Sánchez justifica el espionaje del CNI por un "problema de seguridad nacional" aunque apunta que lo desconocía

Pedro Sánchez ha justificado en el Congreso el espionaje del CNI a los independentistas aunque ha asegurado que lo “desconocía”. El presidente del Gobierno ha dado explicaciones este jueves en un Pleno monográfico, donde ha recalcado que la Declaración Unilateral de Independencia de 2017 y los altercados tras la sentencia del ‘procés’ de 2019 se convirtieron en “un problema de seguridad nacional”.

En una de sus intervenciones, Sánchez ha dejado claro que él mismo asume el contenido de una directiva de seguridad nacional alegando que “ha hecho lo que debía”, aunque precisando que es el CNI quien define, diseña e implementa esas operaciones y las materializa con la autorización judicial. Por ello, ha apuntado que “el Gobierno no conoce y no decide sobre las decisiones de los servicios de Inteligencia”.

Lo ha señalado en referencia a las personas cuyos teléfonos fueron intervenidos por el CNI con autorización judicial, algo que él “ni puede ni debe decidir”, ha vuelto a insistir. Lo que sí ha defendido como su deber y responsabilidad “es salvaguardar el orden constitucional y defender la seguridad nacional”.

Así, ha recordado que en Cataluña hubo, por parte de dirigentes independentistas catalanes que estaban al frente del Gobierno y también las máximas representaciones parlamentarias, una declaración unilateral de independencia (DUI) que se aprobó en 2017 y también “una contestación muy importante” en 2019.

Y dirigiéndose al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le ha corregido asegurando que no fueron unos cuantos contenedores incendiados lo que ocurrió, sino “el intento de toma de un aeropuerto como el Prat, el impedimento de que los controladores aéreos pudieran subir a la torre aérea para poder controlar los vuelos y la circulación aérea de esa torre, sabotajes diarios en los trenes de cercanías,...”.

Unos hechos que ha calificado de “evidente problema de seguridad nacional” que España tenía en 2019. “Por tanto, lo único que puedo decir es que esa directiva de seguridad nacional efectivamente es responsabilidad del Gobierno de España, mía personal, yo la acepto, la asumo, es así, creo que además he hecho lo que debía”, ha dejado claro.

Defensa del CNI

Y ha añadido que, a partir de ahí, quienes “definen, diseñan e implementan esas operaciones y las materializan” es el CNI, que es quien debe contar con el permiso es de la autorización judicial que “evidentemente tienen que ser motivada”.

“No hay democracia que resista la vulneración de los derechos fundamentales sin orden judicial”, ha insistido el presidente en su constante justificación de las medidas implementadas por el CNI. Del cuerpo de inteligencia ha añadido que “solicitó al magistrado del Tribunal Supremo competente la autorización para proceder a la intervención, acotada en el tiempo, de las comunicaciones de 18 de las personas aludidas en Citizen Lab, no 65”, como se apuntaba en otros informes.

Esas 18 personas las reconoció la expresidenta del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, donde mostró las autorizaciones judiciales para ‘espiar’ a figuras como el actual president Pere Aragonès.

Fue el último acto público de Esteban, que acabó siendo cesada cinco días después, en plena tormenta del espionaje a miembros del Gobierno (incluido el propio Sánchez) y ante las críticas del independentismo.