Ya no podrás pagar más de 1.000 euros en efectivo: el Congreso aprueba la ley contra el fraude
La nueva norma también prohíbe las amnistías fiscales.
Ya no podrás pagar más de 1.000 euros en efectivo. El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles de manera definitiva la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye medidas como la limitación de los pagos en metálico o la prohibición de las amnistías fiscales.
El pleno de la Cámara ha debatido y aprobado todas las enmiendas que había introducido el Senado en el texto, pero no la bajada del IVA de las peluquerías que aprobó la cámara alta que poco después fue anulada por la presidenta, Pilar Llop, a instancias del Gobierno alegando que el cambio era fruto de una transaccional entre dos enmiendas que no guardaban congruencia entre ellas.
Precisamente ese ha resultado ser uno de los elementos más polémicos de la ley.
Esa suspensión, en todo caso, ha sido afeada por todos los grupos. La han llegado a tildar de “cacicada” (ERC), “latrocinio legislativo” (Vox) o “escándalo mayúsculo” (PP). De hecho, los populares han tratado, sin éxito, de aplazar la votación de la ley a la espera de resolver el recurso presentado en el Senado.
El PNV ha rechazado directamente votar las enmiendas como forma de protesta, recordando que la enmienda ya había sido admitida a trámite por la Mesa del Senado, que no modificaba los Presupuestos en vigor y que esta decisión puede provocar inseguridad jurídica.
Por su parte, la portavoz fiscal del PSOE en el Congreso, Patricia Blanquer, ha acusado al PP de “pretender encubrir con otros temas el debate” de la reforma de la regulación contra el fraude fiscal “de forma torticera y antirreglamentaria”.
Coalición Canaria también quiso frenar las votaciones
No obstante, el IVA de las peluquerías no ha sido el único foco de conflicto, ya que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha criticado que el Gobierno haya modificado el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias cuando según el Estatuto debe contar con el aval de la Cámara autonómica. Por ello, ha asegurado que trató de paralizar la tramitación de la norma para evitar su entrada en vigor y abrir una negociación bilateral con el Gobierno central.
La propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha replicado al término de su intervención a la diputada canaria para señalarle que su escrito había llegado fuera de plazo, con el Pleno en marcha, y su petición requería, para ser siquiera tomada en cuenta, el apoyo de dos grupos o una quinta parte de todos los diputados, y el suyo solo estaba firmado por ella.
Estas son las principales medidas de la ley
- Se prohíben las amnistías fiscales.
- Se baja el límite de los pagos en efectivo a empresas o profesionales de 2.500 a 1.000 euros.
- Se baja de un millón a 600.000 euros de deuda con Hacienda el umbral para aparecer en la lista de morosos.
- Los cambios del impuesto de matriculaciones en vigor desde enero -un ajuste de emisiones que supone, en la práctica, una subida en la mayor parte de los casos- queda en suspenso en lo que queda de año. Es decir, en lo que queda de 2021 se pagará el impuesto en los mismos términos que en 2020, mientras que a partir de 2022 se hará como se aprobó en enero de este año.
- El Catastro fijará un valor de referencia de cada inmueble a partir de todos los datos disponibles -importe de compraventa, estado de conservación, antigüedad, etc.- que será la base imponible de los impuestos de sucesiones y transmisiones patrimoniales. Este valor de referencia también se utilizará para el cálculo del impuesto de patrimonio, aunque solo para los inmuebles adquiridos a partir de 2022.
- El beneficioso régimen fiscal de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) exigirá que cada uno de los socios tenga acciones por valor de, al menos, 2.500 euros para evitar el recurso a “mariachis” o socios con participaciones irrelevantes para completar el mínimo de 100 socios.
- Se establece un gravamen especial sobre el beneficio no distribuido de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) del 15 %.
- Se suprimen las ventajas fiscales que algunas comunidades autónomas conceden a los pactos sucesorios o herencias en vida si los bienes obtenidos por esta vía se transmiten antes de cinco años.
- Se establece que la Agencia Tributaria deberá obtener el consentimiento del obligado tributario o una autorización judicial para efectuar entradas en domicilio durante sus inspecciones.
- Se refuerza el control sobre las criptomonedas, de forma que los contribuyentes tendrán que informar de los saldos y titulares de las cuentas tanto en territorio nacional como en el exterior, así como de las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos.
- Se amplía el concepto de paraíso fiscal para permitir la inclusión de jurisdicciones no cooperantes.
- Se prohíbe la producción, tenencia o comercialización de programas o sistemas informáticos de doble uso, que permiten a las empresas ocultar parte de su actividad.
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