Pandemia para la mayoría, negocio para unos pocos: quién ha hecho dinero con el covid

“Es el mercado, amigo”, dirían los neoliberales. Incluso en los peores embates de una pandemia que se cobraba cientos de víctimas mortales día tras día. El coronavirus, que a la inmensa mayoría del planeta le cambió la vida para mal, ha resultado ser una excelente oportunidad de negocio para unos pocos.

Evidentemente, la vía comercial se abrió para farmacéuticas, laboratorios, fabricantes de mascarillas y otras empresas del ámbito sanitario, que vieron disparadas sus producciones e inversiones. Sin embargo, en las últimas fechas lo que también se ha disparado es la lista de intermediarios, comisionistas y conseguidores destapados que aprovecharon aquella situación para sacar tajada. O al menos, intentarlo, que también hay casos.

Lo planteaba el ya olvidado Pablo Casado, en referencia al papel jugado por el hermano de Isabel Díaz Ayuso en uno de los casos más sonados de lucro con el covid de por medio: “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros?”, explicaba en la Cadena COPE. Pero este suceso, de consecuencias entonces impensables para Casado, no ha sido el único donde el negocio se ha colado por los resquicios legales (o no, decidirán los juzgados) de una pandemia que obligó a actuar con urgencia y a cualquier precio.

La tormenta desatada en el Ayuntamiento de Madrid, con un primo de Martínez-Almeida de por medio y comisiones millonarias para los intermediarios, ha sido el último exponente de lo que Feijóo llama “pillería” y que la práctica totalidad del arco político define con una palabra: corrupción.

El mapa del ‘negocio’ va mucho más allá de Madrid:

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Escándalo en la Diputación de Almería

Menos sonado que lo que vendría después, en junio de 2021 la Guardia Civil detenía al vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria, y otras 11 personas, por amañar supuestamente la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario a la empresa Azor Corporate Ibérica S.L.

En concreto, el operativo desarrollado en hasta cinco provincias descubrió que Liria había recibido 150.000 euros, en décenas de sobres con entre 6.000 y 10.000 que guardaba en sus diferentes domicilios en Almería. Fruto de la investigación, el Juzgado de Instrucción 8 de Barcelona, ciudad donde tenía su sede la empresa adjudicataria del contrato, decretó su entrada en prisión provisional, igual que el administrador único de la compañía, Kilian López, además de un intermediario. Los tres fueron puestos en libertad provisional.

El descubrimiento de los test ilegales en Cobo Calleja

A finales de 2021, en plena ola de positivos por ómicron y con el boom de los test de antígenos para Navidad, la Policía Nacional intervino una partida de 300.000 pruebas rápidas en el polígono industrial de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid), el gran bazar chino de la capital y todo el país.

Según los investigadores, estas no cumplían las medidas sanitarias exigidas de fiabilidad, por lo que tras iniciarse la investigación, se analizaron cerca de un millón de pruebas. Sin embargo, estaban en el mercado de forma clandestina, ya que la ley solo autorizaba su venta en farmacias.

El alijo llegó en un momento en el que no solo estaba disparada la sexta ola, sino también la de las redes de tráfico ilegal de este tipo de test, con estafas registradas en España y todo el mundo ante el descontrolado aumento de contagios.

El intento de estafa en Andalucía

En este caso no hubo lucro, pero sí una clara voluntad. El 3 de febrero, la Policía Nacional detenía en Sevilla al antiguo dueño y fundador de la empresa Quality Food, Manuel García Gallardo, por intentar cobrar cinco millones de euros de comisiones por la venta no consumada de test covid desde una de sus empresas al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2020. La idea del empresario era inflar a 24 millones una operación planteada en 19.

Fue la propia Consejería de Salud andaluza la que denunció el intento de negocio de García Gallardo, ya inmerso en más causas judiciales, junto a otras personas, entre ellas un exasesor del consejero Jesús Aguirre.

