Nuevo estado de alarma: El toque de queda y otras medidas para romper la cadena de transmisión de COVID-19

Por José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universitat de València:

La covid-19 constituye una epidemia de naturaleza “prosodémica”, lo que quiere decir que se contagia de persona a persona. La propagación y duración de la pandemia de covid-19 está condicionada por el número de personas que están expuestas y son susceptibles de infectarse. Además, influye el tiempo que esas personas están expuestas a la fuente de contagio y el periodo de incubación mínimo y máximo de la enfermedad.

En todo este proceso hay una cadena epidemiológica. Comprenderla es clave para atajarla, minimizar la difusión del virus y evitar la enfermedad.

En este sentido, se pueden toman diferentes tipos de medidas. Para empezar (aunque ya es tarde), idealmente deberíamos haber impedido que el virus entrara en España. Esto se podría haber intentado a través de medidas de prevención en puertos y aeropuertos, utilizando para ello los servicios de Sanidad Exterior. Según la Constitución Española de 1978, esos servicios son, junto a las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos, competencia exclusiva del Estado en el ámbito sanitario.

Posteriormente, una vez que el virus ya ha entrado en el territorio, ha de hacerse todo lo posible para prevenir la denominada transmisión comunitaria. Es decir, el contagio indefinido entre personas.

En este punto todos nosotros, el conjunto de la sociedad, podíamos y aún podemos contribuir a través de las medidas de prevención conocidas, cumpliendo las 3 M (mascarilla; manos-higiene; metros-distancia) y evitando las 3 C, que corresponden a factores de riesgo cerrados (lugares cerrados poco ventilados), concurridos (lugares muy concurridos) y contactos cercanos (como conversaciones sin distancia).

Lo anterior no ha sido llevado a cabo con la autodisciplina ideal, y a estas alturas los indicadores de transmisión comunitaria son muy preocupantes. De ahí la importancia de tener articulada una buena red de salud pública y atención primaria. Ello implica realizar pruebas diagnósticas y utilizar un intenso rastreo para identificar y seguir a los contactos, quebrando cadenas de transmisión.

Ante la falta de disciplina organizativa y comunitaria llevando a cabo las medidas anteriormente descritas, las circunstancias imponen ir un paso más allá. Además de las bien conocidas medidas de distanciamiento social (físico o espacial) y, cuando están indicadas, de aplicación de aislamientos y cuarentenas, se han llegado establecer medidas en otros ámbitos de alto riesgo (como restricciones de acceso o aforo a bares o lugares de ocio en locales cerrados o mal ventilados).

Paralelamente, para alcanzar el objetivo de ponerle al virus lo más difícil posible el salto de una persona a otra, existen diversas tácticas complementarias que fundamentalmente son de naturaleza coercitiva.

Una de ellas es la “restricción de la movilidad por zonas” donde el coronavirus ha tenido mayor incidencia, utilizando la expresión de “restricción de la movilidad por zonas básicas sanitarias”. Aunque este tipo de medidas restrictivas minimizan algo la probabilidad de transmisión, suelen afectar a varias zonas de una ciudad y no a todo el municipio. Eso hace más complicado su control, ya que normalmente están dispersas.

Otra alternativa es el “cierre perimetral” que en principio se reserva para los municipios en los que se presenten indicadores acordados como de “riesgo alto”. Básicamente restringen la entrada y salida de personas del municipio, salvo desplazamientos debidamente justificados, permitiendo, eso sí, la movilidad en su interior.

Ahora, ante la evidencia de la necesidad de limitar la movilidad nocturna que puede favorecer el control de la transmisión –donde se encuentran muchos focos de contagios–, se ha instaurado el “toque de queda” o restricción estricta de movilidad nocturna.

Su objetivo no es otro que mantener a los ciudadanos fuera de las carreteras y calles y minimizar el contacto social en forma de reuniones, botellones o las fiestas ilegales durante un periodo de la jornada, generalmente durante la noche (confinamiento nocturno desde las 23:00h a las 06:00h). Durante este tiempo, además de la prohibición de circular y reunirse en grupos en domicilios cuando no son convivientes, los hoteles, restaurantes, mercados locales y salas de cine están cerrados.

Como afecta a derechos fundamentales y no estaba clara su legalidad sin una base de alarma en el ordenamiento jurídico español, para su implantación efectiva se ha visto que es necesario el consenso de los ejecutivos autonómicos y la declaración del estado de alarma.

Por ello el Gobierno de la nación ha aprobado el domingo 25 de octubre un nuevo Estado de Alarma en todo el territorio español para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial del Estado, se facilita que se zanje el debate sobre la legalidad de la opción del toque de queda. Esta medida se ha instaurado recientemente en ciudades de diferentes países (como Francia y Bélgica) y, aunque no se han podido valorar durante periodos extensos, por ahora se ha visto que puede ser eficaz.

Finalmente, la opción más extrema, y que se reserva cuando todo lo anterior no consigue bajar la curva epidémica, es el confinamiento de toda la población, que ya experimentamos en primavera. Se trata de un protocolo de emergencia excepcional en el que no se permite a los ciudadanos salir de sus casas por motivos de seguridad, también en el contexto de un estado de alarma.

Durante este tiempo, sólo los servicios/actividades no esenciales, como gimnasios, centros comerciales, transporte público, etc. están cerrados. Únicamente se proporciona a los ciudadanos suministros esenciales, como alimentos y farmacia.

La superposición de normas inconsistentes y a veces contradictorias, especialmente en ciudades como Madrid, han generado desconcierto entre la población, y se impone la necesidad de mayor claridad y cohesión en las medidas adoptadas y las normas a seguir. Después de ocho meses de pandemia, la falta de información fácil de comprender, los mensajes cambiantes, o las contradicciones entre las administraciones estatal y autonómicas han generado unas secuelas que afectan a gran parte de la población: la denominada “fatiga pandémica”.

Para afrontarla, es primordial una buena información, que sea consistente y coherente. Una información que explique los hechos y garantice que todas las recomendaciones y normas que se dicten se basan en ciencia y fundamentos sólidos, aún sabiendo que estamos en una situación inestable y llena de incógnitas.