El drama de las residencias en Madrid: "Mi madre estuvo tres días muerta allí"
Desde el 8 de marzo la covid-19 ha apagado la vida de 5.975 ancianos, lo que ha creado un cisma en el Gobierno regional.
El coronavirus entró en las residencias de mayores y provocó una hecatombe. Desde el 8 de marzo hasta este martes, la covid-19 es responsable y sospechosa de haber apagado la vida de 5.975 personas solo en la Comunidad de Madrid, según los datos que aporta el Ejecutivo regional. Lucía Bernal y Carmen Llorente, ambas madrileñas de 80 y 87 años respectivamente, ponen nombre y apellidos al drama sanitario desatado por el coronavirus. También Antonio Cintas, de 86 años. Los tres están muertos.
Los familiares de estas tres víctimas no podían imaginar que su ser querido enfrentaría la muerte en soledad. El relato que hacen a El HuffPost de la pesadilla que han vivido coincide en la falta de información y la sensación de caos que transmitía el personal de las residencias donde se encontraban, en Alcorcón y Leganés. La confusión les embargó desde que se enteraron de la enfermedad de sus parientes hasta que recibieron la peor de las noticias.
La muerte de los tres simboliza las carencias del modelo de cuidados a la tercera edad que tanto denuncia Carmen Flores, presidenta de la Asociación el Defensor del Paciente, donde se han tramitado medio millar de denuncias: “En 23 años jamás hemos vivido una situación tan triste y lamentable. Madrid, Castilla y León y Cataluña han demostrado que las residencias de ancianos estaban en una situación caótica”. Alrededor de 300 familias de fallecidos se han unido ya a varias querellas colectivas contra el Gobierno regional y las residencias, incluidas las protagonistas de este reportaje.
Casi la mitad de las 176 diligencias penales que ha abierto la Fiscalía (82) afectan a centros de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno, de PP y Cs, se ha partido en dos por la gestión de la crisis y la asunción de responsabilidades. El consejero naranja Alberto Reyero, a quien la presidenta de Madrid le retiró la gestión de las residencias, trasladó a su colega de Sanidad, el popular Enrique Ruiz Escudero, su impotencia para contener el avance del virus, pero no recibió respuesta.
Según avanzó El País, Reyero le dijo a Ruiz Escudero que si no le ayudaba medicalizando los centros, podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna”. También le advirtió de las consecuencias de negar auxilio a personas con discapacidad: “Incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”.
El Ejecutivo madrileño reconoce que se hicieron siete versiones de un protocolo de actuación en las residencias y que fue uno de ellos, el quinto, el que se envió “por error” y el que descartaba la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con covid-19 para evitar el colapso de la sanidad madrileña. Pero según la Consejería de Sanidad el fallo se subsanó en la versión definitiva, la séptima, enviada el 25 de marzo a los centros de mayores.
Testimonios de los familiares de estos tres ancianos y de trabajadores de los centros donde vivían apuntan a este diario que se produjeron negativas a trasladar a residentes en peor estado a los hospitales durante los momentos más críticos de la pandemia, entre mediados de marzo y de abril. También que hospitales valoraron a pacientes según su grado de autonomía, como confirma un parte médico al que ha tenido acceso El HuffPost.
Es más, El Confidencial avanzó un parte fechado el 25 de marzo en el que directamente se rechazó a una mujer de 80 años con neumonía bilateral por posible covid-19: “Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital” Infanta Cristina de Parla.
El problema es que la Consejería de Sanidad insiste en negar este extremo y lo justifica con que solo entre el 18 y el 25 de marzo se trasladó a 493 ancianos a los hospitales procedentes de las todas las residencias de la región donde viven más de 42.000: “Los documentos se enviaron el 25 de marzo con el consenso de todos los coordinadores de geriatría de los hospitales. En esos documentos se especifica que se valorará individualmente con criterio clínico cada caso para el traslado a un hospital de los residentes con enfermedad terminal, que se encuentren en cuidados paliativos y con alto grado de fragilidad”.