La red de pasaportes covid falsos a famosos y narcos

En tiempos en los que el certificado era un requisito obligatorio para entrar a bares, discotecas y hospitales en buena parte del país, el mercado negro no perdió oportunidad de hacer dinero fácil. El pasado 25 de enero, la Policía desarticuló una red entre Madrid y Barcelona que falsificaba estos documentos, destinados a famosos y delincuentes y que ya había alcanzado a personalidades como Omar Montes, Verónica Echegui, Álex García o la conocida como “Reina de la coca”, Ana María Cameno.

Fuentes policiales apuntaron que la primera fase de la investigación incluía a 1.600 personas vinculadas con esta red, a la que pagaban entre 200 y 1.000 euros por conseguir un documento que evitaba tener que vacunarse.

El trabajo de la Policía Nacional sirvió para desmontar la rama española de una organización que extendía sus tentáculos por buena parte de la Unión Europea, y que había llegado a ‘comprar’ a sanitarios para facilitar la expedición de estos pasaportes falsos.

Según El Mundo, estos delincuentes operaban en canales de Telegram de antivacunas, un movimiento menos numeroso en España que en otros países del entorno, pero muy activo en sus redes. Allí ofrecían abiertamente lo que llamaban “pases de salud” en anuncios que llegaron a manos de la Brigada de Información de la Policía en Madrid.

Los papeles de Tomás Díaz Ayuso

Es mucho más allá que un negocio. El papel jugado (y la comisión cobrada) por el hermano de la presidenta madrileña destapado en febrero de este año ha acabado sacudiendo todo el tablero político hasta causar, indirectamente, la caída de Pablo Casado de la dirección del PP, con una sombra de espionaje sobre Díaz Ayuso y una guerra interna descarnada entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la anterior dirección nacional de su partido..

El empresario madrileño participó de las gestiones de la Comunidad para comprar mascarillas en China en la primera ola de la pandemia y, aunque Díaz Ayuso (Isabel) aseguró que había cobrado cerca de 55.000 euros de comisión, finalmente la propia Comunidad reconoció, casi de tapadillo cuando acababa de comenzar la guerra en Ucrania, que esa cantidad llegó a los 283.000. Casualmente, la misma cifra que señaló Casado para justificar la investigación al entorno de la presidenta madrileña y que generó la cascada de acontecimientos políticos hasta su salida.

La presidenta repite, por activa y por pasiva, que se enteró de este contrato “año y medio más tarde, por Casado” y que fue “perfectamente legal... porque quién no ha cobrado por sus servicios durante la pandemia... farmacéuticas, publicidad, todos...”.

Tormentas políticas al margen, las posibles irregularidades en la adjudicación de este contrato a la empresa vinculada a Tomás Díaz Ayuso (quien ya había cerrado hasta 18 contratos menores con la Comunidad) siguen la vía judicial. Anticorrupción y la Fiscalía europea se pelean por la competencia en las investigaciones, que de momento se dividen en las dos vías, mientras la líder popular ironiza con que van saltando “de ventanilla en ventanilla”.

Los conseguidores del Ayuntamiento de Madrid

Es el último escándalo conocido... por ahora. Este miércoles, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño Cerón por presuntamente cobrar seis millones de euros en comisiones tras “inflar” el precio de la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid, a través de tres contratos firmados con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

En total, 15,8 millones de euros que los dos negociadores vendieron al consistorio en marzo de 2020. De la ‘tajada’ particular que se llevaron ambos, se ha sabido que les dio para comprar superdeportivos y hasta un yate. En plena pandemia, para mayor descaro.

El asunto se ha ido volviendo más espinoso a medida que se conocían más detalles. El contacto entre los empresarios y el ayuntamiento llegó por el papel del primo hermano del alcalde, el abogado Carlos Martínez-Almeida Morales, facilitador del contacto clave para hacer el negocio. En concreto, les puso en contacto con Elena Collado, coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, como informó El País.

El caso ha saltado en las últimas fechas. A Martínez-Almeida (José Luis) le ha tocado salir a negar la mayor. Descarta cualquier responsabilidad directa e indirecta, igual que las fuentes de Hacienda de su consistorio. De momento, al presidente nacional del PP le valen las explicaciones del alcalde, al que incluso “felicita”, pero el asunto está en manos de la Justicia y va para largo.