Robles hace una defensa cerrada del CNI en plena tormenta Pegasus: "Me siento particularmente orgullosa"

Comparecencia de máxima tensión. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido a los trabajadores del espionaje español durante su exposición en el Congreso, marcada por el caso Pegasus. “Me siento particularmente orgullosa de los tres mil hombres y mujeres del CNI”, ha señalado ante los diputados, para ahondar más tarde: “La directora del Centro está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad”.

Robles tenía una cita en la Comisión de Defensa para hablar sobre la ‘Brújula Estratégica’ en la Cámara Baja, pero su intervención ha estado marcada por la tormenta política por el caso Pegasus, después de conocerse que fueron espiados tanto ella como el presidente del Gobierno, además de sesenta personas vinculadas al independentismo. Más de tres horas de rifirrafe con muchos de los parlamentarios.

Aunque el grueso de su primera intervención ha sido sobre la estrategia europea de defensa, Robles ha dado desde ese momento varias pinceladas y ha defendido que cuando se cometen hechos delictivos el Gobierno va a acudir a los tribunales, como ha hecho con la denuncia en la Audiencia Nacional. A partir de ese momento, en todas sus respuestas ha hecho una fuerte defensa del Centro Nacional de Inteligencia.

“Nunca hay nada que ocultar”, ha sentenciado Robles, que ha señalado que España es un “país serio, con instituciones sólidas, fiables, un compromiso inequívoco con el Estado de Derecho y todos los servidores públicos actúan solo y exclusivamente con arreglo a la legalidad”.

En el turno de respuesta a los portavoces, la ministra ha insistido en su defensa del CNI, por lo que ha pedido no sembrar dudas y esperar a la “verdad judicial”. “Llevar a la plaza pública a alguien que no puede defenderse , como demócrata, me horroriza y me espanta”, ha complementado.

Este mensaje se ha repetido a lo largo de la extensa comisión por parte de la ministra: “Esto no es un escándalo político, es un delito. Por eso, vayamos a los tribunales”. “Pero no imputen al CNI ni a nadie, sin un mínimo de actividad probatoria. Eso no es democrático”, ha apuntado. A lo que ha apostillado que el Centro actúa siempre con autorización judicial y sin fisuras.

Esto también un supone un roce dentro del propio Gobierno, entre los departamentos de Presencia y de Defensa, a la hora de asumir la responsabilidad sobre la seguridad del móvil del presidente -en aquellos momentos Félix Bolaños era secretario general de Presidencia-.

Fuentes de La Moncloa especifican: “De la Secretaría General de Presidencia depende el servicio de telecomunicaciones de Presidencia del Gobierno y de este servicio, la entrega de terminales, conservación y mantenimiento, pero obviamente no las medidas de ciberseguridad. Es decir, aporta el material móvil y lo reemplaza si se estropea o es sustraído”.

Para añadir: “El centro criptológico nacional -que depende del CNI- es el órgano que establece las medidas necesarias en materia de seguridad y ciberseguridad de los móviles. Por ese motivo han sido ellos quienes han analizado ahora los móviles, los que tienen capacidades técnicas”.

Las palabras de Robles llegan en un momento en el que el CNI está en el centro de mira por el fallo de seguridad tras haber sido infectados los móviles del presidente y de la ministra de Defensa. La Audiencia Nacional ya ha abierto la investigación tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado. La propia ministra ha avanzado que va a entregar al juez su teléfono, que tiene trece años.

Según los documentos remitidos, el espionaje al presidente se produjo los días 19 y 31 de mayo de 2021, en plena crisis migratoria en la frontera con Marruecos. Robles y la directora del CNI, Paz Esteban, son diana de las críticas de muchos de los grupos que apoyan a la coalición, exigiendo que rueden cabezas por este espionaje.

“No podemos aceptar que nadie pueda imputar sin pruebas autorías conocidas o desconocidas”, ha sentenciado también la ministra Robles en su primer turno de palabra en relación a lo que está sucediendo con Pegasus. No se ha querido meter en el origen de estas invasiones, aunque algunos medios, como The Guardian, apuntan a Marruecos.

En el segundo turno ha vuelto sobre el tema: “No estoy criticando a Citizen Lab, pero desde el punto de vista de un Estado de Derecho, la única verdad es la que dictan los tribunales”. Además, ha dicho que algunas cosas no las podía explicar, por la ley del CNI, que sí podrán ser explicadas a puerta cerrada este jueves en el Congreso la directora de los espías. “La directora irá con toda la documentación, ni siquiera yo la sé”, ha añadido.

Los primeros portavoces en intervenir (Mireia Vehí, de la CUP, o Jon Iñarritu, de Bildu) han pedido más aclaraciones a la ministra. “Estos es un desastre”, ha ahondado, el representante del PNV, Joseba Agirretxea.

Con el turno de ERC ha subido la presión, ya que es un socio vital para las mayorías de la legislatura. Montserrat Bassa le ha dicho directamente a Robles: “En una democracia plena usted debería dimitir o ser cesada”. Y ha exigido además que esto fuera acompañado por una “cascada de ceses y dimisiones”.

La parlamentaria de Esquerra ha argumentado que su partido lleva años denunciando “la peste de las cloacas del Estado”. ”¿Por qué es más importante que se espíe al presidente del Gobierno que al de la Generalitat? Para mí no lo es, porque el presidente de mi país se llama Pere Aragonès, no Pedro Sánchez”, ha proseguido.

Para añadir: “No nos hacemos las víctimas, reivindicamos con la cabeza bien alta nuestros derechos y denunciamos la falta de democracia”. Con un aviso sobre las urnas y un referéndum: “Lo volveremos a hacer”.

Desde Unidas Podemos, su portavoz, Pablo Echenique, le ha trasladado este mensaje a la ministra de Defensa: “Es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel”. La situación por Pegasus, ha comentado, es “insostenible”: “Lo desvelado por el Gobierno eleva la crisis a otro nivel”.

De “auténtico escándalo” ha tildado el espionaje a sesenta personalidades del independentismo y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a la propia ministra de Defensa. Después la ministra ha dicho que el Gobierno toma las decisiones de forma colegiada, aunque haya algunas voces discordantes, y ha manifestado que las directrices del presidente del Gobierno son muy claras.