Cuando un paciente enfermaba gravemente, los empleados de las residencias descolgaban el teléfono para llamar al geriatra responsable del hospital de referencia. Era este quien valoraba si el enfermo debía ser trasladado en función de los síntomas, de la saturación de las urgencias y de los criterios del protocolo. Pero, según El País, si el residente tenía seguro médico privado, los cuidadores simplemente llamaban a la aseguradora para pedir la ambulancia que se negaba al resto.
“En la semana del 23 al 29 de marzo no se derivó a nadie”, cuenta una trabajadora que pide anonimato por temor a represalias de la residencia de Alcorcón, en la que murieron por covid-19 Lucía Bernal y Antonio Cintas. Esta empleada del centro público gestionado por Agencia Madrileña de Atención Social explica que incluso llegó a trabajar más de un día con un cadáver: “No venía nadie a recogerlo”. El director de la residencia, Elías Martín, elude dar su versión a este diario y deriva cualquier pregunta al Gobierno autonómico.
La Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Alberto Reyero, de Cs, señala que desde el 24 de marzo un total de 14 residencias mantienen abierto un expediente “por incremento no esperado del número de fallecimientos”. Pero ninguna por la gestión de cadáveres. En Alcorcón, la trabajadora estima que han fallecido alrededor de 70 ancianos: “Ha habido mucho ocultismo, aunque me he podido quedar corta. La gran mayoría murió en la residencia”.
Una de esas muertes fue la de Lucía Bernal, de 80 años. Su hija Aurora de Miguel cuenta el carrusel emocional que vivió: “A partir del 12 de marzo no se dejó entrar a nadie en la residencia. Desde entonces estuve llamando para interesarme. El 26 me dicen que mi madre tiene unas décimas. Al día siguiente el médico me llama y me dice que estaba bien”.
Una llamada que no llegaba
Lo cierto es que Bernal empeoró poco después. “El sábado 28 me llama una enfermera y me dice que mi madre tenía 38 y pico y que había empezado a saturar poco. La dejaron en la residencia. Siguieron el protocolo y la aislaron en una planta, junto a quienes empezaban a tener síntomas. A nadie se le trasladaba al hospital. Al día siguiente nos llama la asistente social y nos dice que nos vayamos haciendo a la idea de que mi madre va a fallecer”, explica su hija.
La familia de la anciana esperó la llamada del médico al día siguiente, pero no llegó. Tuvo que ser Luis de Miguel, otro hijo de Lucía, quien cogió el teléfono para hablar con el facultativo. “Nos dijo que no recordaba que mi madre estuviera mal. Claro, en la residencia hay tres o cuatro Lucías”, explica. El 30 de marzo el asistente social volvió a llamar para decir que Bernal saturaba mal, pero que no le iban a hacer la prueba de detección del coronavirus a no ser que estuviera muy grave. “Y como mi madre era gran dependiente y tomaba mucha medicación pues no se le derivó a ningún hospital”.
Un día después, el 1 de abril, Lucía Bernal muere, pero ahí no acaba la historia porque el cadáver no se recogió hasta tres días después. “Nos dijeron que se la iba a incinerar en Parla. Y a los tres días que los bomberos se la habían llevado a Valdebebas. Estuvo 3 días muerta en la residencia. Llamamos a la funeraria y nos dijeron que no sabían dónde estaba el cuerpo de mi madre. Nos ponemos en contacto con los bomberos y nos dicen que la habían recogido ellos y que estaba en Valdebebas, pero en realidad se encontraba en el Palacio de Hielo [como figura en documentación a la que ha accedido este diario]. Fue un caos”, lamenta su hija, quien critica que la residencia no tuviera ningún acta de la salida del cuerpo de la anciana.
“Una situación horrorosa”
En Alcorcón, la trabajadora del centro de mayores enumera el conjunto de desastres que permitió al virus expandirse por su lugar de trabajo, en el que tuvo que improvisar equipos de protección con bolsas de basura: “El 16 de marzo la dirección nos pide que no usemos mascarillas para no alarmar a los residentes. Y un día después empezamos a usar algunas. Y el 18 de marzo, ya en pleno estado de alarma, los residentes seguían haciendo su vida cotidiana, estando todos mezclados. Hasta un día después no se empieza a aislar a quienes muestran síntomas. Fue una situación horrorosa”.
