar. Si sólo quieren esos datos para el control del virus, que refuercen la atención primaria”, concluye.