Antonio Cintas, de 86 años, fue uno de los residentes aislados, según consta en el parte médico. A él se le llegó a hacer una PCR, pero demasiado tarde. Su nuera, Lola Parra, está convencida de que fue porque no era dependiente. “Ante la clínica de posible covid y paciente con cierta autonomía se autoriza realización de PCR”, se firma en su historia. Cintas murió el 27 de marzo, el mismo día que se confirmó el positivo en la prueba.
“El 7 de marzo fue el último día que le vio la familia. El 8 ya no dejaron a su hija entrar. Desde entonces hasta que muere pudimos hablar con él tres veces”, cuenta Parra. “La primera fue mi cuñada. La segunda vez, el 14 de marzo, ya tosía. No tenía fiebre. No estaba aislado. Otro día pude hablar con él porque llamé a una de las residentes y le pedí que por favor me pasara con él. Me dijo que quería vernos”.
La lucha de esta familia tuvo varias batallas. Una fue que la dirección de la residencia instaurara videollamadas. “Le pido al director la posibilidad de videoconferencia y me dice que lo estudiará. Eso es el día 23. Ahí me llaman por teléfono para decirnos que mi suegro ya está con fiebre, que satura muy bajo. En ese momento pido que le lleven el hospital. Pero me dicen que no está tan grave como para llevarle a un hospital. El 25 me llaman para decir que ha mejorado un poco”.
Lola Parra tiene el relato de lo sucedido grabado, como una película de la que puede contar cada parte: “Yo todos esos días insistió en que le lleven al hospital. Entre medias sufre una caída. La asistente me dice que desde la cama y el médico que desde el sillón. El 26 llaman para decir que está un poquito mejor y el 27 por la mañana dicen que le han hecho la PCR y que ha dado positivo. Y que en ese momento está el conductor de la residencia yendo al hospital a por la medicación. A las 19.00 llaman para decirnos que había fallecido y que no le llegaron a dar la medicación porque no había llegado a tiempo”.
Esta familia lamenta que Antonio Cintas estuviera 30 horas muerto en su cama: “Hasta las 12.00 del 28 no le recoge la funeraria, y encima no sabemos dónde le lleva. Nadie nos sabe decir donde está el cuerpo de mi suegro. Nos llaman al día siguiente del cementerio y nos dijeron que estaba en el tanatorio de Móstoles. Nadie supo decirnos dónde estaba. El entierro fue en el cementerio sur, ahí le enterraron. Fuimos mi marido, mi cuñada, y yo”.
“Ha habido usuarios que han sido ingresados en el hospital y otros no”
La dirección de la residencia de Leganés Parque Los Frailes, una de las 18 públicas de gestión privada de la Comunidad, explica que en ese centro, donde residía Carmen Llorente, hubo “usuarios que fueron ingresados en el hospital y otros que no, según criterio médico ajeno a la empresa”. “El hospital es el encargado de decidir así como de facilitar en todo momento la medicación necesaria para los pacientes que no se derivaron”, dice Lidia García, la directora técnica de Aralia, la empresa que la gestiona.
Carmen Llorente, de 87 años, tuvo algo de suerte. Llegó al hospital, aunque por un error inocente, según cuenta su hija Carmen López. Cuando esta anciana, que se desplazaba en silla de ruedas, se encontró mal por culpa de la covid, la médica de la residencia comentó al geriatra del hospital de referencia que Carmen Llorente podía andar. “La doctora me dijo que la geriatra le preguntó si mi madre andaba y ella respondió que sí, que podía hacerlo con un andador. Y yo le dije que no podía andar. Por esa confusión fue al hospital”.
“Mi madre ingresó con neumonía bilateral el 5 de abril a las 11 de la noche. Le hicieron la prueba del covid cuando saturaba al 85%. Estuvo luchando con ligeras mejoras. Tuvo episodios en los que empeoraba. Estuvo cuatro semanas luchando. Ella era consciente de todo. Quería seguir en este mundo. Hubo un momento duro en el que nos dijeron que se quitaba las vías porque había tirado la toalla. Pero luego ella nos decía que iba a hacer todo lo posible por comer para vernos. Y el 1 de mayo nos llamaron para decirnos que había fallecido. Murió sola”.
El viacrucis de Carmen, la hija de la anciana, tuvo varias paradas que la llevaron a colarse en la residencia: “Ahora con retrospectiva veo que mi madre fue pasando por todas las etapas del covid; de lo más leve a lo más grave”. La hija de Carmen denuncia que los trabajadores al principio no llevaban mascarilla. “Hubo cosas que la residencia no hizo bien: tardaron en separarles”, ejemplifica.
La familia pudo hablar con la anciana, pero las cosas se complicaron cuando ya no respondía al teléfono. “Un jueves hablamos con ella, pero el viernes ya no nos lo cogió. Conseguimos hablar con recepción y pedimos que se pusiera la doctora, pero nos decían que no podía. Ese día no pudimos hablar con mi madre. Logramos hablar con la residencia tras varios intentos para que le cargaran el móvil, pero aún así ella no cogía el teléfono. Por la noche me llamó la doctora desde el móvil de mi madre para decirme que no podía hablar, porque estaba muy mala. Fue entonces cuando le pedí llorando que la llevaran al hospital”.
“La situación ha sido dramática”
Según cuenta la familia, la médica de la residencia dijo que iba a solicitar autorización a la geriatra. “Me dijo que me llamaría en cuanto tuviera autorización. Me cogí el coche y me fui a la residencia y empecé a llamar a recepción. Me colé y le dije a la persona de recepción que llamara la doctora”.
Una fuente conocedora del trabajo en ese centro que pide anonimato cuenta que “la situación ha sido dramática”. Esta persona asegura que a día de hoy, siguen falleciendo residentes. “Incluso personas que ya han dado negativo”, dice.
En este centro de Leganés han muerto 38 personas, según esta fuente, aunque la dirección se niega a facilitar la información por la política de protección de datos. “En el pico más alto se negó el traslado de cualquier residente. Luego eran los médicos de la residencia quienes llamaban al geriatra del hospital y este dictaminaba si era trasladado o no”, cuenta.
“Al principio de la crisis no tuvimos apenas material, porque las residencias no están medicalizadas”, dice esta fuente. Aunque según la directora técnica, Lidia García, sí tuvieron garantizado el material los primeros días “dentro de las limitaciones existentes al principio de la crisis”. La directiva explica que han “dispuesto en todo momento de los EPIs necesarios, gracias al stock de la empresa y al material entregado, tanto por la Comunidad de Madrid como por alguna donación recibida”.
Esta fuente cercana a la residencia Parque Los Frailes asegura que los médicos y los enfermeros del centro lloraban impotentes en los pasillos por perder vidas durante el pico, denuncia: “Todos queremos empezar a hacer una vida normal tras todo lo que hemos pasado, pero en las residencias se siguen dando casos positivos y se sigue trasladando a residentes. Ahora que están haciendo las pruebas vemos casos extraños de gente que está en zona limpia y se vuelve a poner enferma por trombos u otros efectos secundarios, que son graves en personas con muchas patologías”.
Carmen López, la hija de la anciana de la residencia de Leganés, carga contra la gestión de los centros para mayores en la región: “Antes de la pandemia los residentes eran simples cifras en la cuenta de resultados de las empresas y los trabajadores máquinas a exprimir para mayores beneficios. Los profesionales de la sanidad habían tenido que irse a buscar trabajo fuera porque los hospitales públicos habían sido desmantelados, y el dinero de todos “derivado” hacia empresas. Esa es la situación en la que nos ha encontrado la pandemia... y cuando todo esto acabe, que aún falta mucho, más vale que ciertas administraciones y ciertos empresarios y fondos buitres no pretendan seguir haciendo negocios con nuestras vidas”.
Las familias de Lucía Bernal, Antonio Cintas y Carmen Llorente no solo lloran la pérdida de sus seres queridos, sino la manera en la que han muerto. La mayor crisis sanitaria en España en casi un siglo ha tatuado para siempre la vida de miles de familias.
